POLÍTICA
26/02/2021 20:55 CET

A qué juega Juan Carlos I

El rey emérito alega un incremento injustificado de patrimonio en su regularización, una “contradicción absoluta”, según el exdirector de Hacienda.

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Juan Carlos I ante la mirada de su hijo, el rey Felipe VI, en una imagen de archivo.

La última regularización fiscal de Juan Carlos I genera más preguntas que respuestas. El rey emérito ha alegado un incremento injustificado de patrimonio para presentar a la Hacienda de todos los españoles los casi 4,4 millones de euros que ha eludido pagar. Pero, según analiza a este diario el exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo, se trata de “una contradicción absoluta”.

Para entender el porqué de tal incoherencia, Ruiz-Jarabo recuerda que el contribuyente siempre conoce el origen de su patrimonio: “No puede decir incremento injustificado, porque se conoce de dónde ha venido”. La cuestión, según el exresponsable de Hacienda, es cómo justificaría el rey, si no, esos ingresos en la declaración.

Una regularización es una declaración de Hacienda, ni más ni menos. “Los ingresos son rendimiento de trabajo o de actividad profesional y claro, Juan Carlos I no ha podido tener rendimientos de actividad profesional o del trabajo porque la pregunta que nos haríamos todos sería: ¿Y qué trabajo ha desarrollado para esa fundación? Entonces, parece que les habría dado vergüenza ponerlo así y lo han metido en un epígrafe, el de incremento injustificado, que es absurdo porque el contribuyente sabe de dónde le ha llegado el dinero”.

Lo cierto es que lo que ha hecho Juan Carlos I “es habitual en aquellos que son conscientes de que no han pagado en su momento lo que tenían que pagar”, según el exdirector de la Agencia Tributaria, quien tiene claro que detrás de ese movimiento del exjefe del Estado está el objetivo de “librarse de una condena por delito fiscal”. El revuelo que ha provocado la regularización ha sido tal, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso del asunto este viernes en Moncloa reconociendo la “incívica” conducta del monarca.

No puede decir incremento injustificado, porque se conoce de dónde ha venidoIgnacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria.

Juan Carlos I se librará de esa condena, aclara Ruiz-Jarabo, siempre que lo que ha presentado cumpla los requisitos legales: “Espontaneidad, veracidad y que sea completa. Si en lo que ha presentado ahora ha metido todo lo que no declaró en su día y es correcto, pues se librará de una condena. Pero eso es lo que tiene que comprobar la Agencia, si ha declarado todo y de forma veraz”. 

No obstante, para quien dirigió Hacienda entre 1998 y 2001, el movimiento de Juan Carlos I genera más dudas: “Me ha llamado la atención una cosa: que todo lo que ha declarado ahora y lo único que ha declarado ahora es que le pagaron 8 millones de euros en vuelos. ¿Y no recibió nada más que quede pendiente de declarar? ¿No ha recibido nada más en estos años? Esa es la incógnita”.

La percepción en la opinión pública es que Juan Carlos I regulariza su situación una vez ha trascendido su supuesto entramado de ocultación fiscal. “Parece que es verdad que si no hubiera salido nada estos meses, probablemente hubiera seguido sin declarar y sin pagar. Eso es posible. Pero una cosa es el comportamiento de él, que es poco edificante, y otra que sea culpa de Hacienda. La Agencia está libre de culpa”, justifica Ruiz-Jarabo.

Si Juan Carlos I regulariza todo el dinero que pueda tener oculto, podría volver a España, algo que, según El Confidencial, ya estaría preparando el monarca junto con Zarzuela y Moncloa, aunque fuentes oficiales de la Casa Real no entran a valorar esa hipótesis y evitan posicionarse: “No estamos entrando día sí y día también a opinar sobre cuestiones como esas”.

“Él está voluntariamente fuera, puede que aconsejado, pero en términos legales podría estar aquí. Eso sí, en términos de las conversaciones que haya tenido con su hijo y con el Gobierno, no lo sabemos”, dice Ruiz-Jarabo. Aunque según Sánchez, que Juan Carlos I vuelva o no a España, es “una decisión personal”.

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Felipe VI (izq), junto a Pedro Sánchez, el pasado 23 de febrero en Madrid.

Por el momento, la cantidad que ha regularizado Juan Carlos I, y que le han prestado amigos y empresarios españoles según la Cadena Ser y El Mundo, llega a las arcas públicas en concepto de cuotas impagadas por el IRPF durante varios ejercicios. El montante, procedente de la Fundación Zagatka que gestiona su primo Álvaro de Orleans, estaba oculto al fisco. Y el objeto del fraude son los vuelos privados del rey emérito que costeó la fundación de De Orleans, supuesto testaferro del monarca.

El primo lejano del rey, de 73 años, está en el ojo del huracán. Él mismo reconoció que ha pagado muchos vuelos a Juan Carlos I, pero que no es su testaferro. Sin embargo, las pesquisas de la Justicia española y suiza parecen indicar lo contrario. De Orleans era, supuestamente, el gestor de la fortuna que el rey atesoró en Suiza procedente de supuestas comisiones ilegales por su intermediación en la adjudicación a un consorcio español de las obras del AVE del desierto en Arabia Saudí. 

