Vetar o neutralizar: Alemania se debate sobre la ilegalización del partido ultra AfD

Alemania ha sido escenario estos días de manifestaciones multitudinarias contra la extrema derecha y, en concreto, contra el partido de esa línea que más apoyos cosecha: Alternativa para Alemania (AfD). No es nueva la resistencia cívica contra los radicales, como se vio ya el pasado verano con otras grandes protestas en las principales ciudades, pero sí es más intensa y apremiante, porque la preocupación aumenta. 

AfD es hoy la segunda fuerza en intención de voto de los alemanes, empatada con los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, y la primera en recaudación de grandes donaciones electorales. El Ministerio del Interior alerta de que la ultraderecha es la mayor amenaza para la seguridad en el país, lo viene siendo desde 2020, y ahora se ha conocido una reunión de líderes de este partido con neonazis que ha disparado todas las alarmas, de ahí las protestas. 

La prensa germana ha desvelado que en noviembre se produjo en Potsdam un encuentro entre grupos de extrema derecha en los que se presentó un "plan maestro" para lograr lo que ciertas facciones extremistas llaman "remigración", es decir, la limpieza étnica de la nación de elementos foráneos. Aunque la AfD no defiende formalmente la expulsión de las personas que se encuentran en Alemania de manera legal ni de la población alemana con raíces extranjeras, sus políticos presentes en esta reunión expresaron su aprobación a esos planes, según varios testigos. 

Eso ha hecho que se ponga sobre la mesa el debate de si hay que ilegalizar o o a la AfD, toda vez que esas ideas debatidas hace dos meses se sitúan fuera del terreno de la constitución. No es algo nuevo, sino una inquietud que sacude a la política del país cada vez que surge alguna barbaridad de la derecha radical, pero ahora se analiza con más premura, visto su ascenso real y sus posibles alianzas y propuestas.  

Ahora mismo, AfD tiene 78 escaños en el Bundestag, el parlamento alemán. Los sondeos, repetidamente, dicen que sería el segundo partido más grande del país, después de la Unión Cristiana (CDU/CSU), con un índice de votos del 21 al 23% frente al 31%. El periódico Sächsische Zeitung, añade que podría ser primera fuerza en el estado federado de Sajonia en las elecciones que se celebran en septiembre, con el 37% de los votos. Hay comicios en la misma fecha, además, en Turingia y Brandeburgo y los sondeos muestran que AfD ocupa el primer lugar, igualmente, aunque con un porcentaje de voto diez puntos menor. La formación ha informado de que cuenta hoy con 40.131 afiliados, tras experimentar una subida del 37% en nuevos carnets. 

Es una amenaza real para los partidos tradicionales y los que actualmente componen las instituciones alemanas, que hasta ahora han aplicado un férreo cordón sanitario que ha impedido a los ultras tocar poder. Ya podrían haberlo hecho en ayuntamientos, regiones o en órganos del Parlamento, pero la unión de todas las demás fuerzas los han ido dejando al margen. Sin embargo, en junio pasado se alzó con su primer triunfo en un distrito alemán, en Sonnerberg (este del país), al lograr la mayoría absoluta en la segunda ronda de sus comicios locales.

Todo ello ha llevado a que desde las principales fuerzas se hable, de nuevo, de ilegalizarlos, de impedirles seguir como hasta ahora por ser un riesgo para el estado de derecho y la democracia, en un país donde los fantasmas del fascismo siguen presentes. Hablar del tema, al menos, "sacudiría a los votantes", defienden los socialistas, en un intento de hacer que los votantes tomen conciencia de lo que pueden acarrear unas instituciones en manos de antisitemas, racistas y xenófobos. Como se lee en las pancartas de estos días, lo que se quiere evitar es el resurgimiento de un régimen como el de Adolf Hitler y sus nazis, en 1933. 

"Quiero decirlo alto y claro: los extremistas de derecha están atacando nuestra democracia", dijo el viernes el canciller Scholz en un mensaje por vídeo dirigido a los más de 20 millones de ciudadanos alemanes de origen inmigrante, pocas horas antes de que un millón de sus vecinos salieran a la calle a gritar consignas similares. 

¿Pero es ilegalizar un partido lo mejor? ¿No daña eso también el estado de derecho y la concurrencia electoral? ¿Es mejor neutralizar por otros medios a los radicales? ¿No puede beneficiar a los ultras un veto, al hacerse las víctimas de una persecución? El debate es encendido y está plagado de dudas. 

