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14/03/2021 09:51 CET

Adiós al '3+2': el polémico plan de Wert al que Universidades quiere dar puerta

Estudiantes, sindicatos y docentes se opusieron desde su aprobación alegando una criba educativa basada en el poder adquisitivo de los alumnos.

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Imagen de un estudiante en una biblioteca.

Adiós definitivo al 3+2. Han pasado cinco años desde que la polémica medida puesta en marcha por el exministro de Educación José Ignacio Wert para transformar las carreras universitarias viera la luz. Ahora, el Gobierno pretende dar carpetazo a una regulación que despertó reticencias desde su aprobación.

El Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero, más conocido como el decreto del ‘3+2’ abrió la puerta a reducir la duración de los grados de cuatro años (según lo establecido en el Plan Bolonia) a tres y aumentar la especialización a través de los máster. El objetivo, defendía Wert, era homogeneizar las titulaciones españolas a las de la mayoría de países europeos brindando más oportunidades de movilidad para los graduados.

A estudiantes docentes y rectores, sin embargo, la idea no les convenció y vieron tras esta justificación una criba basada en el poder adquisitivo del alumnado. Un modelo que ponía la institución educativa al servicio del mercado y no de la ciudadanía, perjudicando a los estudiantes con menos recursos por el elevado coste de los programas de especialización. En España, la matrícula de un grado varía desde los 500 hasta los 1.700 euros, mientras que la de un máster oscila entre los 600 y los 2.800 euros.

Costes inasumibles

“Lo que hace este sistema es generalizar cada vez más asignaturas del grado, mermando las bases de conocimiento con una reducción temporal que hace necesario conseguir esa especialización a través de un máster”, señalan desde los sindicatos de estudiantes. “A diferencia de lo que ocurre en otros países aquí el máster es caro y al aumentar su duración nos están obligando a pagar cantidades inasumibles para los jóvenes”, añaden.

El nuevo real decreto presentado por el titular de Universidades, Manuel Castells, establece la estructura básica de la oferta académica, actualmente vigente, configurada en tres etapas: Grado, Máster y Doctorado. En este sentido, consolida el que los Grados sean de 240 créditos, con la única excepción de aquellos que por directrices europeas deben ser de 300 o 360 créditos.

De este modo, la estructura esencial del modelo universitario contará con grados de 240 créditos, másteres de 60, 90 y 120 créditos y doctorados a los que se accede habiendo superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.

Sólo 24 titulaciones han implementado el '3+2'

En la práctica, la realidad es que el porcentaje de carreras que finalmente implementaron este “3+2” ha sido ínfimo. Tan solo se ofertan 24 títulos, la mayoría en universidades privadas y en Cataluña, siendo más de 3.000 los que se imparten en España.

“Se ha centrado la atención en este asunto pero la realidad es que este tipo de carreras son muy escasas, están enfocadas a ámbitos innovadores como las nuevas tecnologías o el diseño digital, como por ejemplo el grado en Bioinformática”, explica Albert Corominas, catedrático emérito de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitario (OSU). “Es otro de los puntos debatidos, dónde está el criterio para decidir por qué si el contenido es nuevo tiene que ser una carrera más corta”, añade.

Un modelo sin calado

En la misma línea, desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) afirman que la duración de los títulos de Grado “no ha sido en ningún momento la máxima preocupación” de los rectores en el ámbito docente, que ha acaparado la atención a pesar de las muchas cuestiones a debatir en el plano educativo.

Había consenso en que debían quedar restringidas a a titulaciones con contenidos rigurosamente nuevosCRUE

“Es solo uno de los 10 o 15 aspectos que deben abordarse”, señala Ángel Pazos, presidente de la sectorial CRUE-Docencia y rector de la Universidad de Cantabria, quien añade que “se alcanzó en su día un amplio consenso sobre la conveniencia de que aquellas titulaciones existentes en España antes de la implantación del Plan Bolonia mantuvieran una duración de 4 años y 240 créditos; y que la dotación de 180 créditos ECTS y 3 años de duración  “quedara restringida a titulaciones con contenidos rigurosamente nuevos”.

“Salga la regulación que salga, ésta tiene que garantizar la convergencia de títulos con otros países europeos”, añade, ” y si finalmente se confirma que la totalidad de los Grados deben contener al menos 240 créditos, nuestro máximo interés se centrará en que también se asegure la adecuada transición de los actuales grados de 180 créditos, poco numerosos, hacia la nueva situación”, manifiesta.

Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) sí ha aplaudido la eliminación prevista por el borrador. “Consideramos que el Ministerio ha tenido en cuenta muchas de las reclamaciones y propuestas que hemos hecho desde el estudiando y que, si se continúa en esta línea, saldrá un decreto beneficioso para toda la comunidad universitaria”, indican fuentes de la organización estudiantil.

¿Qué pasa con los estudiantes ya matriculados?

La Universidad de Barcelona (UB)  esuno de los centros que imparten tres de los grados 3+2. Desde el centro explican que hay que esperar para valorar más exhaustivamente la medida del ministerio. “Lo que hay que ver es por qué vamos en dirección divergente al resto del sistema europeo. Tendríamos que saber con rigor las razones de esta diferenciación”, apuntan.

“Lo que hay que ver es por qué vamos en dirección divergente al resto del sistema europeo"UB

La supresión de estos grados ha suscitado dudas sobre lo que ocurrirá con alumnos ya matriculados y docentes contratados. El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha asegurado que en los cuatro años siguientes a la aprobación del decreto, los estudiantes que actualmente estén cursando un grado de tres años podrán terminarlo “sin verse envueltos en ningún tipo de cambio administrativo”. 

Sin embargo, las universidades que a la entrada en vigor del real decreto tengan que proceder a la renovación de la acreditación, deberán aprovechar la misma para modificar su plan de estudios para pasar este a disponer de 240 créditos.

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