POLÍTICA

La estrategia del Gobierno para frenar el referéndum y la de la Generalitat para que se realice

Un repaso al papel de los ayuntamientos, los censos, las leyes y todo aquello de lo que pende la consulta.

02/07/2017 13:23 CEST | Actualizado 02/07/2017 13:23 CEST
EFE
Mariano Rajoy y Carlas Puigdemont, en el último homenaje a las víctimas de Germanwings en Barcelona.

El Gobierno está trabajando en el papel decisivo que pueden tener los ayuntamientos para que no se celebre el referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña, puesto que los municipios colaboran en la organización y celebración de cualquier proceso electoral, en asuntos como tener actualizado el censo o el sorteo entre los vecinos para formar las mesas electorales.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que se estudia cómo frenar la ayuda de los ayuntamientos si se ofrecen a ser la alternativa al procedimiento electoral habitual, especialmente prestando locales de votación el 1 de octubre, puesto que son colaboradores imprescindibles para que se celebre cualquier elección.

Para preparar la reacción, las mismas fuentes explican que una de las bazas con las que se confía contar es la publicidad previa que requiere un referéndum: los que vayan a tener derecho a votar tienen que saberlo con antelación, así como dónde podrán hacerlo. En algún momento, aseguran, se tendrá que dar publicidad a alguna forma de censo y anunciar los lugares de votación, sean municipales o de otro tipo.

La celebración de elecciones o de un referéndum legal, como lo fue el que aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, requiere la colaboración de los ayuntamientos en distintos momentos del proceso. Son colaboradores indispensables de la administración electoral, según el papel que les otorga la LOREG en su articulado.

Además de colaborar en la elaboración y publicación del censo, los municipios tienen una relevante función en el desarrollo de las campañas electorales. En los siete días siguientes a la convocatoria de la votación, tienen que comunicar a la Junta Electoral de Zona los espacios disponibles para la publicidad exterior, para fijar la propaganda; y en los diez días siguientes, también deben informar de qué locales y lugares ponen a disposición para realizar actos de campaña.

También son los encargados de la formación de las mesas electorales, siempre bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. Los ayuntamientos hacen un sorteo público entre los 25 y los 29 días posteriores a la convocatoria de la votación, en el que se designa a los presidentes y a los dos vocales de cada mesa así como a los suplentes. Son, sin embargo, las Juntas Electorales las que comunican después a los elegidos su designación y las que gestionan las reclamaciones.

PRIMERO, ACTUALIZAR EL CENSO

El primer escalón es la elaboración de un censo, la lista actualizada de los ciudadanos con derecho a voto tanto en territorio nacional como en el extranjero. Es responsabilidad de la Oficina del Censo, dependiente del Instituto Nacional de Estadística y que ejerce sus competencias bajo la dirección de la Junta Electoral Central.

A lo largo del año son los municipios los que se encargan de mantener actualizado el censo porque comunican las altas y bajas del padrón. Una vez que un proceso electoral está en marcha, cuelgan en sus dependencias las listas para que todos los vecinos las puedan consultar y presentar reclamaciones.

La responsabilidad del censo es en todo caso de la Oficina del INE, que se encarga de enviar a cada potencial votante una tarjeta con los datos actualizados de su inscripción en el censo y del colegio, la sección y la mesa en la que le corresponde votar.

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EFE
Una joven vota en la consulta del 9-N.

LUEGO, LOS SECRETARIOS MUNICIPALES

De la importancia del papel municipal en unas elecciones da muestra también que la ley señala a los secretarios de los ayuntamientos como "delegados" de las Juntas Electorales de Zona (artículo 11 de la LOREG) y actúan bajo la "estricta dependencia" de las mismas.

Se trata de funcionarios de habilitación nacional, que es como se denomina en el lenguaje de la administración pública a los funcionarios que dependen del Gobierno, en concreto, del Ministerio de Hacienda. Ante este departamento deben rendir cuentas los secretarios municipales y a él tienen la obligación de dirigirse si detectan cualquier irregularidad.

¿Y EL REFERÉNDUM?

Cataluña no cuenta con una ley electoral propia que adapte la legislación estatal, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), y tiene anulada por el Tribunal Constitucional la ley de consultas. Se ha regido hasta ahora por las normas estatales, aunque para el próximo martes se anuncia una ley del referéndum en un acto en el Parlamento autonómico.

La normativa debería crear una estructura electoral nueva que supla la que existe en España y que no permite la celebración del 1 de octubre. Para empezar, es necesario contar con lo que se denomina una administración electoral, que vela por la transparencia, la imparcialidad y la seguridad de todo el proceso, que ordena y supervisa desde la elaboración del censo hasta la proclamación de los resultados electorales.

En España, esa administración está dirigida por la Junta Electoral Central, formada por una veintena de magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de universidad. De ella dependen a su vez las Juntas Electorales Provinciales y las de Zona, integradas por magistrados de las audiencias provinciales y de los juzgados de primera instancia o instrucción, respectivamente, y también por expertos.

