El error de García Castellón que podría dar al traste con el 'caso Tsunami'

En medio de toda la vorágine informativa que desata la instrucción del 'caso Tsunami', con el reciente tira y afloja del juez instructor en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y la Oficina de Justicia de Suiza, por negarse a recabar el paradero de la secretaria general de ERC Marta Rovira en dicho país helvético, una nueva clave ha aterrizado directa en este escenario.

Según recoge El País, en esta causa por la que se investiga la presunta comisión de delitos de terrorismo por parte de altos cargos de la Generalitat de Catalunya, entre ellos Rovira, pero también el propio expresident Carles Puigdemont, tres imputados han presentado un recurso solicitando que se archive el caso. 

¿El motivo que impulsa dichos recursos? Se trataría de un supuesto error del propio García Castellón con una firma fuera de plazo que, precisamente, afectaba a los plazos de la instrucción.

Tres días fuera del límite legal

Tal y como recoge el citado diario, el magistrado firmó el auto en el que dictaba la primera de las cinco prórrogas de la investigación el 2 de agosto de 2021, tres días después de que finalizase el plazo límite legal. Eso sí, en este asunto influyen varios factores relevantes.

El propio escrito, el auto en el que se dicta dicha primera prórroga está fechado en el 30 de julio de 2021, pero precisamente recoge que el inicio de esa ampliación de medio año será el 29 de julio, es decir, un día antes de la fecha que figura en el documento. Pero la clave está en la firma electrónica, cuya rúbrica es del 2 de agosto. 

Se trata de una cuestión que solo ocurre con las fechas de la primera de las cinco prórrogas. En ninguna otra hay problemas o variaciones con las fechas. Con todo, los tres imputados que han recurrido argumentan que en la primera ampliación fueron incumplidos los plazos legales. Apuntan al límite marcado en el 29 de julio, frente a la fecha del auto -30 de julio- y a la propia firma electrónica, del 2 de agosto a las 10.01 horas.

El argumento del juez: "Pudo deberse a multitud de circunstancias que escapan de la función de este magistrado"

En este sentido, recoge El País, García Castellón rechaza que se archive el caso esgrimiendo el siguiente argumento, descargando una eventual responsabilidad en la tramitación del procedimiento: "La resolución del 30 de julio de 2021 existió, se redactó y se elaboró en la fecha señalada. Su incorporación al sistema de tramitación procesal en la fecha de la firma [2 de agosto de 2021] pudo deberse a multitud de circunstancias que escapan de la función de este magistrado, que es la de resolver y tomar decisiones, no la de tramitar el procedimiento".

Por su parte, la Fiscalía tampoco valora que se haya producido un error en el procedimiento. No opinan lo mismo las defensas legales de los tres imputados que han recurrido. La del exjefe del gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay, pide la nulidad de toda la instrucción desde el 29 de julio de 2021 -fecha de la primera prórroga- y el archivo de las actuaciones contra su defendido.

La defensa de Xavier Vendrell ha optado por adherirse al recurso de la de Alay, mientras que la de Marta Molina ha cursado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, indicando que "para que todas las diligencias de investigación acordadas después del 29 de julio de 2021 fueran válidas sería necesario que se hubiera acordado la prórroga de la instrucción antes de esa fecha".