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12/09/2019 07:21 CEST | Actualizado 12/09/2019 07:21 CEST

Por la libertad lingüística

La política lingüística impulsada en el País Vasco incluye discriminaciones, abusos y una enorme cantidad de dinero público.

Sofia Moro via Getty Images
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La semana pasada tuve la suerte y el honor de participar en la magnífica Jornada sobre Convivencia Lingüística organizada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona, donde no faltaron buenos argumentos sobre la cuestión, y donde se produjo el tipo de debate que alumbra buenas ideas y propuestas. Mi misión, como ponente de una de las mesas, era explicar a los presentes el modelo lingüístico vasco. 

Lo primero que hice fue enunciar los principios que considero deben ser aplicados en relación a cualquier tipo de política lingüística, sea en el País Vasco, en Cataluña o en cualquier otro lugar. Como hubo quien los publicó en Twitter, estuvimos entretenidos todo el fin de semana leyendo algunos de los ladridos e insultos que los más extremistas del lugar nos dedicaron, lo cual nos confirmó el fanatismo que muchos nacionalistas vascos y catalanes padecen.  

Sea como fuere (y se pongan como se pongan), defendí: 

  • Que las lenguas son para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas. 
  • Que las lenguas no tienen derechos; somos los ciudadanos quienes tenemos derechos que deben ser protegidos, incluidos los derechos lingüísticos. 
  • Que ninguna lengua tiene el derecho a provocar hablantes forzosos para perpetuarse (y si la aplicación de dicho principio implica la desaparición de alguna de las lenguas existentes, no me incumbe, ya que las lenguas perduran si son útiles y desaparecen si dejan de serlo, y lo que es inaceptable es su imposición gratuita y por las bravas a nadie). 
  • Que, salvo en el ámbito de la Administración, no existe el derecho a responder en euskera a quienes nos hablan en euskera (o en cualquier otra lengua); sin embargo, es habitual escuchar a estas personas que quieren vivir en euskera (euskeraz bizi nahi dugu) denunciar como una agresión que quieran vivir en euskera y no puedan. Ellos entienden este hecho como una agresión de quienes no hablan en euskera a quienes sí lo hablan. La Administración autonómica o local, sin embargo, sí debe atender a los ciudadanos en cualquiera de las lenguas oficiales. 
  • Que los ciudadanos vivos de hoy no somos responsables de lo que hiciera Franco durante la dictadura. Es decir, no puede ser que se nos argumente que como tal lengua fue prohibida o perseguida durante el franquismo, ahora se trata de recuperar el terreno perdido e imponerla a la sociedad actual a costa de nuestros derechos y caiga quien caiga. No hay justificación para tal cosa. Una injusticia no puede corregirse con otra injusticia. 
  • Que las lenguas tienen dos tipos de enemigos: quienes las prohíben y quienes las imponen. 

La existencia de más de una lengua oficial en una determinada región supone o puede suponer un problema. Así, la existencia en Euskadi de dos lenguas cooficiales, euskera y castellano, implica una problemática a solucionar o encauzar. Exige activar las políticas necesarias para que este problema no limite ni vulnere los derechos de los ciudadanos. Exige aplicar políticas lingüísticas que protejan los derechos lingüísticos. 

La realidad sociolingüística vasca es singular: existen diferentes realidades sociolingüísticas, en función de la zona del País Vasco donde nos encontremos. La Gipuzkoa profunda es eminentemente euskalduna mientras que Álava es mayoritariamente castellanohablante. Existen zonas donde el euskera se encuentra muy arraigado y zonas donde nunca en la historia se habló. En Bilbao y en Vitoria apenas se habla. San Sebastián es la capital donde más se utiliza. Además, no es el mismo euskera el que se habla en Bizkaia que el que se habla en Gipuzkoa, ni el que se habla en Tolosa que el que se habla en Azpeitia o Azkoitia. Por eso se creó el batua (unido), con el objetivo, no de favorecer o proteger la diversidad lingüística existente en Euskadi sino de que los ciudadanos se entendieran (en un mismo euskera oficial). Por lo demás, la mayor parte de los ciudadanos que residen en Euskadi tienen el español como lengua materna, que es la lengua que conocemos todos y en la que se desarrollan la mayor parte de las conversaciones.  

La política lingüística impulsada en el País Vasco incluye discriminaciones, abusos y una enorme cantidad de dinero público.

