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Europa importa: STOP desahucios 'versus' hombres de negro

21/03/2013 08:29 CET | Actualizado 20/05/2013 11:12 CEST

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La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado día 14 de marzo (caso Mohamed Aziz contra Catalunya Caixa), por la que se declara contraria al Derecho europeo la imposibilidad de interrumpir con medidas cautelares la aplicación de eventuales "cláusulas abusivas" en el procedimiento de ejecución hipotecaria, ha hecho correr ríos de tinta. Sin duda, ello se debe a la magnitud y la crudeza de los desahucios en España, exponente cruel de la insoportable crisis y su desastrosa gestión.

Sin embargo, al calor del momento, han cristalizado de forma prácticamente instantánea algunas ideas inexactas sobre el objeto y el alcance del fallo del Tribunal de Luxemburgo. Se ha podido escuchar, por ejemplo, que la Ley Hipotecaria española, que data de 1909, habría sido considerada ilegal por el TJUE. Esto es falso: el control judicial de una ley interna sólo puede ser llevado a cabo por las vías constitucionalmente previstas en cada país. De lo que estamos hablando en este asunto es de la aplicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Estamos hablando de una ley, pues, del año 2000; aprobada, por cierto, durante el Gobierno del PP que presidía José María Aznar para actualizar la vieja ley que regía en España el procedimiento civil desde 1881.

La cuestión que suscitó la controversia es que, en el procedimiento ejecutivo hipotecario, en el que la entidad financiera acredita el impago de cuota, se devengan intereses de demora; y una vez que se acumulen tres retrasos en el pago de la cuota, puede instarse, por parte del acreedor, el procedimiento de ejecución hipotecaria que resulta en el lanzamiento (el comúnmente llamado desahucio) del bien hipotecado. Esgrimir la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, como en el caso que nos ocupa, no suspendía la ejecución, aun cuando esas cláusulas fueran contrarias a la Directiva 93/13 CEE de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. El juez no podía impedirla, y sólo cabía por su parte remitir al procedimiento declarativo a un juez de lo Mercantil. Con la grave consecuencia, por cierto, de que ahora los justiciables tengan que pagar las correspondientes tasas desde que el PP perpetrara su Ley de Tasas Judiciales, lo que supone un ataque sin precedentes al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial (art. 24.1 CE). No es cierto, por lo demás, que la citada directiva no haya sido correctamente transpuesta en el ordenamiento interno.

Hechas estas aclaraciones, de orden jurídico, propongo ahora una reflexión política y social.

La terrible situación de los desahucios es el corolario de un modelo económico. Un modelo patológico, basado en una descomunal burbuja inmobiliaria que ha acabado explosionando, y que ha agravado, exponencialmente, las consecuencias de la crisis económica y del manejo de la crisis que desde hace cinco años se ha ensañado con Europa. Entre 1994 y 2007 se desarrolló en nuestro país, al galope de la liberalización del suelo impuesta por la Ley del Suelo del PP de 1998, un proceso de endeudamiento privado sin precedentes en torno a la compra de vivienda. Era un modelo seriamente enfermo. Lo he criticado siempre. Y lo combatí, desde luego, cuando fui candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias; por producir un urbanismo desordenado y especulativo; por provocar una tremenda devastación y depredación medioambiental; por alimentar la corrupción a raudales; y por generar un endeudamiento personal y familiar simplemente inasumible.

El Gobierno de España del que formé parte fue consciente de la situación desde el primer momento. No es cierto que no se hiciese nada. Se creó por primera vez un Ministerio específicamente dedicado a la promoción de la vivienda y se duplicó la inversión en innovación, y en educación y ciencia. Y se trató de reequilibrar la economía española. Para conseguirlo se aprobó una nueva Ley del Suelo en 2007, derogando la del PP de 1998, que tantos estragos había producido. Es verdad que quizás las medidas para poner coto a la burbuja no fueron lo suficientemente expeditas ni efectivas. Pero lo cierto es que un aterrizaje de esa magnitud no se hace de la noche a la mañana. Pero sucede que, en el curso del proceso, estalló la crisis. La crisis del año 8, la de la Gran Recesión.

Sé que algunos lectores critican una supuesta inacción en relación con los desahucios durante mi desempeño como ministro de Justicia, entre marzo de 2004 y finales de febrero de 2007. Durante los años que fui ministro cumplí todos y cada uno de los grandes compromisos que el PSOE había adquirido en materia de Justicia a través de su programa electoral, muchos de los cuales fueron explicitados por Zapatero en su discurso de investidura, y que yo mismo desarrollé en mis comparecencias ante la comisión parlamentaria competente, en ambas cámaras, al inicio de mi mandato. Puse en marcha un programa intensivo de reformas que impulsé a través de un gran número de leyes, de amplio calado, como las de Violencia de Género, creándose los juzgados especializados en esa materia; Divorcio Express; el matrimonio de personas del mismo sexo; la reforma del CP para introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas (reforzando así la lucha contra la delincuencia económica); la nueva Ley del Menor; la reforma de la LOTC; el estatuto del Ministerio Fiscal y el reforzamiento de la Fiscalía Anticorrupción, a través del nombramiento y despliegue de fiscales delegados, en especial en las zonas de costa más expuestas a la corrupción urbanística, y que el Gobierno de Aznar había prácticamente desmantelado.

