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Presupuestos 2017, el fantasma de las autonomías

30/01/2017 07:18 CET | Actualizado 30/01/2017 07:18 CET

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Cristobal Montoro (Foto: EFE).

El Gobierno se constituyó el pasado 4 de noviembre y, contrariamente al discurso de las semanas previas, no parece que tenga prisa por presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017. De momento, el ministro de Hacienda y Función Pública ha declarado en el Senado que pretende lograr un pacto con los partidos de la oposición, previo a la presentación del proyecto de Ley. Cabe suponer que se está produciendo una negociación cuyos márgenes no son muy amplios.

Como es sabido, se han tomado medidas fiscales a finales de 2016 con efectos también para 2017 y el gobierno considera que serán suficientes. Así, la mejora de la recaudación al hilo del crecimiento económico debe permitir que los ingresos públicos crezcan un 7,8 por ciento en 2017, unos 14.600 millones de euros. En cambio, España se ha comprometido a reducir el déficit público hasta 3,1 por cien del PIB, unos 17.400 millones, por lo que serán necesarios algunos recortes en partidas no obligatorias, teniendo en cuenta que otras crecerán necesariamente (por ejemplo, las pensiones).

El presupuesto del Estado ha sido prorrogado con los mismos importes (casi) que en 2016. Esto perjudicará a los servicios responsabilidad del Gobierno central como la defensa, la seguridad pública o el poder judicial, que no elevarán sus gastos, tampoco los sueldos. Lo mismo sucederá con las inversiones públicas estatales y todos los organismos y empresas públicas que dependen de transferencias.

¿Quién se beneficiaría de una prórroga del presupuesto hasta finales de 2017? Nadie, salvo el sacrosanto concepto de déficit público, en particular del Estado, que probablemente cumpliría holgadamente el objetivo.

Además, mientras no se apruebe el nuevo presupuesto, se congela también la participación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales en los ingresos tributarios del Estado. Dicho de otro modo, la totalidad del incremento de ingresos por IRPF, IVA e impuestos especiales previsto para 2017 irá a las arcas del Estado, mientras que las comunidades autónomas y las Entidades locales recibirán idéntico importe que en 2016. Las administraciones territoriales solo se beneficiarán de la mejora económica en sus propios ingresos. En el caso de las Comunidades del régimen común, los recursos propios se sitúan en torno al 25 por ciento del total. Los ayuntamientos tienen mayor autonomía, porque el 70 por ciento de sus ingresos no financieros no provienen del gobierno central.

En definitiva, en caso de no alcanzarse un acuerdo político para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, éste solo podrá gastar lo mismo que en 2016 y las comunidades autónomas no podrán beneficiarse del incremento de ingresos que se produzca, lo que limitará su capacidad para afrontar nuevos gastos en los servicios públicos del Estado de Bienestar: la sanidad, la educación, los servicios sociales. Nótese que la demanda de estos servicios sigue creciendo, por lo que sufrirán nuevas restricciones en forma de estancamiento. No serían recortes strictu sensu, pero tampoco habría mejoras.

¿Quién se beneficiaría de una prórroga del presupuesto hasta finales de 2017? Nadie, salvo el sacrosanto concepto de déficit público, en particular del Estado, que probablemente cumpliría el objetivo, incluso con holgura. Sin embargo, no está garantizado, tal como acaba de señalar la Comisión Europea, porque la economía española podría no alcanzar el crecimiento esperado del 2,5 por cien. En tal caso nos enfrentaríamos al riesgo de volver a caer en el círculo vicioso de menos crecimiento, más déficit y nuevos recortes que llevan a menos crecimiento y así sucesivamente.

Por tanto parece que sería mejor, para España y para los servicios públicos, un acuerdo presupuestario este año que una prórroga hasta 2018. Para el Gobierno, la no aprobación del presupuesto sería políticamente incómoda, pero no impediría el cumplimiento del objetivo de déficit. Para el PSOE, será difícil aceptar algunos recortes necesarios, pero aún peor sería la congelación de gran parte de los ingresos de las comunidades autónomas en las que gobierna. La crisis de liderazgo en la que se encuentra sumido actualmente el partido socialista otorga a los líderes regionales con poder autonómico mayor influencia en las decisiones de su grupo parlamentario. Por eso pienso que habrá presupuestos generales del Estado para 2017 antes del verano.

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