¿Más cerca de una tasa Google mundial?

La llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos ha significado un giro de 180 grados en la mayoría de decisiones adoptadas por su antecesor. En el ámbito de la fiscalidad, la reciente retirada de la oposición estadounidense a la posible exacción de un impuesto global a las empresas tecnológicas —la conocida como tasa Google— vuelve abrir la puerta a un posible acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que permitiría un mayor reparto mundial de los impuestos sobre sus beneficios.

Hasta ahora, las empresas de servicios digitales que operan en internet, aprovechándose de que no disponen de sedes ni establecimientos en los países donde operan, declaran la mayor parte de sus beneficios únicamente en el país en el que deciden tener su domicilio fiscal, al ser éste el principal requisito que obliga a tributar en una determinada jurisdicción.

El objetivo del nuevo impuesto mundial es que dichas empresas pasen a tributar en todos aquellos países en los que realicen actividades y no sólo en el país dónde han situado su sede. La fórmula propuesta es el establecimiento de un gravamen global sobre el total de sus beneficios cuando superen determinada rentabilidad media. Posteriormente, la distribución de lo recaudado entre los países dónde residan sus usuarios o clientes en función del porcentaje del volumen de negocio que representen cada uno.

La administración de Donald Trump había conseguido paralizar dicho acuerdo mediante su petición de introducir la cláusula de puerto seguro, gracias a la cual las empresas afectadas tendrían el derecho de aceptar voluntariamente la fórmula señalada. Esto era inaceptable para el resto de países ya que, en la práctica, dejaría sin efectos al nuevo impuesto al no ser de obligado cumplimiento. El cambio de posición de la nueva administración estadounidense facilita la consecución de un acuerdo que los más optimistas predicen para el mes de junio de este mismo año.

No obstante, el acuerdo no será tan fácil ya que, aunque ahora todos los países coincidan con el planteamiento general de esta reforma, lo cierto es que aún falta consensuar cómo se determinarán las empresas que se verán afectadas, a partir de qué importes y, especialmente, cómo se distribuirá lo recaudado entre los países beneficiarios. Sin acuerdo en los detalles, el acuerdo en el marco general, si bien es necesario, no resulta suficiente.

Además, este acuerdo no solo comportará la imposición de un impuesto digital a nivel mundial, sino que también pretende la fijación de un tipo mínimo e igual del impuesto de sociedades para todos los países, que permita combatir la deslocalización de las empresas por motivos fiscales y asegurar así unos mínimos ingresos para todos ellos. Sin duda, se trata de una reforma fiscal internacional ambiciosa y que tendría que servir para poner fin al actual desgobierno de la fiscalidad del comercio internacional.

Asimismo, la llegada de la tasa Google mundial supondrá el fin de los impuestos sobre servicios digitales que ya existen en algunos países, entre ellos España, y que fueron aprobados unilateralmente precisamente por la tardanza en alcanzar un acuerdo internacional sobre esta materia. Con su desaparición, también se espera que desaparezcan los conflictos comerciales y aduaneros entre Estados Unidos y dichos países, así como las sanciones impuestas tras su proliferación.

En todo caso, mientras las multinacionales tecnológicas siguen anunciado beneficios récords, la mayoría de los países siguen viendo como tales beneficios no revierten en sus territorios a pesar de ser allí dónde se generan. Y es que, aunque le llamen nueva economía, lo cierto es que las ganas de algunos de ganar el máximo pagando pocos o ningún impuesto son las de siempre.