Arranca el año judicial. Con un mensaje claro del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a los partidos y delante del rey: dejar la lucha política y renovar en las próximas semanas el Consejo General del Poder Judicial por “patriotismo constitucional” ante una situación “insostenible”. El Tribunal Supremo ha sido el escenario del apertura del año judicial, presidida por el rey Felipe VI, en la que han intervenido el presidente del CPGJ, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Al acto han asistido el presidente del Senado, Ander Gil, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Esta apertura llega con un Poder Judicial caducado y sin renovar desde hace más de mil días. El Partido Popular se niega a pactar la composición (actualmente con mayoría conservadora) con la excusa de que quiere antes modificar el propio sistema de elecciones (para que los jueces elijan a una parte). Actualmente, la composición se hace en virtud de la ley del Poder Judicial de 1985, por la que se eligen 10 miembros por parte del Congreso y otros diez por parte del Senado. Se debe hacer con mayoría de tres quintos (es decir, es necesario un pacto entre socialistas y ‘populares’). Lesmes ha mandado un mensaje claro a las formaciones para renovar el Poder Judicial, pero no ha citado expresamente al PP y al PSOE y no se ha pronunciado sobre la dimisión que piden algunos sectores para forzar ese pacto. Durante su discurso, Lesmes se ha referido a la “anormal situación en la que se encuentra a día de hoy el Consejo General del Poder Judicial por causas que le son completamente ajenas”. “La Constitución -así lo dice expresamente el artículo 122- ha querido que las personas que sirven en nuestra institución, vocales y presidente, tengan un mandato de duración determinada, cinco años, sin que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente orientativo”, ha argumentado Lesmes. Para apostillar: “Quiero decir con ello que el Congreso de los Diputados y el Senado, instituciones a las que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan a día de hoy el nombramiento de los Vocales, están obligados a respetar ese plazo”. “Y esta obligación -ha añadido- es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”. El presidente del Supremo ha recordado que ha hecho durante años un llamamiento a las Cortes y a los partidos para la renovación, siendo desatendido. Y aquí ha lanzado su mensaje más claro: “Urge, por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”. Lesmes ha remarcado durante el solemne acto: “La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”. Se ha parado para decir: “Durante los últimos seis meses, aunque el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, lo cierto es que no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal”. “No en vano, a estas alturas son once las vacantes sin cubrir, de una planta de 79 magistrados, por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo”, se ha lamentado el presidente del Supremo, y mirando al rey ha comentado: “Y esto, Señor, está teniendo lugar en un contexto social y político de la máxima complejidad provocado -entre otras circunstancias- por los devastadores efectos de la pandemia”. Por ello ha subrayado: “Asistimos a una situación que exige un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y que, de manera concreta, demanda de todos los órganos jurisdiccionales -y también del Consejo General del Poder Judicial- una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de todas las energías posibles, para continuar con una eficaz defensa del Estado de Derecho”. Antes de adentrarse en la renovación, Lesmes ha querido centrar especialmente su discurso en la independencia judicial y en defender la sentencia del Supremo sobre el 1-O tras los posteriores indultos. “La justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”, ha ahondado. “Por ello”, ha continuado, “es mi deber reivindicar hoy, una vez más, la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento”. Esta idea la ha ilustrado así: “Sirva de ejemplo lo ocurrido recientemente, con ocasión del ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado determinados dirigentes políticos condenados por este Tribunal Supremo, cuando se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”. “Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”, ha remachado.