La Generalitat contrató a los observadores del referéndum
La Generalitat contrató a un centro de Estudios en la Haya para que llevara a cabo una misión de observación electoral en el referéndum del 1-O, vulnerando los principios de Naciones Unidas que rigen las misiones de este tipo. Un país anfitrión que celebra una consulta electoral no puede hacerse cargo de los gastos de las misiones electorales porque ello compromete la imparcialidad que debe regir el trabajo de los observadores.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena investiga tres transferencias por un importe total de 139.700 euros que habrían tenido como destinatarios a un think tank holandés (The Hague Centre for Strategic Studies) y la Delegación de la Generalitat en Croacia. El primero recibió dos pagos por importe de 58.250 euros y 61.450 euros, según informa La Vanguardia. Los 20.000 restantes fueron a parar a la oficina de la Generalitat en Zagreb. Los pagos se realizaron entre los días anteriores y posteriores al referéndum del 1 de octubre.
El think tank holandés fue el encargado de desplegar una de las misiones de observación electoral que llegaron a Cataluña para supervisar el referéndum del 1-0. El líder de la misión, Daan Everts, un veterano diplomático holandés, respondía a El Mundo días antes del referéndum que "nosotros tenemos un acuerdo con ellos [The Hague Centre for Strategic Studies] para que nadie nos diga quién está financiando nuestro trabajo aquí, sea quien sea, porque eso afectaría a nuestra neutralidad e imparcialidad".
En declaraciones aEl País, Everts afirmaba que su "organización no tiene relación alguna con Diplocat [el organismo de la Generalitat dedicado a la proyección internacional de Cataluña que fue suprimido por el gobierno español a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución]".
"Que el país anfitrión pague la misión es contrario a las normas y prácticas internacionales", explican a El HuffPost fuentes de la Comisión Europea con conocimiento sobre la gestión de misiones de observación electoral, bajo condición de hacerlo de forma anónima.
"Ningún gobierno del mundo se hace cargo de los gastos de una misión de observación internacional. En la práctica, los únicos gastos relacionados con una misión que puede gestionar directamente el país anfitrión son los relacionados con la seguridad, siguiendo protocolos de Naciones Unidas", concluyen las fuentes de la Comisión Europea, institución que en los últimos años ha desplegado múltiples misiones de observación electoral en África, Asia y América Latina.
El comunicado oficial emitido por la misión del holandés Everts tras el referéndum, en el que aseguran que no se han cumplido los estándares internacionales a causa de las circunstancias adversas y denuncian que "el uso de la fuerza mostrada por la policía española no tiene lugar en democracias consolidadas", dice además que su misión se ha regido por la "Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones".
La referida declaración, promovida por Naciones Unidas y firmada por los principales organismos que realizan misiones de observación internacional (Comisión Europea, OSCE, OEA, Centro Carter, etc.) es considerada una suerte de biblia en el mundo de la observación internacional. En su apartado sexto se puede leer lo siguiente: "las misiones de observación internacional de elecciones no deben aceptar financiación ni apoyo de infraestructuras del gobierno del país cuyas elecciones se están observando, pues ello puede plantear un importante conflicto de intereses y socavar la confianza en la integridad de las comprobaciones de la misión".
El HuffPost ha contactado a The Hague Centre for Strategic Studies para obtener información sobre los detalles de la misión electoral y su financiación. Esta institución se ha limitado a reconocer una "relación contractual con el gobierno catalán", sin querer desvelar detalles sobre sus servicios prestados o las cantidades de dinero recibidas.
La declaración de Naciones Unidas sobre las misiones de Observación electoral contiene una cláusula que afirma que "las delegaciones de observación internacional de elecciones deben estar preparadas para revelar sus fuentes de financiación en caso de que se formulen solicitudes apropiadas y razonadas".
En otro de sus apartados, (13), se dice que "Las misiones de observación internacional de elecciones deben procurar y pueden exigir la aceptación de su presencia por todos los principales contendientes políticos", una circunstancia tampoco se dio en el referéndum del 1-0 dado que casi la mitad del arco parlamentario catalán - Ciudadanos, PSC, PPC y los comunes - votaron en contra o se abstuvieron en las leyes que facilitaron el referéndum.
La prensa holandesa se ha hecho eco de la noticia. "El gobierno catalán celebró un referéndum ilegal sobre la independencia y contrató observadores de un grupo de expertos de La Haya. España ha comenzado una investigación", dice NRC, una de las principales cabeceras de los Países Bajos.