El problema para la credibilidad del monarca, según el exdirector de Hacienda, es que esa incoherencia en la forma en que ha justificado la regulación “alimenta la duda” de que, en realidad, el dinero que le dio la fundación para pagar los vuelos sí era suyo y no una ayuda, como defiende De Orleans. “Es decir, alimenta la sospecha de que lo que se ha contado estos meses es verdad: que Álvaro de Orleans es su testaferro. Reconocer que una fundación le paga 8 millones de euros en vuelos y meterlo luego en la declaración así…”, cuenta Ruiz-Jarabo.

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El príncipe Álvaro de Orleans-Borbón el 8 de octubre de 2016, en Tirana (Albania).

De Orleans es el hombre que había pasado desapercibido hasta que se desvelaron las conversaciones grabadas de Corinna Larsen, la examante del rey, quien afirmó que era “el hombre de paja” de Juan Carlos I. El primo era, según la aristócrata alemana, la persona que tenía ocultas bajo su identidad las cuentas en Suiza del monarca. 

La Fundación Zagatka habría abonado los vuelos privados del rey durante 11 años en los que le acompañó la propia Larsen, además de estancias en hoteles londinenses que también sufragó, por error, otro supuesto testaferro: el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Además, esta fundación, con cuenta en varios bancos suizos, fue supuestamente el refugio de 7,9 millones de euros a disposición de Juan Carlos I, aunque llegó a administrar alrededor de 14 millones. 

Las comisiones ilegales son el supuesto origen de los fondos de Zagatka, pues según algunos medios, alrededor de 4,6 millones de dólares (3,3 millones al cambio de la época) ingresaron en 2019 en la fundación gracias a un cheque de Huaribe, una empresa filial del grupo constructor español OHL presidido por Juan Miguel Villar Mir.

La cuenta de Zagatka, de la que Juan Carlos I era tercer beneficiario, estuvo operativa hasta agosto de 2018, más de cuatro años después de su abdicación

Álvaro de Orleans alegó que el montante se trataba de sus honorarios por una intermediación en un desarrollo urbanístico en plena Riviera Maya. Pero en octubre de 2018, De Orleans, interrogado por la Fiscalía suiza, fue incapaz de concretar en qué habían consistido sus servicios para la constructora de Villar Mir.

La cuenta de Zagatka, de la que Juan Carlos I era tercer beneficiario, estuvo operativa hasta agosto de 2018, más de cuatro años después de su abdicación y después de perder la inviolabilidad que le otorgó la Constitución mientras fue jefe del Estado. Y esa, la inviolabilidad, es otra de las claves que apunta el exdirector de Hacienda cuando se le pregunta por la diligencia de la Agencia Tributaria en la apertura de una investigación. 

“Rompo una lanza por ella. El delito fiscal es un medio intimidatorio para que la gente pague, pero no es un objetivo. El objetivo de Hacienda no es que la gente sea condenada y vaya a la cárcel. La Agencia lo que hace, con criterio de eficiencia, es comprobar los ejercicios que están a punto de prescribir. Y ningún ejercicio posterior a la inviolabilidad ha prescrito. Con lo cual, la Agencia no ha actuado incorrectamente. Es decir, no ha dejado prescribir ningún ejercicio”, dice Ruiz-Jarabo.

La Agencia Tributaria no es responsable

El lapso para que un delito fiscal prescriba es de 5 años —10 a partir de la última reforma del código penal—, pero el mínimo son 5. Y el plazo para la prescripción del ejercicio fiscal de 2015, el primero en que Juan Carlos I ya no estaba protegido, empieza a contar en junio de 2016, por lo que ese ejercicio no prescribe hasta junio de este año. “En el 2014 era jefe de Estado y era inviolable. Por eso, a la Agencia no se le puede hacer esa acusación”, apostilla el exdirector de Hacienda.

Según la versión que dio De Orleans a este diario a finales del año pasado, es falso que la Fundación Zagatka, propiedad suya, “sea una sociedad pantalla o instrumental o esté acusada de serlo”. Y aclaró que la Fiscalía Anticorrupción de Ginebra investiga la Fundación Lucum, cuyos fondos y gestión “son totalmente ajenos” a él. 

Además, De Orleans aseguró que Zagatka se constituyó “con el objetivo de gestionar a nivel administrativo y financiero” una parte de su patrimonio y “tenía como finalidad materializar su ayuda a la casa real como parte del legado transmitido por su padre, Álvaro de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, y su abuelo, Alfonso de Orleans y Borbón, específicamente a Juan Carlos I”. “Es completamente falso que la Fundación o sus cuentas hayan albergado dinero del Rey emérito. De este modo, cualquier acusación de ‘testaferro’ o ‘fiduciario’ es completamente falsa y carece de razón y fundamento”, zanjó.

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