El partido ha sido declarado "demostrablemente extremista" por la Oficina para la Protección de la Constitución de Sajonia y el 42% de los alemanes están a favor de prohibirlo, según una encuesta de Ipsos. Ellos siempre han rechazado estas etiquetas y, en el caso concreto del plan contra los migrantes, insisten en que es mentira, un "cuento de hadas". Los medios de comunicación, dicen, han "inflado" la reunión. No fue para tanto, resumen. 

Los fundamentos

El 7 de junio pasado, se conoció un estudio del Instituto Alemán de Derechos Humanos sobre la posibilidad de prohibir el AfD, que puso la cuestión en el punto de mira. El informe afirmaba que el partido representa tal "nivel de peligro para el orden básico libre y democrático" del país que "podría ser prohibido por el Tribunal Constitucional Federal". "Se cumplen los requisitos para prohibirlo", concluía. Ese veto legal es factible, argumenta, porque sus objetivos explícitos son "eliminar el orden básico democrático libre" y "abolir la garantía de la dignidad humana" consagrada en la Constitución de Alemania, explicaban sus analistas. 

Creada en 2013, Alternativa para Alemania estaba principalmente preocupada por oponerse a los rescates económicos respaldados por Berlín. Fue la crisis de los refugiados de 2015 la que la aupó en popularidad. Es una fuerza que desde sus inicios ha sido acusada de promover tendencias antidemocráticas, aunque oficialmente apoya la democracia en Alemania. Lo hace de palabra en sus programas electorales y en las intervenciones de sus líderes pero junto a esa defensa, nunca entusiasta, aparecen propuestas que tensionan, si no rompen, el sistema actual que se han dado los alemanes. 

Su prohibición sube y baja en la agenda política conforme hay procesos electorales, algún derrape verbal de sus mandos o coqueteos con la derecha de siempre. El año pasado, un tribunal dictaminó que el partido debería ser considerado una amenaza potencial para la democracia, allanando el camino para que sea puesto bajo vigilancia por los servicios de seguridad nacional. Su oposición al Islam, a la inmigración y la Unión Europea preocupan, más aún cuando se multiplica la violencia con esa misma orientación. 

Se le acumulan ya las advertencias porque también en 2023, se decidió etiquetar al ala juvenil de la AfD, la Joven Alternativa para Alemania, como "grupo extremista". Por ahora, dicha acusación formal de extremismo es lo más lejos que el país puede llegar sin emitir una prohibición total de unas siglas. Además, los servicios de Inteligencia nacionales han calificado a la sección estatal del partido en Turingia de "grupo de extrema derecha". 

Más: su líder federal, Björn Höcke, ha sido acusado de utilizar un eslogan nazi en un acto de campaña de mayo de 2021: terminó un discurso con la frase "Todo para Alemania", sabiendo que estaba prohibida por ser utilizada frecuentemente por las SA o Sturmabteilung, el ala paramilitar del partido nazi. Lo hizo de forma intencionada, según la acusación, que llegó a los tribunales en septiembre pasado. Tampoco extraña en una fuerza que ha dicho que la era nazi no fue más que una "mota de excremento de pájaro en más de 1.000 años de exitosa historia alemana". 

Nada de eso ha frenado a sus seguidores, que ven en avisos como el del Instituto Alemán de Derechos Humanos una caza de brujas contra sus correligionarios. AfD está aprovechando la situación y quejándose de ello y, por ahora, ese relato no le va mal. Sobre todo en Telegram, están reuniendo a muchos simpatizantes, con lo que los mensajes de apoyo se están multiplicando. "Envalentonados", titulaba hace semanas la revista Der Spiegel, un medio que ha llegado a publicar un editorial que pide "¡Prohibir a los enemigos de la Constitución!". 

Tampoco hay precedentes exitosos de otros vetos, que puedan servir de espejo para este caso, el de esta fuerza, la más poderosa que han tenido los ultras en el país desde Hitler. Los intentos anteriores de prohibir un partido electo en Alemania han resultado, de hecho, contraproducentes para sus organizadores, como una tentativa de prohibición del partido de extrema derecha Partido Nacional Demócrata (NPD) en 2017, que fue rechazada por el Tribunal Constitucional Federal y se convirtió en bandera de su causa. 

