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El falso caso de las sedaciones de Leganés

17/03/2015 07:03 CET | Actualizado 16/05/2015 11:12 CEST
EFE

El 11 de marzo de 2004 quedó grabado en nuestra conciencia de seres civilizados como ejemplo de la irracionalidad a la que pueden llegar algunos congéneres cuando, perdiendo toda referencia humana, se autoerigen en el brazo ejecutor de sus dioses ficticios.

Al horror por tal barbarie, que debiera haber sido inseparable de la solidaridad con las víctimas, se hubo de sumar además la repugnancia por el empeño del Gobierno Aznar, del Partido Popular y de sus adláteres mediáticos en atribuir el atentado a ETA, primero, y construir y presentar después como verdadero un relato conspiranoico que imputaba a otros sus propias responsabilidades. En ese miserable empeño, no dudaron en afrentar a todo aquel que no se sumó a su interesado relato. Ni siquiera se contuvieron con las víctimas, algunas de las cuales siguen hoy sufriendo humillaciones.

Justo un año más tarde, aquellos indignos actores políticos y mediáticos que mintieron sobre la autoría del 11M volvieron a demostrar, para eludir responsabilidades, unos, y hacer méritos los otros, su falta de escrúpulos al orquestar y utilizar en su provecho el mayor escándalo y ataque que se conoce a una institución sanitaria y sus profesionales, perpetrado precisamente desde las instituciones responsables de su funcionamiento.

Me refiero, claro está, a la nefasta actuación del entonces consejero de sanidad de Madrid, Manuel Lamela, a raíz de una denuncia anónima sobre cuatrocientos homicidios presuntamente cometidos por el doctor Luis Montes y su equipo en el Servicio de Urgencias del hasta entonces desconocido Hospital Severo Ochoa de Leganés. El desatino de Lamela, creyendo y dando pábulo inmediato a la delirante e increíble acusación anónima, puso en marcha una operación política coordinada y planificada cuyos verdaderos objetivos económicos ha denunciado certeramente en su blog el compañero Carlos Barra hace tan sólo unos días.

Utilizando las mismas argucias argumentativas que ellos emplearon para sembrar dudas, lo cierto es que no pudo demostrarse que no fuera el mismísimo Lamela quien promoviera el anónimo. Razones no le habrían faltado; máxime si, como tampoco pudo demostrarse que no ocurriera, hubiera actuado cumpliendo órdenes de arriba. Lo que desde luego quedó demostrado es que no se esforzó en desenmascarar a los autores de aquel libelo, que, por cierto, sí eran delincuentes que contravinieron la confidencialidad y la ley de protección de datos. Igualmente demostrado quedó que la operación sobre el Severo Ochoa sirvió objetivamente a sus intereses, permitiendo el inicio y entrada en tromba de la privatización de la sanidad madrileña sin la menor oposición externa. Siguiendo su torcido curso de ideación, el hecho de tener intereses económicos para hacerlo les convierte necesariamente en sospechosos de una operación tan siniestra.

¡Cuánto habrán echado de menos una tapadera mediática como la que les proporcionó Lamela y el famoso anónimo! Habrían evitado la marea blanca que frenó, al menos por ahora (Cifuentes dixit), la última intentona privatizadora.

Puede que quienes hicieron de la calumnia su seña de identidad: los lamelas, los jimenezlosantos y demás pedrojotas, aprecien una intención revanchista y torticera en esta posible interpretación de los hechos que sugiero. Deberán recordar en tal caso que quien les reconoció su derecho al periodismo interpretativo clásico, no les concedió sin embargo el monopolio de su ejercicio y todos tenemos derecho a interpretar los hechos racionalmente según nuestro propio criterio de lo racional y lo razonable.

Tenían fuertes intereses y, desde luego, ningún reparo en dañar irreparablemente la vida de un grupo de profesionales que, aunque les pese, eran y son ejemplo de decencia y capacidad, tanto humana como técnica. Menos aún pareció importarles el sufrimiento que ocasionaron a los centenares de personas que se vieron obligados a morir sin el adecuado alivio del sufrimiento como consecuencia del miedo que sembraron entre muchos profesionales. En aquellos momentos, nadie estaba a salvo de persecución. Ojalá los artífices de tal sinrazón reciban en su día la misma asistencia.

Ocurrió que la España vieja y tahúr que embiste cuando se digna a usar la cabeza; la España prepotente del usted no sabe con quién está hablando, la del esto lo arreglo yo cargándome a cinco tíos, o del yo me encargo de que esto no se sepa, jefa, tropezó con la firme convicción de aquellos a quienes pretendieron silenciar y con el movimiento solidario que despertó en la ciudadanía lo evidente del desafuero. Los intentos infructuosos de buscar evidencias a fuerza de comités de necios aspirantes a recompensas, no lograron otra cosa que reducir una y otra vez el número de crímenes del Severo: de cuatrocientos a 73, de ellos a 28 y, finalmente, a cuatro casos en que, según los peritos, la sedación estaba contraindicada y no tenía otro objeto que causar la muerte de enfermos que hubieran podido vivir si no se les hubiera negado la ayuda.

Cada nuevo informe de expertos tuvo la única finalidad de suministrar argumentos para resistir a Lamela, a su jefa de filas en el Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre y, desde luego, munición intoxicadora para los gestores mediáticos del caso. Esta es la razón por la que nadie se sintió en la obligación de dimitir de algo, ni doña Esperanza en la de cesar a nadie cuando finalmente, ante el juez del número 7 de Leganés, "los cuatro casos más serios", los de las sedaciones presuntamente contraindicadas, dejaron en evidencia que "los peritos" ni siquiera habían sido capaces de leer bien las historias.

No importó; el trabajo de los peritos sirvió para aquello para lo que habían sido nombrados por la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana Fariñas, saltándose al Comité Deontológico del propio Colegio: conseguir que la sentencia, exculpatoria como no podía ser de otro modo, al menos sembrara dudas sobre posible mala praxis.

Menos aún importó el auto de la Audiencia Provincial que obligó al juez Rosell a suprimir de la sentencia toda mención a "mala praxis". La presidenta Aguirre no debió considerar probado su error ni necesario rectificar, como había prometido públicamente. Claro que, tampoco quedó demostrado que se hubieran equivocado. Una cosa es cometer un error y otra, mentir. Aguirre dijo que rectificaría si se habían equivocado, no si habían mentido.

Diez años después de aquel atropello, Esperanza Aguirre, "liberal de toda la vida", trabaja en una empresa privada dedicada a la búsqueda de talentos, gracias seguramente a su demostrada habilidad para elegir colaboradores: Lamela, catapultado por la puerta giratoria hacia el negocio del turismo sanitario; otros varios en la cárcel, imputados o en trámite de serlo... Desde luego, méritos para ser alcaldesa no le faltan, ¿verdad?