Una asociación prepara una denuncia contra Feijóo por contratos de mascarillas en la pandemia

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) ultima una denuncia que presentará en unos días ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Audiencia Nacional contra el presidente del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por poner a la venta “mascarillas falsificadas, dejando la puerta abierta a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa", según publica ElPlural.com. En concreto, la asociación señala a la compra de material sanitario a la mercantil gallega Sibucu 360 SL.

Dentro del caos que supuso la pandemia, paralelamente las comunidades debían seguir las indicaciones que se marcaban desde la Unión Europea y el Ministerio de Consumo.

Según denuncia la plataforma, tanto la Comunidad de Madrid como Galicia hicieron caso omiso a un tipo de mascarillas perjudiciales para la salud que compraron a esta empresa en varias ocasiones pese a las alertas vertidas sobre algunos lotes de la misma.

Según indica el citado medio, la Xunta solicitó de nuevo los servicios de la marca en junio de 2021, tras haberle comprado 2,3 millones de mascarillas en un contrato de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Mientras, en Madrid se gastaron medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición de mascarillas quirúrgicas para el hospital La Paz.

Pese a la futura denuncia, es importante señalar que fueron varias las administraciones, de todos los signos políticos, las que acudieron a esta empresa. 

Sibucu llegó a vender al gobierno gallego las mascarillas por menos de 50 céntimos la unidad, lo que suponía un 15% menos de dinero que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. En la plataforma señalan que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 restricciones para evitar que una empresa haga ofertas más bajas basadas en la menor calidad de sus productos o servicios.

Sibucu 360 SL multiplicó sus ingresos en pandemia con 4.000% más de beneficios en el año en el que explotó la pandemia, pasando de los menos de 765.000 euros con los que cerró 2019 hasta los más de 31 millones con los que llegó al 31 de diciembre de 2020.

La Fiscalía Europea estudiará a Baleares

La Comisión Europea aplica "tolerancia cero" contra la corrupción por lo que ha pedido a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que investigue si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por la que fue detenido Koldo García --exasesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro-- pudo afectar a los fondos de la Unión Europea.

"La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude", ha asegurado a Europa Press un portavoz comunitario, al ser cuestionado por el caso y su impacto en las arcas comunitarias.

Los servicios comunitarios están en "estrecho contacto" con las autoridades nacionales responsables de la gestión de los fondos europeos, en este caso el Ministerio de Hacienda, para determinar si hay dinero comunitario "involucrado".

Por ello, ha añadido el portavoz, desde Bruselas siguen el asunto "muy de cerca" y han remitido los detalles del 'caso Koldo' a la OLAF para pedirle que siga "investigando".

Precisamente este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción envío a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos del denominado 'caso Koldo' firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.

Según consta en la querella que presentó Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público español remitió documentación a EPPO el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea".

Fuentes cercanas a la investigación confirman a esta agencia de noticias que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

A preguntas de Europa Press, la Fiscalía Europea ha evitado confirmar si está investigando el caso ya que este organismo "no hace comentarios sobre investigaciones en curso ni confirma públicamente en qué casos está trabajando para no poner en riesgo eventuales investigaciones en curso".

No obstante, las mismas fuentes recuerdan que la competencia de la EPPO es "obligatoria" toda vez que debe "comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que" los hechos investigados queden "bajo su ámbito competencial".