La defensa de Rato reclama suspender el juicio y tacha de "mendaz" la acusación sobre su fortuna

El que fue exvicepresidente del Gobierno del popular José María Aznar, Rodrigo Rato, ha vuelto a desfilar hacia una sede judicial este viernes. La tercera vez, tras las causas de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y la salida a Bolsa de Bankia. Lo ha hecho en la Audiencia Provincial, coincidiendo con la primera sesión del juicio por el origen de su fortuna. Un frente judicial por el que la Fiscalía Anticorrupción reclama una pena de 70 años de cárcel. 

Dicha reclamación del ministerio fiscal es el resultado de una acusación por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. En otras palabras, está acusado de haber defraudado a Hacienda unos 8,5 millones de euros.

El primer movimiento de la defensa legal de Rato ha sido solicitar la anulación de la causa, del juicio, esgrimiendo que este se basa en un registro que habría vulnerado su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, respondiendo a una denuncia "mendaz" por parte de la Fiscalía. Así se ha pronunciado la letrada María Massó, al reclamar la nulidad de las actuaciones.

La clave de la petición de la defensa de Rato

Para sostener dicha reclamación de anulación del juicio, la defensa legal de Rato ha hecho una radiografía de la denuncia de Anticorrupción refiriéndose a cuatro hechos correspondientes con la atribución al acusado de alzamiento de bienes y cinco delitos contra la hacienda publica, dos del IRPF y tres del impuesto de sociedades. A juicio de esta parte, esa acusación no es posible que se sostenga porque "las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas".

Tras asegurar que la denuncia "era mendaz", la letrada ha señalado que "los hechos tal y como están redactados son contradictorios y atípicos, ya que se afirma una cosa y la contraria". Cabe destacar que dichas conclusiones del ministerio fiscal son compartidas también por la Abogacía del Estado.

En este sentido, en el propio escrito de la Fiscalía se apunta al hallazgo de varios incrementos patrimoniales no justificados ocurridos entre los años 2005 y 2015. En total fueron 15,6 millones de euros, a los que habría que sumar de rendimientos de capital mobiliario en el exterior sin declarar al fisco. Y unos 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.

Hay juicio 'para rato' tras 7 años de instrucción y más de 70.000 documentos

Por otra parte, cabe recordar que el juicio que ha comenzado este viernes, a cargo de la sección séptima de la Audiencia Provincial, se produce pasado más de un año desde que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid remitiese las actuaciones a dicha instancia. 

Detrás de ese tiempo queda la ingente cifra de siete años de instrucción de un procedimiento en el que se han reunido y analizado más de 70.000 documentos. Pero el proceso en sí se alargará aún más, concretamente, hasta el 23 de mayo de 2024. El motivo de que se alargue tanto este proceso es que habrá que proceder a la exposición de pruebas testificales, periciales, documentales y las conclusiones.