POLÍTICA
02/02/2020 10:33 CET

Los planes del Gobierno para que lleguen más inmigrantes

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, calcula que España necesita una media de 270.000 migrantes anuales.

Luis Davilla via Getty Images
Un inmigrante de origen senegalés trabajando en Madrid.

Sin inmigrantes, la Seguridad Social no subsistirá. España, según las predicciones de los expertos, necesita una media de 270.000 extranjeros al año hasta 2050 para que el corazón del sistema de cotizaciones no se pare.

El ministro del ramo, José Luis Escrivá, lo apuntó en París la semana pasada: “La inmigración no es sólo un problema humanitario, sino una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad de las pensiones”. 

Escrivá, economista de prestigio, conoce bien los cálculos para salvar el sistema público, porque los ha coordinado durante su época al frente de la Airef (Autoridad Independendiente de Responsabilidad Fiscal), el organismo que debe velar por el rigor fiscal y a cuyos estudios remite ya su equipo al frente de la cartera.

Ahora se ha llevado al ministerio esas cuentas y, desde su nuevo cargo, tratará de implementar medidas que eviten que el envejecimiento de los españoles ponga en aprietos el crecimiento del país. “La mejora de la natalidad es un factor importante, pero en absoluto suficiente: la inmigración es el factor decisivo”, advierte la Airef. 

España es uno de los países europeos con políticas migratorias más favorables según el propio equipo que dirigió Escrivá, que usa datos de Eurostat, la agencia europea de estadística. Entre 2013 y 2016, el porcentaje de residentes no comunitarios que se hicieron con el DNI español fue del 6,27%. Solo en Irlanda, Suecia, Holanda, Portugal y Noruega fue mayor. 

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Naturalizaciones de extranjeros no comunitarios entre 2013 y 2016.

Por ello, la Airef recomendó que se debe “mantener la flexibilización de los últimos años [en las políticas públicas] para favorecer las entradas de trabajadores”. No obstante, fuentes del ministerio aseguran a El HuffPost que ya se está trabajando para “moldear algunas situaciones”. “Se contempla revisar el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura, pero algunos cambios involucran varios ministerios, como Interior”, precisan estas fuentes.

Desde UGT aclaran que no solo hacen falta mas cotizantes, sino más empleo de calidad con el que se cotice más. “Debe haber un equilibrio entre calidad y cantidad”, cuenta a El HuffPost Ana María Corra, responsable de Migraciones del sindicato, quien añade un aviso: “Los inmigrantes no vienen a sostener nuestro sistema, contribuirán a mantener también su sistema. No hay que mercantilizar el trabajo”. 

 “No se han abierto nuevos canales de inmigración legal”

La investigadora del Real Instituto Elcano Carmen Enríquez sostiene que “no se han abierto nuevos canales de inmigración legal”. Y apunta directamente al Catálogo, al que considera obsoleto. “En teoría, debería ser la principal vía legal para la llegada de inmigración regular. Pero desde la crisis tiene un listado muy estrecho de profesiones para las que estaría justificada la llegada de nuevos inmigrantes”.

En el Catálogo están recogidos, sobretodo, oficios vinculados a la marina como frigorista naval, calderetero o mayordomo de buque, y al deporte profesional. “Eso muestra que no se está cumpliendo el papel que se le asignó en su creación en 2004”.

Esta experta se pregunta cuál es la vía de entrada si la nueva migración no se acoge al catálogo. “En el caso de los comunitarios, que representan un 28% del total de la población inmigrante, el derecho a la libertad de movimiento y residencia facilita la migración”, explica. 

La reagrupación familiar puede explicar una parte del aumento en el número total de inmigrantes

¿Y para los no europeos? “La reagrupación familiar puede explicar una parte del aumento en el número total de inmigrantes. Durante el año 2017 se concedieron un total de 65.000 nuevos permisos de residencia a inmigrantes no comunitarios y la mitad de ellos (33.000) corresponden a reagrupaciones familiares”, aclara Enríquez.

En España, la nacionalidad se obtiene tras 10 años de residencia, 5 años en el caso de los refugiados, 2 para los nacionales de países iberoamericanos (incluido Brasil) o personas de origen sefardí y 1 año para algunos casos especiales, como los cónyuges de ciudadanos españoles. Una vez la consiguen, muchos inmigrantes dan el paso de traer a su familia para reunirla. Eso es la reagrupación.

No obstante, organismos como el Consejo de la Juventud de España instan al Gobierno a facilitar la obtención y renovación de permisos de trabajo, permitiendo que los inmigrantes, exiliados, refugiados y desplazados, puedan moverse con mayor facilidad en distintos sectores laborales y territoriales y ejercer su actividad con todos los derechos.

Un goteo incesante de llegadas

En el primer semestre de 2019 llegaron 309.874 inmigrantes, pero salieron 104.196. Lo que deja el saldo, según el Instituto Nacional de Estadística, en 205.678. Además, hay que sumar las llegadas irregulares de las que el Ministerio del Interior hace un balance quincenal aproximado: 32.513 en todo 2019. Y eso que el Gobierno de Pedro Sánchez trazó un plan para controlar y frenar las llegadas irregulares.

Los inmigrantes ya son 14% de la población española y la quinta parte de quienes tienen entre 25 y 49 años. Son más porque el mercado de trabajo se está recuperando tras la crisis de 2008, aunque el paro sigue siendo mayor entre los extranjeros (19,34% frente a 13,11% de media a finales de 2019).

