Kremlin, mafiosos, espías y 'procés': ¿de qué va el 'caso Volhov' y qué supone para Puidgemont?

¿Qué tienen en común el Kremlin, capos de la mafia rusa, representantes de la extrema derecha europea y Carles Puigdemont? No, no es el comienzo de un clásico chiste de bar, sino la carta de presentación de otro de los frentes judiciales derivados del procés, que cerca al expresident de la Generalitat de Catalunya y líder de Junts y que este lunes ha vuelto al foco mediático con la prórroga de la conocida como 'trama rusa'.

Tras unas convulsas semanas de tira y afloja en lo judicial y lo político, marcadas por una de las enmiendas a la ley de amnistía pactada con Junts que abrió la puerta a amnistiar delitos de terrorismo -siempre que no contravengan los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos-, llegaba el movimiento por parte del juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Tsunami'. 

García-Castellón apuntaba en auto judicial que las graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados posteriores a la sentencia del procés son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Precisamente, una cuestión que hace referencia al único supuesto de terrorismo que no podría ser amnistiado con la futura norma, aún en trámite parlamentario.

Pero, si el más conocido de los frentes judiciales que cerca a Puigdemont se corresponde con la acusación de presuntos delitos de terrorismo, hay otro que también sobrevuela al expresident con acusaciones tan graves como sorprendentes por los distintos actores englobados. Se trata del 'caso Volhov', por el que se han identificado indicios de supuestas conexiones de dirigentes independentistas catalanes con Rusia, así como con mafiosos y miembros de la ultraderecha europea con el objetivo de lograr su apoyo en el procés. Un presunto apoyo ruso a una Cataluña independiente, tanto militar como económico.

El origen: de una investigación sobre desvío de fondos a contactos con "altas instancias del Kremlin"  

Un día antes de que el proyecto de ley de amnistía dé uno de sus últimos pasos en el Congreso, el juez instructor del 'caso Volhov', Joaquín Aguirre, ha acordado prorrogar la instrucción de esta durante medio año -ampliando también las dudas sobre si horizonte judicial de Puigdemont se despejará realmente con la futura norma-. Pero, rebobinemos, ¿de dónde salió este caso? Para ello hay que remontarse a la pieza separada que surgió de la investigación de la presunta trama de corrupción vinculada a unas subvenciones de la Diputación Provincial de Barcelona, otorgadas a la Fundación Catmón y a la Fundación Igman.

Corría el 2016 cuando arrancó dicha investigación sobre el presunto desvío de fondos del organismo supramunicipal a entidades vinculadas a Convergència Democràtica de Catalunya, la extinta CDC. Aquel fue el detonante de la operación encabezada por la Guardia Civil el 28 de octubre de 2020, por la que se vieron afectados tres figuras clave y que siguen siendo investigados. Concretamente, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de Convergència Víctor Terradellas.

En este sentido, en el marco de esa investigación se intervino el teléfono móvil a unos 18 vinculados con el caso. De esas pesquisas se identificaron supuestos contactos de dirigentes de la Generalitat al más alto nivel -presuntamente, el propio Puigdemont y una consejera- con representantes del Kremlin. También fueron detenidas en un primer momento 21 personas. Entre ellas, figuras procedentes del empresariado catalán, pero también regidores o responsables de entidades.

Para hacerse una idea de la magnitud de este caso, distintos medios de comunicación publicaron que Moscú habría ofrecido, en el marco de esos supuestos contactos, apoyar a una Cataluña independiente con el despliegue de 10.000 soldados. La Embajada de Rusia en España incluso bromeó sobre esas informaciones, indicando que eran datos erróneos y que había que sumar dos ceros a esa cifra. La fantasía llegó hasta tal punto que ironizaron con que el despliegue estaba previsto mediante 'moscas', como se conoce a los primeros cazas MiG soviéticos que participaron en la Guerra Civil y en la II Guerra Mundial.

"Estrechas relaciones" con afines a la heredera del KGB y capos de la mafia rusa

En este sentido, lo que ha ocurrido este lunes es que se ha ampliado el tiempo de investigación -y, por ende, del secreto de sumario- de esta pieza separada, después de que el juez Aguirre haya identificado datos que apuntan a "estrechas relaciones personales" entre investigados en el caso con diplomáticos o afines y relacionados con los servicios secretos rusos, es decir, el actual FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia), o, en otras palabras, la Inteligencia heredada del KGB soviético. 

Mas no solo eso. En esos contactos también se ha identificado relaciones con integrantes "influyentes" de partidos de la extrema derecha alemana o italiana. Estos últimos, se recoge en el auto, "con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica" con la Generalitat saliente, si Cataluña "se independizaba de forma unilateral de España". 

