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La transparencia de río o de mar

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Cuentan que el gran representante literario del culteranismo, Luis de Góngora, se cruzó un día con un buen hombre que vendía pescado y, en su particular estilo, le preguntó: "Esos prófugos escamados, salidos de los cóncavos cerúleos, ¿son marítimos o fluviales?". El pescadero no supo articular palabra, porque, aunque solo le preguntaba si esos peces eran de río o de mar, el pobre no entendió nada.

Sirva la anécdota para profundizar en el nuevo derecho que compartimos, la transparencia. Porque los ciudadanos sí queremos saber, sí queremos conocer todo sobre la gestión de la vida pública, sea en un ayuntamiento, una autonomía o en un ministerio, y hacerlo con rapidez, concisión y claridad.

Hay millones de datos que ya son públicos en todas las administraciones, solo en la Administración General del Estado, en año y medio, se ha pasado de 500.000 a 2.000.000 de datos en el Portal de Transparencia. A estas cantidades hay que unir los datos autonómicos y también los de las entidades locales. Una profusión de información que a veces produce un bloqueo en quien la contempla. Ha llegado pues el momento de ordenar, clasificar y pulir para poder ofrecer una información comprensible para todos. Ha llegado, sin duda, la hora de pasar de la cantidad a la calidad.

En este año y medio transcurrido se han visto más de cinco millones de páginas con mucha información a la que se han asomado más de un millón de ciudadanos, pero también en este período solo se han registrado 5.500 solicitudes de información. De ellas, casi 1.000 han acabado en reclamación, al no estar conformes los ciudadanos con las respuestas recibidas de la Administración. Son cifras importantes, pero todavía escasas. Millones de españoles se asoman a la transparencia pero apenas unos miles son los que se atreven a preguntar.

Los primeros estudios del Consejo concluyen que todos los organismos de la Administración General del Estado cumplen con la transparencia y sirven información pública a la ciudadanía, pero no se puede decir lo mismo de la calidad de esa información.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha podido constatar que la transparencia interesa, tanto a los políticos como a los ciudadanos. Los primeros, se envuelven en la terminología para reclamar regeneración democrática. Los segundos, solicitan participación y buscan una democracia que cuente con ellos.

Los primeros estudios del Consejo concluyen que todos los organismos de la Administración General del Estado cumplen con la transparencia y sirven información pública a la ciudadanía, en un ejercicio responsable de lo demandado por la Ley; pero no se puede decir lo mismo de la calidad de la información.

Seguimos con enormes dificultades en el acceso, en una España donde pedir para saber requiere un certificado electrónico de firma avanzada o un dispositivo electrónico con ranura y driver, es pedir demasiado.

Nuestro país, aunque está a la cabeza en número de smartphones dentro del espacio europeo, cuenta con muchos hogares sin banda ancha, y con muchas personas que aún no entienden la tecnología como una ayuda, y menos aún como un confidente.

Tras el acceso, podemos reparar en el lenguaje y presentación: links, términos confusos, organigramas poco comprensibles, conceptos jurídicos... De nuevo, la condición de experto tiene que acompañar el ejercicio de un derecho que la propia Ley define como amplio, sustantivo, subjetivo, público y de escasos límites.

Nuestra presencia en el interés público debe ser ahora continua, comprobando cómo los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad crítica, vigilante y exigente.

Si la transparencia es la gran transformación que vive la gestión pública, si la Administración, que hasta ahora guardaba los datos como si fueran suyos, debe pasar a ser simple depositaria de una información que tiene como dueña a la ciudadanía, si es cierto que los gestores públicos, que antes callaban, ahora tienen que explicar lo que hacen, informar a la ciudadanía de cómo y en qué se gastan sus impuestos, si es una realidad que quiénes toman las decisiones deben rendir cuentas motivando sus actos... estaríamos ante la auténtica revolución de la gestión pública que tanto hemos esperado. La clave es hacer de la utopía realidad y facilitar que el nuevo derecho y el nuevo paradigma puedan ejercerse adecuadamente.

El momento actual nos brinda una magnífica oportunidad para participar en lo público, no sólo acudiendo a las urnas cada cuatro años, o excepcionalmente dos veces en seis meses, como acabamos de hacer, sino estando presentes en la gestión de nuestros intereses. La calidad de nuestra democracia está más que nunca en nuestras manos, y con ello la evolución de la transparencia también.

Nuestra presencia en el interés público debe ser ahora continua, comprobando cómo los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad crítica, vigilante y exigente.

Necesitamos, por tanto, el compromiso de los poderes públicos, y así lo pedimos a quien ostente el poder y sea responsable no ya de arraigar sino de hacer crecer este nuevo derecho en la nueva legislatura y aún con la incertidumbre de la formación del nuevo Gobierno.

Y eso es lo que esperamos: el impulso decidido de quienes en su día tomen las riendas de lo público, junto con la complicidad y responsabilidad de una ciudadanía que una sus fuerzas para conseguir entre todos abrir de par en par esa ventana por la que ya miramos: la ventana de la transparencia.