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¿Dimitir? No en España

27/04/2015 07:08 CEST | Actualizado 26/06/2015 11:12 CEST

¿Imaginan un ministro que renuncia después de que se conozca que ha plagiado parte de su tesis doctoral? ¿Un presidente que abandona el cargo por haber sido invitado por un empresario a unas vacaciones de lujo? ¿Un diputado que deja el escaño por negar una infracción de tráfico que había cometido? ¿Un alto cargo que dimite por contratar a un familiar suyo? Ha ocurrido, sí, pero no en España. Nuestro país es otra cosa. Aquí no se conjuga el verbo dimitir, ni por malversación de fondos públicos, ni por financiación ilegal, ni por tráfico de influencias, ni por corrupción, ni mucho menos por mentir.

Y da igual el color de las siglas porque el listón de exigencia lo han tenido en parecidos niveles todos los partidos en lo que llevamos de democracia. ¿Cómo se explica si no que Congreso y Senado se hayan pasado por el arco del triunfo la Constitución y la ley electoral en lo que respecta a las incompatibilidades de los diputados? El escandaloso caso de los populares Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, que cobraron 345.000 y 75.000 euros por asesorar a una empresa de obra pública, ha vuelto a poner de actualidad el pluriempleo de sus señorías, el flagrante incumplimiento de la legislación que rige para quienes nos representan y hasta dónde llega el compromiso de quienes nos gobiernan con la tantas veces invocada regeneración de la vida pública.

Lo recuerda bien Javier Rojo, ex presidente del Senado, que en declaraciones al Huffington Post se lamenta del poco éxito que tuvo aquella propuesta suya y de José Bono con la que en junio de 2011 pretendieron que se cumpliera la ley y que sus señorías se dedicaran en exclusiva a la función parlamentaria: "Nos dimos cuenta que o cambiábamos o nos cambiaban. Pero no nos dejaron, ni los nuestros ni los contrarios. Y, ahora, en esta España pendular y visceral, nos lamentamos de que la gente nos de la espalda".

De ejercer la función parlamentaria en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Bélgica o Noruega, el ínclito Pujalte ya no estaría sentado en su escaño. Pero esto es España y aquí no dimite nadie. Si en el anterior post ya dijimos que lo facturado por el portavoz de Economía del PP no era "ético ni legal", hoy desvelamos que además ocultó a la Comisión del Estatuto del Diputado en su declaración de actividades la asesoría por la que cobró de la constructora Corporación Llorente S.A. a través de Sirga XXI, S.L. La sociedad con la que facturó 75.000 euros entre 2009 y 2011 fue constituida al 50 por ciento con la hoy senadora del PP Ana Torme y antaño diputada por Valladolid.

En 2008, según consta en el dictamen emitido por la Comisión del Estatuto del Diputado bajo la presidencia del socialista Francesc Vallés, el diputado del PP declaró ser miembro del Patronato de la Fundación "AEQUITAS", de carácter asistencial, una actividad privada susceptible de autorización conforme al articulo 159.3 c) de la LOREG. Asimismo, pidió la compatibilidad para la actividad de conferenciante de acuerdo a la excepción que establece la ley electoral en su artículo 159.3 b) y para ejercer el cargo de consejero de la Cooperativa Agrícola "El Buen Retiro", que no tenía contrato ni subvenciones de la Administración.

Ya en 2009, año en el que empezó a cobrar 5.000 euros mensuales de Corporación Collosa, Pujalte amplió su declaración de actividades para participar en tertulias radiofónicas y solicitar la compatibilidad del sueldo de diputado con el cobro de "indemnizaciones por desplazamientos". Igualmente comunicó en el mismo documento "el ejercicio profesional como economista" sin especificar más detalle ni mencionar empresa alguna. Ocultó, por tanto, su vinculación a la empresa de la que iba a recibir un salario mensual por asesoramiento. Se da la circunstancia de que en el mismo año su socia y compañera de escaño, Ana Torme, también amplió su declaración de actividades y solicitó autorización para el "asesoramiento y consultoría a entidades privadas, así como para ejercer de administradora de Sirga XXI, "cuyo objeto social es la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría fiscal, contable, económico, financiero, jurídico, mercantil, laboral...".

La Comisión del Estatuto dictaminó a favor de la compatibilidad en ambos casos, si bien les recordó la obligación de cumplir con el artículo 17 del Reglamento del Congreso. Un detalle no menor, ya que además de que la Constitución y la Ley Electoral establecen de forma nítida que la función parlamentaria debe ejercerse en "régimen de dedicación absoluta" y que será incompatible con cualquier actividad pública o privada retribuida (salvo la investigación, la docencia y la creación literaria) el Reglamento del Congreso añade en su Capítulo III que "los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional". Y nadie duda, a estas alturas, que Pujalte fue contratado no por ser economista, sino por ser diputado.

Para el PSOE, que ya obliga a sus diputados a dedicarse en exclusiva al Parlamento, hoy no hay duda de que Pujalte ocultó en su declaración de actividades su relación con Corporación Llorente, que vulneró el artículo 17 del Reglamento de la Cámara y que no debe seguir sentado en el escaño que ocupa. De ahí que vaya a solicitar esta misma semana a la Comisión del Estatuto del Diputado que abra una investigación sobre el caso. Esto además de que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, tenga que responder a una interpelación sobre el conflicto de intereses de los altos cargos en la que, sin duda, se le exigirán explicaciones sobre el caso Pujalte y Trillo. Trabajo baldío si, como es de esperar, después de mentir en su declaración de actividades, incumplir el Reglamento y vulnerar la legislación electora, Pujalte sigue sentado en el escaño. Ya saben: dimitir no es un verbo que se conjugue bien en España.

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