Enríquez traza algunas líneas maestras de la evolución de los inmigrantes en España: “Tras un período de intenso crecimiento, en el que el país recibió un saldo neto de más de 6 millones de migrantes, la crisis económica produjo un descenso en las llegadas y un aumento de su retorno a los países de origen o su traslado a terceros países”, explica. 

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Evolución de la población extranjera en España.

Esta situación se sumó la salida de jóvenes autóctonos. Aunque esta circunstancia “fue pequeña tanto en volumen como en duración”. Se limitó a los cuatro años que discurrieron entre 2012 y 2016. “Desde 2017, España vuelve a tener saldos migratorios positivos. Inmigran más personas que las que se van; un proceso vinculado a la recuperación del empleo”.

Eso, un trabajo, es el objetivo de quien llega y del Gobierno. Más cotizaciones, más seguridad. Especialmente si, como señala la Airef, la población nacional en edad de trabajar creció entre 2001 y 2017 un 3%, pero caerá previsiblemente un 9% entre 2018 y 2050.

Punto de encuentro de tres continentes para ganarse la vida

El grueso de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en situación de alta a 20 de enero de 2020 tiene DNI europeo: 837.494. Les siguen los centroamericanos y sudamericanos (543.339), donde destacan ecuatorianos (71.650), colombianos (74.646) y venezolanos (66.862). Los africanos son el tercer bloque más numeroso (390.739) y, dentro, los marroquíes son la inmensa mayoría: 264.617.

El 36,5% de quienes desempeñan en el régimen especial de Empleados del Hogar son inmigrantes. Una cifra que se dispara hasta el 57,7% en el régimen especial Agrario. El sindicato no duda en que ambos son dos de los sectores “menos atractivos” para la población autóctona.

Para la representante de UGT, estas cifras desmienten “el bulo” de que los inmigrantes están quitando el empleo a los nacionales. “La realidad es que están ocupando nichos de empleo que rechaza la población autóctona”.

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Extranjeros afiliados a la Seguridad Social por continente.

Con estos datos encima de la mesa, el sindicato UGT inició la campaña #TrabajaLibreDeBulos para eliminar prejuicios sobre la integración laboral de los inmigrantes en España. “Cada vez circulan más por las redes sociales, alentados desde la extrema derecha con la complicidad inexplicable de algunas fuerzas democráticas” explicó Ana María Corral, quien ofreció datos recogidos por la Administración. ¿Los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles? 

“Sin la población extranjera, habría menos ingresos por cotizaciones e IRPF”, zanja UGT. Lo sostienen los datos: la cifra que entró en la Seguridad Social por cotizaciones sociales en 2018 ascendió a 108.300 millones de euros. Si se restara la aportación de los trabajadores extranjeros se perderían casi 11.000 millones (9,9%).

Y otro tanto ocurre con el IRPF. Las arcas del Estado se llenaron en 2018 con 82.859 millones de euros por esta vía. Sin los inmigrantes se hubiera quedado en 78.300 millones.

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Ingresos de la Seguridad Social en 2018.

Son cifras importantes para un país que dedicó en los presupuestos de 2018 el trozo más grande de la tarta al gasto social: 185.154 millones de los 328.000 que gastó el país. El grueso, en pensiones contributivas (127.269 millones) y en desempleo (17.702).

Las cotizaciones de los extranjeros suponen, por tanto, casi el 65% del gasto en prestaciones por desempleo. Y el nuevo Gobierno abre las puertas del mercado laboral a los inmigrantes. No solo en España. Escrivá insistió en la capital francesa en que “todos los países europeos van a necesitar de la migración”.

Eso sí, los flujos migratorios deben ser legales y ordenados: “Hay que analizar las migraciones, conocer sus mecanismos y ordenarlas para establecer políticas migratorias legales, reguladas, seguras e inclusivas”, aclaró el ministro. En la misma línea apuntan desde UGT quien recomienda al Gobierno a aprender de los errores del pasado.

“Durante la crisis, muchos inmigrantes se fueron de España, porque no conseguimos fijarles. Al final, el grueso de los extranjeros trabaja en construcción, hostelería, servicios domésticos y agricultura, los más hostigados por la destrucción. Y no servirá de nada si llega otra crisis y se destruye el empleo que ocupan. Deben acceder a mejor empleo”, dice Corral.

Un reto total

El reto es total porque, como apuntó Escrivá, “en España convergen todas las formas de migración—la de origen, la de tránsito, la de destino, la estacional y la de retorno—. El Gobierno, añadió, está impulsando una visión integral de los movimientos migratorios que va desde “el compromiso en la lucha contra las causas profundas de la salida de emigrantes de los lugares de origen a la plena inclusión de los emigrados en la sociedad española”.

Una inclusión que pasa por su contribución al sostenimiento de la jubilación de la generación del baby boom. Al final de esta Legislatura comenzarán a llegar a los 65 años quienes nacieron entre finales de los años cincuenta y sesenta del siglo XX.

Llegar a ese momento con el déficit que padece actualmente el sistema de pensiones (más de 18.000 millones) es todo un reto para el que Escrivá también ha pensado soluciones más allá de la inmigración. “Cerraré rápidamente el déficit de la Seguridad Social”, dijo.

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