Radiografía de los refugiados en España: cuántos son, de dónde, por qué huyen

"Refugio" es asilo, acogida o amparo, según la definición de la RAE. No es un capricho de moverse por el mundo, si quiera legítimas ganas de buscar una vida mejor. Pedir refugio es dejar tu tierra sin querer dejarla porque te persiguen, porque se violan los derechos humanos más básicos y tu país se ha convertido en invivible, porque no gustan tus ideas, tus amores, tu fe, porque los desastres naturales recurrentes -porque el hombre los ha acelerado- te dejan sin techo, porque las guerras de siempre y las nuevas y las que vendrán amenazan con reventarte una mañana. 

Asilo, acogida y amparo, o sea, justicia, protección y oportunidades es lo que buscan los refugiados, a los que este martes dedica Naciones Unidas su Día Mundial. Y es lo que el mundo no les está dando como debiera, empezando por los países con mejores mimbres para hacerlo, empezando por España. Los datos reflejan que las peticiones se multiplican en nuestro país, lo que se explica no sólo por nuevos conflictos como el de Ucrania o el de Sudán, sino también por el fin de las restricciones por la pandemia, pero a la par se multiplican las lagunas para hacer la petición formal de asilo y poder gozar de los servicios básicos que protegen una vida. 

Según los datos aportados por Cruz Roja Española, en toda la Unión Europea se registraron el pasado año 963.067 solicitudes de protección internacional, frente a las 630.630 del año anterior. Los tres principales países donde solicitaron asilo fueron: Alemania, con 243.835; Francia, con 156.455; y, también, España, con 118.842. Suponen un 82% más que en 2021, en un contexto de récord mundial de refugiados y desplazados internos, que han llegado a los 110 millones, según el informe anual de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), conocido el pasado miércoles.

Venezuela (45.748), Colombia (36.012), Perú (8.937), Marruecos (3.905) y Honduras (3.017) fueron las cinco principales nacionalidades de origen de las personas que solicitaron asilo en nuestro país en el último año. Latinoamérica se consolida así como la región con mayor número de personas buscando refugio en España, lógico por las facilidades del idioma y los lazos entre los dos lados del Atlántico. Por comunidades autónomas, las cinco con más solicitudes de asilo fueron en la de Madrid (47.658), Andalucía (11.722), Cataluña (10.396), Comunidad Valenciana (7.258) y Canarias (6.446). 

El 54% de los solicitantes de asilo eran hombres y el 46% mujeres, mientras que los menores de edad representaron cerca del 18% del total, añaden en su informe de situación ante esta jornada. 

A éstas hay que sumar, en el caso de nuestro país, a las 161.037 personas procedentes de Ucrania que obtuvieron protección temporal inmediata, un procedimiento acordado por la Unión Europea, insólito, por el que se abrieron las fronteras de los Veintisiete sin dilación. España ha creado una red llamada CREADE (Centros de Recepción, Atención y Derivación) en Alicante, Málaga, Barcelona y Pozuelo de Alarcón (Madrid), que han agilizado notablemente todo el proceso, aunque nada es perfecto. 

Y si nos ceñimos a lo que llevamos de 2023, entre el 1 de enero y el 31 de mayo se han presentado 70.750 solicitudes de protección internacional, indica Cruz Roja, y hasta marzo, se habían entregado por parte de España 3.696 de protección temporal de personas que huyen de Ucrania. 

¿Que por qué escapan los refugiados a España? Las casuísticas son diversas, pero se resumen en dos, como los mandamientos: supervivencia y necesidad. Empecemos por el final, Ucrania, que es un caso que todos entendemos: Rusia lanzó su "operación militar especial" el 24 de febrero de 2022, prendiendo una guerra en el corazón de Europa y obligando al mayor desplazamiento de civiles conocido en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. A fecha de 21 de mayo de 2023, se han contabilizado más de seis millones de refugiados ucranianos registrados en diferentes países de Europa, según datos de Naciones Unidas. Bombardeos como los de Mariupol o  Bajmut, masacres como la de Bucha o atentados como la presa reventada en Kajovka explican por sí solos la necesidad de escapar. 

