Tres expresidentes y cinco exconsellers de Economía catalanes y valencianos rechazan la OPA al Sabadell
Han pedido al Consejo de Ministros un "análisis riguroso porque hay mucho en juego" y han enumerado cinco motivos para oponerse a la operación.

Tres expresidentes y cinco exconsellers de Economía catalanes y valencianos han mostrado este jueves su rechazo a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell y la consideran "contraria" al interés general.
En un artículo publicado en Ara, los expresidentes catalanes Pere Aragonès y Artur Mas; el expresidente valenciano Ximo Puig; los exconsellers de Economía catalanes Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell, Natàlia Mas Guix y Antoni Castells, y el exconseller de Economía valenciano Vicent Soler han rechazado la operación, que han tildado de "insólita" y que no justifica, en sus palabras, una integración, desde el interés público.
Así, han pedido al Consejo de Ministros un "análisis riguroso porque hay mucho en juego" y han enumerado cinco motivos para oponerse a la operación, como que la OPA, textualmente, acentuaría el desequilibrio territorial que ya existe, y porque el impacto sobre el empleo que tendría sería muy severo. Por ello, exigen desconcentrar el poder económico de Madrid.
También consideran que se produciría una "exclusión financiera y menor acceso a los servicios" dado que el cierre de, según ellos, hasta 800 oficinas afectaría especialmente a zonas con baja densidad de oficinas bancarias. Otro motivo es la supuesta pérdida de apoyo a las pymes, que, a su juicio, reduciría las opciones de financiación para estas empresas.
Además, han afirmado que se crearía una situación de desarraigo territorial del capital: "El 85% del margen del Banco Sabadell se genera en España, mientras que en el caso de BBVA no llega al 30%". También advierten de riesgos sistémicos "dado que las grandes fusiones bancarias concentran poder y generan riesgos estructurales que pueden comprometer la estabilidad del sistema".
Asimismo, añaden que en varios países europeos las autoridades públicas han "condicionado o bloqueado" operaciones similares y han pedido al Ejecutivo que actúe con "claridad y responsabilidad institucional" si quiere preservar un modelo bancario "más cercano, plural y resiliente".
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