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Zoido: "No es nuestra responsabilidad que (los migrantes) decidan huir de su país"

10.751 migrantes indocumentados entraron en España entre enero y junio, más del doble que en el mismo periodo de 2016.

18/07/2017 20:10 CEST | Actualizado 18/07/2017 20:10 CEST
BALLESTEROS / EFE
Juan Ignacio Zoido, durante su comparecencia de hoy.

El número de inmigrantes indocumentados que entraron a España por mar y tierra en el primer semestre de este año ha ascendido a 10.751, más del doble que en el mismo periodo de 2016, y solo en junio 2.189 personas intentaron cruzar las aguas del Estrecho en 84 pateras. Es el balance ofrecido este martes por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante su comparecencia en el Congreso para explicar las políticas de su departamento en materia de inmigración, donde ha explicado que del total, 3.204 personas llegaron a nuestro país a través de Ceuta y Melilla hasta el pasado 16 de julio.

Las entradas a estas ciudades por vía terrestre, la principal, sobre todo "por asaltos al vallado fronterizo o en dobles fondos", es la terrestre, de forma que aumentaron un 40,3 %, mientras que los llegados por el mar descendieron un 50,4 %. También "se han intensificado" los intentos de asaltos masivos a la valla de Ceuta en estos seis primeros meses, cuando se han contabilizado hasta 5.266, mientras que en todo el año pasado esa cifra fue de 3.472.

Ante estas cifras, Zoido ha afirmado que el fenómeno migratorio es una de las "prioridades" del Gobierno y que frente a dramas como la muerte de 49 inmigrantes en el mar de Alborán "hace todo lo posible por ayudarles", pero no es su "responsabilidad" que esas personas "decidan huir de su país" en pateras que "a duras penas flotan" y a la "menor de cambio se hunden", unas declaraciones que han causado indignación entre las ONG. "No eludimos ninguna responsabilidad, pero tenemos la que tenemos", ha zanjado.

Sin embargo, esta teoría ha producido el rechazo radical de Podemos, quien sí considera "responsable" al Estado y a la Unión Europea de todas las muertes que se producen en el mar. Concretamente, la formación morada ha acusado al Gobierno de favorecer con su política la actividad de las mafias y ha pedido el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Por su parte, el Grupo Socialista en la Cámara Baja ha puesto de manifiesto los "inclumplimientos" del gobiernos que se había comprometido a reubicar hasta 17.000 personas antes de finales de septiembre y la cifra se ha quedado sólo en 1.500. "Este Gobierno no está a la altura moral de los españoles", ha afirmado la portavoz del PSOE. Además, ha adelantado que su grupo presentará una iniciativa para el diseño de una nueva política de acogida.

NUEVAS ACOGIDAS

Por otro lado, el ministro ha anunciado la llegada, procedentes de Italia, de 29 refugiados, a la vez que se están tramitando 402 expedientes más en espera de concluir el examen de estas personas para que se autorice el traslado. "No cesamos en el esfuerzo de cumplir los compromiso", ha dicho Zoido a los diputados en su comparecencia en el Congreso para explicar las políticas de su departamento en materia de inmigración, desde su convencimiento de que el reasentamiento constituye "una vía esencial" de fomentar las llegadas legales de refugiados a países de la Unión Europea.

Tras resaltar el trabajo de España para continuar con los procesos de reubicación y reasentamiento, Zoido ha precisado que en la actualidad 1.487 personas ya han sido trasladadas a España sumando las dos vías. Ha recordado también el plan de reasentamiento aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre para ejecutar en 2017 y cuyas 725 plazas darán cumplimiento al compromiso de reasentar a 1.449 personas.

Zoido ha aludido además a las peticiones de protección internacional o asilo, que en 2016 llegaron a 16.500. Sobre el reglamento de la ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, el ministro ha señalado que, tras un "laborioso" proceso de tramitación, ahora se está a la espera de las consecuencias de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, que muy probablemente obligará a efectuar modificaciones en la propia ley española.

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