Venezuela es el primer país de origen en las acogidas. Es el caso preciso de un lugar donde no hay una guerra abierta, donde no ha habido una catástrofe climática que impuse a irse, pero hay mucho más. ACNUR explica que más de siete millones de personas han dejado el país buscando protección, de los que más de seis se han quedado en países de América Latina o el Caribe. Casi siempre, los vecinos son los que ofrecen una ayuda más rápida. Suelen ser familias con hijos, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad. 

"Muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en situación de pobreza y luchan por sobrevivir. La pandemia de covid-19 agravó circunstancias que ya eran difíciles, sumiendo a muchas personas venezolanas en la pobreza extrema. Muchas familias se han visto obligadas a reducir su consumo de alimentos y han adquirido deudas para poder subsistir. Además, corren el riesgo de ser desalojadas o explotadas y se enfrentan a riesgos de protección", explica la oficina de Naciones Unidas. 

Los venezolanos huyen de la escasez de alimentos y medicinas, los salarios bajos, la hiperinflación y la inseguridad, que hace que haya otros siete millones de personas que necesitan ayuda básica, todo rodeado de un clima político como poco iliberal, para algunos una dictadura, en el que la persecución política a los opositores de Nicolás Maduro y la falta de libertades lleva a dejar la casa propia, también. Hay de todo: las autoridades persiguen y procesan penalmente a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil y hasta la Corte Penal Internacional está documentando posibles crímenes de lesa humanidad cometidos con el conocimiento de autoridades de alto nivel. 

En el caso de Colombia, la situación se ha estabilizado en los últimos años, con acuerdos de paz como el de 2016 del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el más reciente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las perspectivas son positivas con el Gobierno de Gustavo Petro, el primer izquierdista, pese a que hay tensiones también como país de acogida de no menos de millón y medio de venezonalos. 

Aunque el conflicto armado de varias décadas entre las FARC y el Ejecutivo terminó oficialmente hace siete años, quedaba la guerrilla del ELN viva, más grupos disidentes de las FARC y otros sucesores de los paramilitares siguen cometiendo graves abusos. Defensores de derechos, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios enfrentan amenazas y violencia constantes, como remarca Human Rights Watch. 

La violencia asociada al conflicto armado ha desplazado por la fuerza a millones de personas y la impunidad por abusos graves sigue siendo motivo de grave preocupación. La Policía, además, hace aún un uso excesivo y a menudo brutal de la fuerza, como se vio en las manifestaciones mayoritariamente pacíficas ocurridas entre 2019 y 2021. Los altos niveles de pobreza, especialmente entre comunidades indígenas y afrodescendientes, siguen siendo una grave preocupación, igualmente. 

En Perú, tercer origen en volumen de solicitantes, la inestabilidad política crece por días. En diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y "reorganizar" el poder judicial, en medio de graves acusaciones en su contra de corrupción; un autogolpe, para algunos. El Congreso lo destituyó y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Miles de manifestantes salieron entonces a las calles pidiendo elecciones anticipadas y otras demandas. 

Aunque la gran mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, algunos cometieron actos de violencia. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza desproporcionada y decenas de manifestantes y transeúntes y un agente de policía murieron. La persecución política, sumada a la grave preocupación por la libertad de expresión y la violencia contra las mujeres o los defensores ambientales e indígenas, son también motivo para escapar.

Marruecos tiene también un buen puñado de ellas. Nos suele llegar más el rostro de la emigración económica desde el país vecino, pero también hay otras necesidades que impulsan a los que cogen una patera, una lancha de juguete, un ferry. Este país de tránsito y de destino de migrantes y refugiados a la vez necesita una vía de escape. 

"Sigue reprimiendo a periodistas, activistas, comentaristas de las redes sociales y artistas críticos con la monarquía. A pesar de contar con un sistema de libertad de prensa que no prevé penas de prisión, las autoridades siguen recurriendo a los artículos del código penal para encarcelar a los críticos. Siguen vigentes las leyes que restringen las libertades individuales. En el Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes siguen acosando a los activistas que apoyan la autodeterminación saharaui, impiden las reuniones y obstruyen el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales", enumera HRW en su ficha de país. 

Finalmente, desde Honduras llegan personas procedentes de un "complejo contexto de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, líderes comunitarios, transportistas y comerciantes, quienes muchas veces se ven obligados a huir de sus hogares en busca de protección y asistencia humanitaria", indica ACNUR. Indígenas, afrohondureños y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero están también entre las más afectadas. 