Se impone la cautela

Y, aún así, hay pasos también en otro sentido, de consecuencias aún por conocer: esta semana, el Constitucional también ha fallado a favor de suspender la financiación pública al partido Die Heimat (La Patria), sucesor de ese NPD. Asegura que su decisión está justificada porque NPD y Die Heimat pretendían explícitamente socavar o incluso derrocar la democracia alemana. Es el primer fallo de este tipo que se conoce en Alemania y coincide con la posible ilegalización de la AfD, lo que ha generado aún más oleaje y mensajes de los líderes antiultras. Scholz, escéptico habitualmente con el veto, acogió con satisfacción el fallo, calificándolo de "una confirmación del camino para no ofrecer mucho espacio a los enemigos de la libertad". "Las fuerzas que quieren desmantelar y destruir nuestra democracia no deben recibir ni un centavo de financiación gubernamental", defendió la ministra de Interior, Nancy Faeser. Y Markus Söder, líder conservador del estado clave de Baviera, dijo que retirar fondos de Die Heimat podría ser un "plan" para gestionar la amenaza del AfD.

En general, se impone la cautela ante el debate de la prohibición. Es extremadamente complicado. El jueves, una nueva encuesta mostró que el apoyo al AfD había bajado alrededor de dos puntos porcentuales hasta el 20%, en lo que algunos observadores apuntan que es la primera señal de que la revelación de la reunión sobre inmigración puede haber dañado sus índices de popularidad en las encuestas. ¿Es ese el camino? ¿Desgastar, desvelar, poner en evidencia y convencer a los ciudadanos del riesgo?

"Por ahora, es más común el apoyo a una estrategia de cordón más firme aún. Poner a los ultras en una especie de limbo político, en el que ya no sea posible que la AfD sea elegible y evitando así una prohibición", señala el analista belga Matthias Poelmans. "En realidad, es lo contrario a un win/win, porque pierdes si vetas, porque se degrada la democracia, y pierdes si no lo haces, porque das alas a los extremos", indica. La clave están en analizar "con total respeto a las leyes nacionales y las condiciones de cada país, siempre distintas", qué es mejor, si la amenaza del extremismo puede ser peligrosa hasta el punto de que "ya no haya democracia que defender" o si es el sistema el que sale "mal parado" por frenar la representación política plural. "El caso alemán es conocido por todos. Hitler ganó en las urnas, no se impuso en un golpe de estado", resume. 

De hecho, el diario El País cita al fundador del instituto demoscópico Forsa, Manfred Güllner, quien desvela que el apoyo actual a AfD "es superior al que tenía el partido de Hitler a principio de los años treinta del siglo pasado". "En las elecciones al Reichstag de 1930, exactamente el 15% votó por el NSDAP [el partido nacionalsocialista], que hasta entonces solo había sido elegido por una pequeña minoría del 2% de todos los votantes elegibles en los comicios anteriores", escribe. En dos años, llegó al 30%. 

"No hay recetas mágicas ni vías perfectas. Cada sociedad tiene sus límites, hay algunas muy tolerantes en nombre de la libertad que tienen otros filtros para frenar los excesos y donde están muy pendientes de cualquier discurso para aislarlo, anularlo si vetar. Pero en el caso de Alemania, la sensibilidad es muy alta "por razones obvias" y es "entendible el debate". 

Según su experiencia, una solución eficaz ya probada para debilitar el atractivo los radicales es "insistir en la democracia", desde la escuela a hasta la edad adulta, "para conocer lo que está en juego". "Un ciudadano concienciado es un ciudadano que se moviliza ante los recortes de derechos, que es lo que propone la ultraderecha, el estado de unos pocos escogidos. Lo que ocurre ahora es que vivimos una ola de descreimiento en el sistema, de descontento y falta de respuestas, en las que se multiplican las dudas o, al menos, las críticas, y en ese contexto las amenazas se ven menos", señala. 

El aumento de la inmigración ilegal, la inestabilidad económica y los crecientes precios de la electricidad y las materias primas derivados de la guerra en Ucrania están fortaleciendo a las fuerzas antisistema en todo el continente, por lo que el debate es general en el viejo continente. Poelmans recuerda que justo lo contrario, legalizar partidos ilegalizados, fue lo que hizo que prosperasen democracias como la española en los años 70 del pasado siglo. "Hay que analizar bien el paso, para que no tenga el efecto contrario, pero Alemania tiene instituciones serias y leyes claras si tiene que dar el paso", concluye.