Dicho esto, en 2004 no existía en la sociedad española una demanda social para modificar el proceso de ejecuciones hipotecarias. Puede comprobarse en las hemerotecas. Al contrario, lo que prevalecía era una fiebre compradora en la que muchos se embarcaban desde la creencia de que el precio de la vivienda nunca bajaría. Y que, si no podían pagarse las cuotas de la hipoteca, siempre podría venderse el piso obteniendo una más o menos suculenta plusvalía. Esa es la realidad que se vivió durante la fiebre especulativa. Nadie, nunca, planteó en el Parlamento ninguna medida para cambiar el procedimiento mientras fui ministro. Ningún partido lo llevaba en su programa electoral, jamás se me planteó pregunta ni interpelación alguna al respecto durante los tres años que estuve al frente del Ministerio. Tampoco recibí ninguna solicitud al respecto por parte de organizaciones ciudadanas. La realidad económica de la época era muy otra ya que cuando yo dejé el Gobierno, para competir por Canarias, España crecía al 4%, había un superávit presupuestario de dos dígitos, la deuda pública era una tercera parte de la alemana y la tasa de paro la más baja jamás conocida en España, desde el estallido de la primera crisis petrolera en 1973. La cuestión de los desahucios no estaba entonces planteada. Se planteó con toda crudeza sólo a finales de 2009, y a todo lo largo de 2010, cuando la crisis acabó con la burbuja inmobiliaria.

Con todo, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo tiene, ahora, un valor de precedente fundamental. Mi experiencia me dice que puede convertirse en un hito jurídico de gran relevancia ante la enormidad de la crisis. Los jueces no deberían aplicar en lo sucesivo las disposiciones contrarias al derecho comunitario (por tanto, las cláusulas abusivas mencionadas en el caso), suspendiendo el procedimiento si fuese necesario, y el Ejecutivo deberá promover, sin dilación, las modificaciones legislativas necesarias, que podrían ser cautelares cuando corresponda, para dar el desarrollo oportuno a la sentencia. El fallo debe leerse con atención, pues contiene fundamentos sobre la definición del derecho a la vivienda.

El Tribunal de Justicia ha contribuido, desde sus orígenes, al avance de la protección de los consumidores, doctrina que se ha ido consolidando jurisprudencialmente en el sentido de proteger, a la luz del Derecho europeo, a la "weak contracting party", a la parte más débil de la relación contractual: el consumidor, el ciudadano. Se cumplen 50 años de la sentencia Van Gend en Loos, acaso la más importante entre las que han marcado la rica jurisprudencia del Tribunal por consagrar el llamado efecto directo de la normativa comunitaria y su aplicabilidad por parte de los tribunales nacionales. Y conviene recordar que son muchas las cuestiones prejudiciales que se plantean cada año al TJUE, aunque no sea algo conocido.

Los jueces españoles, desde nuestra adhesión a la UE, han venido planteando casos relevantes que rara vez tienen reflejo en los medios de comunicación. El juez nacional es el juez natural del Derecho de la UE, responsable por tanto de la interpretación directa y la interpretación conforme de cada ley nacional a la normativa europea. La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio, de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan un problema similar.

La sentencia sobre el caso Aziz pone de manifiesto que Europa todavía puede jugar y de hecho juega un papel de garante de los derechos de los ciudadanos (y de los consumidores). La acción de la UE puede suponer un freno ante los abusos en los Estados miembros. Como lo es también cuando lucha contra el racismo y la xenofobia dentro de la UE, contraria a los valores comunes que constituyen su fundamento. O cuando sigue con preocupación la deriva autoritaria y populista en la que está embarcado el Gobierno de extrema derecha, Fidesz, encuadrado en la familia política del PP europeo. Se trata, pues, de una noticia alentadora, en los tiempos que corren, pues pone de relieve que de Europa vienen también soluciones y mejoras. No sólo hombres de negro.

Para lograr que así siga siendo es fundamental que los europeos tomemos conciencia de que nuestro voto cuenta, de que la correlación de fuerzas en Europa determina las prioridades políticas y la agenda legislativa. Tanto más cuanto el Parlamento Europeo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se ha convertido en legislador ordinario en pie de igualdad con el Consejo. Por eso cada voto cuenta para cambiar la dirección de la política europea y apostar por otra Europa: esa que echamos de menos y necesitamos como nunca.

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