Laura Díez, la exalto cargo de Moncloa que aterriza en el Constitucional

El Gobierno se ha cansado y ha movida ficha. Por ello, ha elegido a la exdirectora general de Asuntos Constitucionales de Moncloa Laura Díez Bueso (Barcelona, 52 años) —junto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo— como magistrada del Tribunal Constitucional.

Esta decisión prometía remover las aguas en un proceso ya de por sí delicado, y así ha sido. Antes incluso del nombramiento, que se realizará este martes en la reunión del Consejo de Ministros, el vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, ya ha dejado claro la opinión de su partido al decir que “no son idóneos” porque les considera “enviados del Gobierno” para “colonizarlo”.

Mientras el perfil de Campo es ya conocido, sobre todo por ser el encargado de tramitar los indultos aplicados a los líderes independentistas del procés durante su etapa como ministro de Justicia, la carrera de Díez se ha desarrollado más apartada del foco mediático.

Es catedrática de Derecho Penal y jurista con una amplia trayectoria académica que, sin embargo, tampoco ha estado ajena a la política. Hasta el pasado abril ocupó el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y coordinadora jurídica del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Entre 2018 y 2020 pasó por el puesto de directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad .

Antes, entre 2002 y 2004, había sido asesora del Gobierno de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña y, durante los seis años siguientes, adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña.

Como docente, ha desarrollado su labor desde 1992 en todos los niveles académicos principalmente en la Universidad de Barcelona, pero también en otras universidades del Estado y extranjeras. Además del campo del Derecho, también ha ejercido la docencia en otros grados como Ciencias Políticas y de la Administración, Comunicación Audiovisual, Administración y Dirección de Empresas o Gestión y Administración Pública.

En el portal del Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña, del que es vicepresidenta desde mayo de este año, se indica además que es experta en derechos humanos del Crisis Bureau’s Deployment Mechanism de la ONU desde 2016, y ostenta la categoría de International Expert in Human Rights.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez procederá a resolver así los nombramientos sin esperar a que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado en este asunto por el sector conservador de sus jueces, determine las personas que ocuparán las otras dos vacantes que le corresponde renovar.