BLOGS

La estrategia del PP para bloquear derechos

10/07/2017 07:24 CEST | Actualizado 10/07/2017 12:34 CEST

EFE

La recuperación de derechos es para el Gobierno valenciano un camino irreversible. Lo demostró con las dos primeras medidas que adoptó desde la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Devolver el derecho a la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y ciudadanas y arbitrar ayudas frente al copago impuesto por el PP para que los motivos económicos no sean causa de discriminación en el acceso a los tratamientos. Más de 17.000 personas volvieron a contar con asistencia integral y un millón ochenta mil se han beneficiado de estas ayudas. El abandono de tratamientos se ha visto reducido con ello el 38%. Es decir, la acción política ha cobrado su sentido principal, que no es otro que mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La deriva del Gobierno Central del Partido Popular en su estrategia de bloquear esta recuperación de derechos le llevó a presentar recursos ante los tribunales. En este proceso se enmarca la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a fijar "los presupuestos económicos que deben poseer los beneficiarios" y que no afecta en ningún caso a las ayudas para este año ni a las ejecutadas ya en 2016. En el fallo se admite la legitimidad y competencia de la Generalitat Valenciana para la concesión de esta línea de ayudas. Se trata pues de una disparidad de criterios definidos de situación económica de los beneficiarios y beneficiarios que no debe nutrir el alarmismo más allá de quienes pretenden rentabilizar cualquier asunto movidos por el partidismo y no por el interés general.

Resulta lamentable el afán del Gobierno Central por boicotear las iniciativas desarrolladas por la Generalitat para la devolución de los derechos sanitarios arrebatados por las distintas administraciones del PP.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública entiende que sí hay fijados parámetros económicos que, en el caso de pensionistas, se establecen en rentas inferiores a los 18.000 euros anuales para conceder estas ayudas. Esta divergencia derivará en la presentación de un recurso de casación ante una sentencia que, no hay que olvidar, no es firme.

Lo que sí es firme es la voluntad por parte de este Gobierno del cambio de perseverar en la defensa de los derechos, en la justicia social y en la solidaridad. Esos son principios que no están sujetos a recurso alguno. Resulta pues por tanto lamentable el afán del Gobierno Central por boicotear las iniciativas desarrolladas por la Generalitat encaminadas a la devolución de los derechos sanitarios arrebatados por las distintas administraciones del PP.

No solo el recurso de las ayudas frente al copago sino también el presentado contra la universalidad de la atención sanitaria, avalado por el Tribunal Constitucional en un auto contrario a la suspensión cautelar solicitada por el Gobierno. No son recursos que se presenten contra un Gobierno de otro signo político. Son recursos que se presentan contra las personas que por razones de nacionalidad o de precariedad económica no pueden acceder a servicios a los que tienen derechos por el hecho de ser personas. Ese no es el camino de este gobierno ni lo será nunca.