Infancias truncadas
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Hace tan solo unos días fallecía en Sabiñánigo, la ultima niña a consecuencia del maltrato perpetrado por uno de sus cuidadores. No ha transcurrido ni un mes desde el fallecimiento en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla de un bebé de siete meses por presuntos malos tratos físicos.
Justo hace ahora 10 años moría en Londres Peter Connelly, más conocido como "Baby P", un bebé de 17 meses, debido a los golpes propinados por sus propios padres. Este caso y otros casos similares, provocaron un gran revuelo en el Reino Unido no solo por la brutalidad del maltrato frente a niños tan pequeños, sino sobre todo por la inoperancia de los servicios públicos dedicados a la protección infantil, tanto los servicios sociales, como los servicios de salud, educación, policía o justicia.
La profesora de Política Social de la London School of Economics and Political Science, E.Munro, ha realizado varios estudios precisamente sobre estos casos en que los niños terminaron muriendo o con graves secuelas a consecuencia del maltrato de sus padres o cuidadores, al objeto de comprobar realmente en qué fallaron los distintos sistemas de protección infantil. De los 45 casos estudiados llegó a la conclusión de que el 75% de ellos se podrían haber evitado. Es decir al menos 33 niños podrían haber vivido o evitado las graves secuelas para su salud. Estudios posteriores en nuestro propio país y con diferentes metodologías, hemos llegado a conclusiones similares (Arruabarena, M.I. 2011; Molina, A. 2012 ). Lo más interesante de todos estos estudios es que es posible evitar que muchas de estas situaciones se vuelvan a producir, es decir evitar la muerte, o el daño grave de muchos niños y niñas.
Aún desconocemos si estos dos últimos casos ocurridos en España se encuentran dentro del grupo de casos que se podrían haber evitado, pero si conocemos que medidas se deben implantar para evitar la muerte o el daño innecesario en muchos niños y niñas.
La primera y mas urgente medida, tiene que ver con la organización y los recursos directos dedicados a la protección de la infancia, los cuales en muchos casos se encuentran sobrecargados, con equipos poco dotados, con escaso tiempo y tomando decisiones bajo gran presión. Entre las medidas más eficaces se encuentra la disposición de instrumentos que permitan a los profesionales distinguir de forma objetiva las situaciones de riesgo y desprotección grave y poder tomar las decisiones más adecuadas. Desde hace tiempo algunos países y comunidades, como Andalucía o El Pais Vasco, disponemos de instrumentos tremendamente útiles. Pero su uso exige profesionales bien formados y que le puedan dedicar el tiempo necesario.
La segunda medida tiene que ver con la implicación de todas las personas que tienen relación con la infancia en su trabajo diario (educadores, personal sanitario, policías, agentes comunitarios, etc) , a la hora de detectar, intervenir desde su propio ámbito y notificar aquellas situaciones que puedan suponer un grave riesgo para la protección de todos estos niños y niñas. Lógicamente para esto no basta con la sensibilización, es imprescindible capacitar a todos estos profesionales para detectar y evaluar de forma adecuada las situaciones de riego o maltrato y dotarlos de estrategias de intervención.
Y por último o probablemente lo primero en el orden lógico, tiene que ver con el lugar que ocupa la infancia en las políticas de nuestro país. Aquellas sociedades que colocan a su infancia, a sus niños y niñas, en el centro de sus políticas son las que obtienen mejores resultados, no solo en el bienestar de los propios niños, sino que también obtienen los mejores datos de bienestar y prosperidad de la sociedad en general. A fin de cuentas son los niños y niñas de hoy los que garantizaran la prosperidad de nuestra sociedad mañana. Desgraciadamente nuestro país no se ha caracterizado históricamente por priorizar a su infancia en sus políticas, como demuestran una y otra vez los datos de cualquier informe al que acudamos. El último de ellos publicado recientemente por Unicef y referido a los niños en los países ricos (Los niños y los objetivos de desarrollo sostenible en países ricos), nos vuelve a colocar en posiciones de cola en muchos de los objetivos de desarrollo, como la pobreza o la reducción de las desigualdades.
Como se recoge en el último informe elaborado por el Consejo Europeo, junto a la organización internacional Wilton Park, titulado Proteger a los niños de la violencia: próximos pasos para estrategias eficaces, "La sociedad en su totalidad es responsable de proteger a los niños y luchar contra la violencia en la infancia". Los principales partidos políticos se acaban de comprometer ante el Congreso de los Diputados a luchar contra la violencia hacia la infancia, esperemos que no tarden en materializar sus compromisos.