El país enfrenta graves desafíos relacionados con la corrupción sistémica de sus Gobiernos, la injerencia política en el sistema de justicia y las violaciones de derechos humanos en un contexto de fragilidad de las instituciones democráticas. La presidenta izquierdista Xiomara Castro asumió el cargo en enero de 2022, prometiendo luchar contra la corrupción y defender los derechos humanos tras años de abusos generalizados, pero la respuesta de su Gobierno está siendo lenta y sigue habiendo impunidad. 

80.000 atrapados por los trámites

Esos son los números, los quiénes y los porqués. Pero en este Día del Refugiado toca denunciar, también, lo que encuentran al llegar a España, un sistema embarrado en la burocracia, lento, complejo, que les impide tener en un tiempo razonable los servicios que esta sociedad le puede y debe brindar. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó ayer lunes su informe anual y las lagunas son sonrojantes. Los expertos denuncian las dificultades para acceder en España al asilo y calculan que en 2022 "entre 70.000 y 80.000 personas se quedaron fuera del sistema esperando una cita" para poder formalizar su solicitud de protección internacional.

La directora general de CEAR, Estrella Galán, estimó que las 118.000 solicitudes de asilo que hubo el año pasado "posiblemente podrían ser unas 200.000" si se tiene en cuenta que la media que esperan para formalizar su solicitud de asilo es de entre seis y ocho meses. 

Los aspirantes se encuentran a veces con que les piden "requisitos irregulares", como estar empadronados, aunque además hay "logísticas distintas" en cada territorio, lo que añade confusión. Esto lleva a que los reclamantes de asilo acaben muchas veces en albergues municipales, conviviendo con personas cuya realidad "nada tiene que ver" con la suya y sus necesidades. Es por eso que avaban buscando ayuda en su comunidad local, entre paisanos, conocidos y cualquier clavo al que agarrarse, con condiciones "precarias" cuando el derecho internacional deja claro que el asilo es un derecho, regulado por el Derecho Internacional y una obligación de los estados.

Ante las dificultades para acceder al procedimiento de asilo en España, CEAR reclama que se aumente la disponibilidad y se agilicen las citas. La organización subraya el "buen resultado" de los centros que se habilitaron para acoger a refugiados ucranianos y reitera la necesidad de que se transformen en "ventanillas únicas del asilo" para todos los solicitantes de protección internacional. 

Pero lo habitual, como añadió Elena Muñoz, coordinadora del equipo jurídico de CEAR, es ahora ver "que no cogen el teléfono, que los mails se responden pero con meses de retraso, que no se pueden coger cita por las webs porque no hay huecos disponibles...", lo que hace que no puedan acceder al catálogo de servicios ofertados. Insiste: son personas que no pueden entonces demostrar que son solicitantes de asilo, luego no pueden pedir otras cosas como atención sanitaria y educativa o empadronarse.  

España, tercera en peticiones de asilo, también ocupa el tercer puesto, pero por el final, en resoluciones favorables, con un 16,5 %, sólo por delante de Malta y Chipre, y muy lejos de la media europea del 38 %. Además, más de 122.000 expedientes siguen a la espera de resolución, la mayoría durante meses e incluso años, lamentó Muñoz.

Inquieta lo por venir

En plena negociación de la nueva política migratoria europea, Galán reprochó que "la única conclusión a la que llegan" los Estados cuando negocian es "la de poner todos los medios necesarios para que no lleguen a Europa" quienes buscan asilo. También alertó de la "peligrosa deriva" tras comprometerse los Estados miembros de la UE a la reubicación de 30.000 migrantes cada año, con la opción de aportar 20.000 euros por cada persona rechazada o de financiar a terceros países en materia de control migratorio y fronterizo. 

CEAR pidió además que se acabe con la criminalización de las ONG de rescate de migrantes, blindar la función de salvamento en el mar y garantizar el desembarco seguro de las personas rescatadas. Y es que el informe y este día mundial se produce cuando las autoridades de Grecia aún buscan víctimas del mortal naufragio ocurrido la semana pasada ante las costas de Grecia, donde se sabe de la muerte, al menos, de 78 personas, pero se busca a centenares más. Galán recordó a esos cientos de víctimas que fallecieron ante "la impasible mirada" de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), cuya misión, lamentó, "no es rescatar, sino impedir que lleguen migrantes, y, claramente lo consiguen".

Poco que celebrar, mucho que reclamar y repensar en este 20-J.