Por lo contrario, el supuesto interés que tendría el Kremlin sería más amplio, el de contribuir a una desestabilización de la Unión Europea, también a través de una independencia unilateral "apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar". Y aquí es donde entra en juego otro de los actores clave en este episodio y, en general, en la serie de procesos que afectan al expresident. El abogado que defiende a Puigdemont, Gonzalo Boye.

El juez Aguirre considera probado que hubo un intercambio de mensajes entre Boye y Alay -recordemos, exjefe de gabinete de Puigdemont-, que demuestran "de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin". En dichas comunicaciones, se habría manifestado que Puigdemont no podría "criticar a Vladímir Putin por el caso del disidente [Alekséi] Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko".

Sin embargo, el mismo magistrado también considera que los supuestos contactos rusos no se circunscribieron únicamente a esa suerte de ecosistema político del Kremlin, sino que estuvo de por medio la mafia rusa, a su más alto nivel. Considera que, tanto Boye como Alay, viajaron a Rusia para "entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".

Criptomonedas, el misterioso J.B.S. y reuniones con "personas que hablaban ruso"

La clave de estos datos contenidos en el auto tiene mucho que ver también con el momento en que supuestamente se desarrollaron los encuentros con dichas "altas instancias del Kremlin". Estos habrían tenido lugar antes y después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), en octubre de 2017, pero el magistrado apunta a que Alay fue quién sustituyó a Víctor Terradellas en eses menesteres, considerando que el exjefe de gabinete de Puigdemont quedó "inutilizado" tras el estallido de la operación policial.

En esta línea, el juez sospecha de una serie de comunicaciones -mensajes- entre Terradellas y una persona que responde a las siglas J.B.S., considerado el supuesto intérprete y enlace ruso, en los primeros compases ya de 2018. Sostiene el magistrado en el auto que dichas comunicaciones "debían ser de muy alto nivel", asegurando que se "intuye" que el excargo de Convergència sabía de la invasión a Ucrania -la 'operación militar especial' comenzaría años después, en febrero de 2022-.

Según esos mismos chats, Terradellas también quería llevar a "una personalidad catalana" a que le explicasen esos "ofrecimientos" del Kremlin. Pero, ¿con qué indicios cuenta el juez Aguirre? El auto cuenta con la declaración como testigo de la exdirectora general de Coordinación Interdepartamental Elsa Artadi.

Cabe recordar que la propia Artadi llegó a admitir que se registraron dos reuniones, previas a la declaración unilateral, con "personas que hablaban ruso". Estas se habrían desarrollado en la Casa dels Canonges -la residencia del president de la Generalitat- y habrían contado con la presencia del propio Puigdemont. Otras informaciones sitúan en ellas a Nikolay Sadovnikov, supuesto miembro de la diplomacia rusa paralela.

El otro gran indicio contenido en el auto pasa por una carta anónima, recibida en el pasado mes de diciembre, que contenía recortes de prensa elaborados por el equipo de investigación OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Según lo recogido en dicha misiva, se habla de un ofrecimiento económico, de la friolera de 500 millones de euros, para ayudar a la independencia catalana, pero a cambio de una modificación en la legislación. Una letra pequeña que supondría convertir a Cataluña en el "paraíso de las criptomonedas", básicamente, un compromiso para implementar "legislación favorable para la proliferación de la criptomoneda en el nuevo territorio catalán".

Y... ¿qué supone todo esto para Puigdemont?

La publicación de este auto y la prórroga de la investigación sobre la 'trama rusa' en el procés afecta a la serie de personalidades antes descrita, pero tiene un impacto directo en el futuro del expresident. No solo llega el día antes de que la ley de amnistía pase de nuevo otro importante test parlamentario. También lo hace en medio de tensas negociaciones entre Junts y el PSOE para que se registren unos últimos cambios en el texto de la futura norma.

Precisamente, los socialistas quieren dejar el texto como está tras las últimas modificaciones -las relativas a los delitos de terrorismo que contravengan el antes mencionado convenio europeo de derechos humanos-, pero eso podría derivar en un problema para una eventual aplicación de la amnistía a Puigdemont. Se debe a que con la última redacción, no serían amnistiables los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado. Por cierto, todos estos ámbitos bajo competencia de la Audiencia Nacional.

De salir aprobada así la ley de amnistía y que posteriormente Puigdemont sea condenado en el marco del 'caso Volhov', podría acabar generándose un conflicto que impidiese que el expresident se acogiese a la futura norma. Todo ello en un contexto en el que las elecciones catalanas previstas para febrero de 2025 asoman en el calendario político con una gran incógnita. La de si veremos una lista encabezada por un Puigdemont amnistiado y de regreso a España. Perdón, Catalunya.