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Fuerzas del cambio y proceso constituyente: hacia un nuevo modelo de país

02/02/2017 07:17 CET | Actualizado 02/02/2017 07:17 CET

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Foto de la 'Marcha del Cambio' de Podemos/EFE

Este artículo ha sido escrito conjuntamente con Manuel Monereo, diputado por Córdoba

Hace tiempo que el Estado Social que se proclamó en el primerísimo de los artículos de la Constitución Española de 1978 saltó por los aires. Va siendo hora de certificar su defunción. ¿Cómo ha sucedido tal cosa si el texto constitucional del 78 sigue estando vigente, si no se ha cambiado una coma de dicho artículo? La respuesta no es sencilla porque los elementos que han hecho que ello suceda no se han presentado de la noche a la mañana, pero puede explicarse.

En los últimos años, poco a poco, mediante la adopción de decisiones políticas y normativas estratégicas, se ha ido desactivando el contenido de todas y cada una de las previsiones constitucionales que servían para garantizar la efectividad del Estado social, haciendo que la forma de estado constitucionalizada sea irreconocible.

Se puede afirmar que hemos pasado de vivir bajo los presupuestos del Estado social al de los propios del Estado económico, que no es más que la institucionalización del capitalismo financiarizado que, junto al neoliberalismo como doctrina y la globalización, imponen ahora las condiciones de reproducción social. La Unión Monetaria Europea y Maastricht fueron un punto de inflexión; los Tratados de la UE y su normativa de desarrollo irán asentando paulatinamente las bases del Estado económico, y el principio de Primacía resolverá la contradicción entre los dos sistemas, provocando de facto la deconstitucionalización de nuestra forma de Estado.

¿Cuáles son esos cambios que hacen que la forma de estado constitucionalizada sea hoy irreconocible?

Desde el punto de vista de la Democracia, lo primero que debe subrayarse es que se ha producido la pérdida de la soberanía de los pueblos que sustentan la acción de los estados, ya que las reglas de este Estado económico no se fijan en cada país.

En este contexto, el nuevo modelo incorpora elementos de privatización del poder político a través de los cuales las decisiones fundamentales no se toman por los órganos elegidos democráticamente sino en otras instancias carentes de esa legitimación en las que la posición económica de los sujetos es lo que importa.

Se ha vestido este modelo con el envoltorio de la llamada "gobernanza", esto es, un modelo de gobierno alternativo en el que prima la colaboración público-privada. En realidad, lo que este modelo ha propiciado es la sustitución del protagonismo de las instituciones públicas, con sus procedimientos y controles jurídicamente establecidos, por el de intereses privados que actúan e inciden sobre ámbitos reservados a la decisión pública por medio de procedimientos opacos, sin posibilidad de control ciudadano. Estamos ante un poder de facto, aconstitucional, es la gobernanza económica de la política en la que la política ha perdido su autonomia.

En lo social, la constitucionalización del conflicto de intereses a través de la protección del Trabajo y de la redistribución de la riqueza como pilares fundamentales se neutralizan con la imposición desde la UE de la primacía del mercado y la competencia. Bajo estas premisas, las prestaciones que componen los derechos sociales se entienden como costes de producción que deben acomodarse a las exigencias del mercado; en el ámbito laboral, la flexibilización del trabajo, la contención de los salarios, junto con el empoderamiento empresarial y el debilitamiento de los instrumentos de negociación y reivindicacion de los trabajadores y trabajadoras expresan con claridad el nuevo equilibrio de poderes.

Este panorama, descrito de manera somera, se completa con lo que algunos autores denominan el fenómeno del "hombre endeudado". La deuda es una pieza fundamental en las políticas neoliberales. El individuo y el Estado, como endeudados, pierden su capacidad de decisión y sólo pueden actuar respetando las reglas de devolución de la deuda.

Quienes han mandado en los últimos años han decidido nuestro futuro sin contar con nosotras, han desmantelado la base democrática del poder politico, causando, además, un sufrimiento injustificable.

Hecho el diagnóstico, certificada la defunción del modelo de Estado Social y, partiendo de la necesidad de recuperar la seguridad y el bienestar a la que la ciudadanía tiene derecho, la inexorable tarea que toca ahora es encontrar el camino para revertir este modelo de Estado económico que ha venido para quedarse. La pregunta del millón es, ¿se puede conseguir a través de la reforma de la Constitucion del 78 ese objetivo? Lamentablemente, pensar que sí, supondría no haber entendido el significado de los cambios producidos.

Estos cambios que se han descrito, nos indican que se ha llevado a cabo un proceso constituyente solapado que ha pasado de puntillas por delante del pueblo español, sin hacer demasiado ruido; no ha habido ruptura, como tampoco la hubo en 1978. No ha sido un proceso constituyente al uso, en el que la ciudadania utiliza los cauces de los que dispone para decidir, democrático, con luz y taquígrafos y con ratificación soberana. Ha sido un cambio impuesto desde arriba, por los poderes económicos, sin debate, ni proclamación solemne.

De forma que tenemos dos realidades constitucionales; la que ofrece la Constitucion formal del 78 y la constitución material del poder económico que opera en la realidad. Hoy como nunca constatamos la distancia entre ellas, entre el ser social y el deber ser, entre lo que hay y lo que la Constitución dice que debe haber. Esto es, la Constitución del 78 ya no cumple su función. No es la norma normarum, la norma super primaria, la llamada a determinar el marco del funcionamiento del Estado y los derechos de las personas. Ha perdido su carácter normativo, su capacidad de ordenar el desarrollo político y social de nuestro país. Reformarla no implica que cambie la realidad social.

Como advierte el profesor García Herrera, en estos momentos, el objetivo del constitucionalismo no es la defensa de los derechos frente al Estado, como lo había sido tradicionalmente. El objetivo hoy es la defensa de los derechos de las personas frente a los poderes privados en su simbiosis con la clase política. Impugnar la autonomía del mercado y establecer mecanismos de control del capitalismo financiarizado deben ser las tareas prioritarias del constitucionalismo del siglo XXI.

Si queremos recuperar los derechos para los ciudadanos y para los Estados y sus instituciones, el poder político y democrático, estamos obligados a mirar a Europa, a actuar sobre el marco europeo, introduciendo los principios y condiciones necesarias para democratizarla, convirtiendo ese espacio europeo en un espacio de mediación de intereses que desmercantilice el Trabajo, que garantice la financiación pública de nuestra economía y que construya una ciudadanía paritaria.

Ello implica abrir desde abajo un proceso constituyente que identifique un nuevo sujeto político capaz de reconstitucionalizar el espacio europeo y estatal a partir de los principios mencionados, capaz de establecer como elementos fundamentales del orden social la economía del bien común, el desarrollo sostenible y la distribución de la riqueza.

En definitiva, quienes han mandado en los últimos años han decidido nuestro futuro sin contar con nosotras, han desmantelado la base democrática del poder politico, causando, además, un sufrimiento injustificable. Tenemos la obligación de proclamar esta traición a los cuatro vientos, de explicarlo en la Universidad, en el parlamento, en la calle, en el trabajo.

Dejemos claro a las fuerzas del régimen que un modelo de Estado donde priman los intereses económicos sobre la vida y la dignidad de las personas no se puede retocar; hay que cambiarlo. Sobre el austericidio y la desigualdad, es imposible construir nada bueno para el pueblo.

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