¿QUIÉN LO APOYA?

El referéndum cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), pero no con los ayuntamientos de más población y ello a pesar de que algunos alcaldes del PSC han mostrado su simpatía hacia el referéndum.

Oficialmente, sin embargo, el partido rechaza la colaboración municipal el uno de octubre. Los socialistas gobiernan dos de las cuatro capitales de provincia, Lleida (138.000 habitantes, 92.161 de ellos son electores) y Tarragona (130.000 habitantes, 90.000 electores), y tienen la alcaldía de buena parte de las ciudades con mayor población, como L'Hospitalet de Llobregat (254.000 habitantes, 174.000 electores), Santa Coloma de Gramanet (117.000 y 78.000), Cornellà de Llobregat (86.000 y 61.000), Terrassa (215.000 y 153.000), Mataró (125.000 y 86.000) y Granollers (60.000 habitantes y 42.000 electores). Suman 1.127.000 habitantes y 780.000 potenciales votantes, el 14% del censo catalán.

Se desconoce qué hará finalmente el Ayuntamiento de Barcelona, que aporta 1,14 millones de electores (de entre 1,6 millones de vecinos) y cuyo equipo de gobierno se ha desmarcado de un referéndum ilegal, pero no ha descartado su colaboración para que se celebre. Entre todos ellos, incluyendo Barcelona, suponen el 35% del censo electoral catalán, compuesto por 5,5 millones de electores según las cifras oficiales de las últimas elecciones al Parlamento autonómico de 2015.

LO QUE HARÁ EL GOVERN

Por su parte, el Govern buscará convocar el referéndum amparándose en la legalidad internacional y en la ley que probablemente se elaborará por separado de la de transitoriedad jurídica, pese a que se quieren tramitar conjuntamente en el Parlament. Así lo han explicado diversas fuentes consultadas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara semanas atrás que el referéndum se celebrará el 1 de octubre y a falta de que el martes JxSí y la CUP presenten el marco legislativo del referéndum y el Govern celebre el acto previsto en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Ambos grupos negocian desde hace tiempo si separar la ley con la que se convocará el referéndum de la ley de transitoriedad jurídica, la que debe definir la transición de la autonomía en un Estado independiente si gana el 'sí'.

Aunque en un principio se preveía incluir ambas cuestiones en una norma, los independentistas han estudiado las diferentes opciones y se apostará con toda probabilidad por aprobar primero una ley que inste al Govern a convocar el referéndum, y una vez se celebre y gane el 'sí', se apruebe la ley de transitoriedad.

Después de que 2,3 millones de catalanes votaran en la consulta del 9-N de 2014, el Govern ha reiterado que la Comisión de Venecia establece que no hay que marcar un porcentaje mínimo de participación ni de aprobación. Sin embargo, fuentes soberanistas aspiran privadamente a superar la cifra del 9-N y alcanzar los tres millones de votos conscientes de la importancia de lograr la máxima participación en el referéndum, y en ello consideran que puede ser determinante la movilización de los votantes de los comuns.

Alcanzar los tres millones representaría lograr una participación del 60% de catalanes aproximadamente de un censo que, en las últimas elecciones catalanas, era de 5,5 millones de personas.

LAS REGLAS DEL JUEGO

Cabe recordar que Puigdemont ha reiterado que, de cara al referéndum, habrá que dotarse de las mismas reglas de juego de unas elecciones convencionales para evitar que cualquier modificación pueda ser interpretada como una manipulación en el ámbito internacional.

Por ello, habrá que utilizar un censo lo más parecido posible al utilizado hasta entonces; solo podrán participar los mayores de 18 años y con nacionalidad española, y se trabaja para que puedan votar los catalanes que viven en el extranjero.

Otras fuentes soberanistas destacan el compromiso de los consellers con el 1-O, pero recuerdan que Puigdemont encargó a Junqueras, también presidente de ERC, la organización del referéndum, y consideran que no cumple con su cometido. De hecho, aseguran que Junqueras rehuye asumir las responsabilidades que pueden derivarse del 1-O, y hasta apuntan que quiere que lo haga la Mesa del Parlament, al frente de la cual está la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con el argumento de que la soberanía recae en la cámara, y, de rebote, los ayuntamientos.

Además, después de que el Govern declarara desierto el concurso para homologar a empresas que fabrican urnas, se ha reavivado el debate entre los consellers sobre quién debe firmar los documentos vinculados con la licitación de partidas para el referéndum.

Fuentes presentes en la reunión del miércoles convocada por Puigdemont en el Palau de la Generalitat con Junqueras, los partidos y entidades independentistas, y Forcadell, han explicado que la CUP le pidió a Puigdemont los requisitos que el Govern había incluido en ese concurso. El presidente les respondió que él no se no se había preocupado de la adquisición de urnas, y los cupaires le exigieron más implicación: "Quizá tendrías que haberte preocupado más".

Rajoy-Puigdemont

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