POLÍTICA
03/03/2020 13:59 CET | Actualizado 03/03/2020 15:07 CET

Ley de Libertad Sexual: El Gobierno da el primer paso para llevar el 'solo sí es sí' al Código Penal

"Es una ley del movimiento feminista, que ha peleado de forma insistente en las calles", ha señalado Irene Montero.

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Por fin. El ‘solo sí es sí’ llegará a la legislación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Órgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero. Una ley que plantea la reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. Se trata de una de las grandes reivindicaciones del movimiento feminista durante los últimos años. 

“Es la ley del movimiento feminista, que ha peleado de forma insistente en las calles permitiendo que iniciemos esta tramitación de una ley que permitirá la mayor protección de los derechos de las mujeres”, ha aseverado la ministra de Igualdad Irene Montero

La propuesta está sobre la mesa desde el polémico caso de ‘La Manada’ de San Fermín de 2016, que condenó a los cinco acusados por un delito de abuso por una violación múltiple de una joven durante los Sanfermines de 2016 ―si bien posteriormente el Tribunal Supremo elevó las penas al sentenciar que fue una violación―. Esta ley pondría en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima. De esta manera, no sería necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión.

“Todos los días vemos cómo se niega la existencia misma de la violencia de género y se menosprecia colectivos que combaten esta lacra”, ha señalado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras anunciar la aprobación del anteproyecto, en vísperas de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Prisión para quien atente contra la libertad sexual

“Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”, se recoge en dicho texto, según han informado fuentes de Igualdad.

De acuerdo a la propuesta de Igualdad, se castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual “que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”, e incluye como delito leve el denominado “acoso callejero”. Las condenas por violaciones irán desde los 4 a los 10 años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más.

Desde Igualdad apuntan que se añaden “mejoras” en otros delitos contemplados en el Convenio de Estambul, como es el caso del delito de acoso sexual, con penas de 3 a 7 meses o multa, de 6 a 12 meses, y máximo 24 en los casos más graves. También se incluye como delito leve el conocido como acoso callejero, con pena de localización permanente y trabajados comunitarios hasta un mes, o bien, multa.

Un “referente internacional”

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Irene Montero ha asegurado que, con esta ley, España “vuelve a ser un referente internacional” en cuanto a legislación sobre violencia de género. “Protege a todas las mujeres de agresiones y violencias sexuales”, ha señalado, “poniendo el foco en la prevención, sensibilización, reparación de las víctimas, no repetición o acompañamiento”. 

En cuanto al Código Penal, se trata de reformarlo “para introducir como delitos sexuales cosas como la transmisión voluntaria, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la eliminación de la diferencia entre abuso y agresión”, ha señalado. 

“Incorporamos una red de recursos especializados que pueden atender a las víctimas en todas las fases del proceso y que se encargan de cuidar a las mujeres víctimas”, ha asegurado Montero. También se dará “asistencia jurídica gratuita y sensibilización para toda la sociedad”. 

El anteproyecto ahora debe remitirse a los órganos consultivos para su evaluación y, posteriormente, la norma deberá volver a ser aprobada como proyecto de Ley en Consejo de Ministros y llegar al Congreso para su tramitación parlamentaria. 

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