El novio de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda gracias a facturas falsas y empresas pantalla

El novio de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda gracias a facturas falsas y empresas pantalla

El propio Alberto González Amador trató de librarse de la inspección reconociendo varios hechos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoEuropa Press via Getty Images

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, con quien además reside en el centro de Madrid, defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 gracias a una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Así figura en la denuncia que ha presentado la Fiscalía Provincial de Madrid en el juzgado el pasado 5 de marzo tras haber recibido un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes cuando notaron el fraude, según publica eldiario.es. En las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 Hacienda había detectado movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.

El informe de la Agencia Tributaria indica que Alberto González Amador pudo haber cometido dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros en 2021. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas para así rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

El pasado 22 de enero, según publica Europa Press, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".

En total, sus empresas presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. De esta forma, buscaba desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados y pagar unos 350.000 euros menos en impuestos.

Las sociedades investigadas son ambas 100% propiedad de la pareja de Ayuso. Se trata de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que se dedica en realidad a prestar servicios sanitarios, y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia, que fue adquirida finales de 2020. Según la Agencia Tributaria, fue usada para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia.

La conclusión de Hacienda es que hay 1.748.580,63 euros de gastos presentados que corresponden a encargos simulados y actividades que no se llevaron a cabo. Se trata de albaranes facturados a varias sociedades españolas, una mexicana y otra de Costa de Marfil que sirvieron a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para defraudar al fisco.

Entre los acusados de estos delitos, además de tres hombres andaluces, figura además un presunto empresario de origen mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer González, que es el nexo de dos de las compañías que emitieron facturas falsas a las empresas de Alberto González Amador. En un primer momento, declarando ante la Agencia Tributaria, aseguró no conocer a las empresas pero una semana más tarde se desdijo y aseguró que había sido un "error involuntario".

La Agencia Tributaria indica que hubo una “intencionalidad querida y buscada por Maxwell Cremona SL [propiedad de la actual pareja de Ayuso] de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal en los ejercicios en que incrementa de forma significativa los beneficios”.

La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento exponencial de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. Sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según las cuentas anuales. Pese a ello, solo declaró 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.

Por ejemplo, en noviembre de ese año emitió una factura de 620.000 euros a la firma mexicana MKE Manufacturing, dedicada a la importación y exportación de alimentos. Una factura que trató de deducirse aunque pese a ser servicios médicos y que fue falsa. Una cuestión que ha llegado reconocer el propio Alberto González Amador a la Agencia Tributaria cuando ya tenía la inspección abierta y trató de regularizar su situación con el fisco en julio de 2023. Alegaba a Hacienda que esa factura se había anulado una vez que en agosto las autoridades mexicanas confirmaran al fisco español que no les constaba factura alguna.

2021 fue también año de intentar estafar a Hacienda. En ese año, Alberto González Amador facturó 1,3 millones de euros, pero trató de deducirse 900.000 euros para pagar supuestos encargos realizados por Gayani LTD en Costa de Marfil. La Agencia Tributaria señala que fueron trabajos simulados. De nuevo, cuando ya sabía que Hacienda conocía la situación y que los inspectores no le creían, intentó convencer a la Agencia Tributaria de que esa factura se había anulado a posteriori.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso se valió también de una empresa pantalla que adquirió a finales de 2020 para, según Hacienda "remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo que utilizó consistió en traspasar a esa empresa, Masterman and Whitaker, un contrato con uno de los clientes habituales por valor de 600.000 euros para realizar una consultoría de sistemas. No obstante, la empresa no tenía ni empleados ni infraestructura, lo que llegó a Hacienda a pensar que no se produjo. Además, las cifras no coinciden ya que el importe real fueron 237.320 euros.

La inspección de la Agencia Tributaria estima que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. 

Para que exista delito fiscal, además de que la cuota defraudada supere los 120.000 euros por ejercicio es necesario acreditar una voluntad consciente de defraudar a Hacienda. Según la Agencia Tributaria, en el caso de Alberto González Amador es evidente, porque existe engaño u ocultación. También habría un posible delito de falsedad contable. No obstante, la Fiscalía ha decidido no denunciar por este delito que aparece siempre asociado al fraude fiscal.

Isabel Díaz Ayuso ya era pareja de Alberto González Amador en 2021, aunque es imposible determinar las fechas en las que empezó la citada relación. Desde hace unos meses la pareja vive junta en un piso de González Amador en el madrileño barrio de Chamberí. El piso, de 183 metros cuadrados, está tasado en 837.893,61 euros aunque el precio de mercado de otras viviendas del mismo edificio están tasadas en 1.194.000 euros. Además, tiene una hipoteca de 500.000 euros.