El Estatuto de Gernika define al euskera como lengua propia del Pueblo Vasco, a pesar de que dicho Estatuto fuera aprobado en un momento donde apenas un 15 o un 20% de personas lo hablaban; de ese modo, se iguala al castellano a través de su cooficialidad. Es posiblemente este hecho, la oficialización del euskera, lengua minoritaria en la comunidad autónoma vasca, el hecho fundamental que da inicio al proceso de “normalización lingüística”. Y más que para regular el uso de las lenguas oficiales efectivamente habladas en nuestra región, para corregir la realidad sociolingüística y hacerla coincidente con el proyecto nacionalista. No ignoro que existen muchos militantes del euskera bienintencionados a los que les apasiona dicha lengua (yo mismo la aprendí con gusto)… pero tampoco que la pretensión del nacionalismo es crear una identidad diferenciada del resto de España a través de la política lingüística.

Se ha pretendido y se pretende, a través de determinadas medidas, que la sociedad vasca conozca y use el euskera. Y, aunque los propósitos de cada uno de los ciudadanos y de los gobernantes son diversos, gran parte de los ciudadanos y gobernantes nacionalistas desean que la extensión del conocimiento y uso del euskera sirva al fomento de una identidad vasca diferenciada de la española, para la construcción política de la Gran Euskal Herria (incluyendo al sur de Francia y Navarra) y, finalmente, si los números cuadran (para otros, los más fanáticos, no hace falta que los números cuadren), ejercer el derecho a la autodeterminación y alcanzar la independencia. El euskera les sirve, por tanto, para crear identidad: “Si hablamos todos el mismo idioma, creamos una identidad distinta a la del resto de España. Si tenemos una identidad propia, somos un pueblo. Si somos un pueblo, tenemos derecho a la autodeterminación”. 

La política lingüística impulsada en el País Vasco, que incluye discriminaciones, abusos y una enorme cantidad de dinero público destinado desde el inicio de la democracia ha gozado, en general, del apoyo mayoritario de las fuerzas representadas en el Parlamento Vasco. Y aunque hubo momentos en que responsables políticos alzaron la voz (yo mismo lo hice durante casi ocho años en el Parlamento Vasco) para denunciar semejantes injusticias, no es esta una cuestión que hoy día ocupe las páginas y las ondas de nuestros medios. En ese sentido, en Cataluña el asunto es mucho más candente, y existe una militancia activa contra la inmersión lingüística en catalán, sistema a todas luces injusto e inconstitucional.  

Existen tres modelos lingüísticos en el País Vasco: 

    • Modelo A. El castellano es la lengua vehicular y se estudia el euskera como asignatura. Casi inexistente en Infantil (4%) y Primaria (6%), minoritario en la ESO (11%), relevante en Bachillerato (39%) y mayoritario en Formación Profesional (74%). 
    • Modelo B. El castellano y el euskera son lenguas vehiculares para cada mitad de las asignaturas, aunque en la práctica se ha terminado convirtiendo en modelo D. Matriculaciones: Infantil (19%), Primaria (24%), ESO (26%), Bachillerato (1%) y FP (1%). 
    • Modelo D. El euskera es lengua vehicular y en castellano o española solamente se estudia la lengua castellana. Matriculaciones: Infantil (76%), Primaria (71%), ESO (63%), Bachillerato (60%) y FP (25%).  

La problemática actual se divide en dos injusticias distintas pero que se retroalimentan:

  • La falta de libertad plena para elegir modelo lingüístico. En la práctica, la oferta del modelo A (español, lengua vehicular) es muy reducida en todo el País Vasco e inexistente en muchas partes. Y allá donde existe demanda, no se atiende como se debería. En muchos casos, se presiona a los padres y madres que eligen el modelo A, tal como lo atestiguan decenas de denuncias. Llamadas telefónicas, “recomendaciones”, “consejos” o actitudes paternalistas al servicio de la ideología nacionalista: “No matricule a su hijo en el modelo A porque no aprenderá euskera, y el euskera es indispensable para poder trabajar”. La realidad es que quien quiere que sus hijos estudien en castellano deben superar una serie de obstáculos… muchas veces insuperables. Y los poderes públicos no eliminan dichos obstáculos sino que los mantienen. Para ahorrarse estos problemas, se termina matriculando a los hijos en el modelo D aunque sea el aula el único lugar donde esos niños y niñas van a utilizar el euskera.
  • La sobrevaloración del euskera en la Administración Pública Vasca. Se exigen conocimientos lingüísticos en euskera excesivos para los diferentes puestos de la Administración. Es decir, se exige saber euskera para cubrir puestos donde el euskera no es necesario para realizar perfectamente la tarea. Las relaciones de puestos de trabajo, en lo que se refiere a su perfil lingüístico, no responden a un criterio técnico sino a uno estrictamente político. Así, se exige conocer el euskera en puestos de trabajo donde no se necesita, nunca se ha hablado, no hay contacto con euskaldunes y no se requerirá tampoco en el futuro. Este hecho ha provocado y provoca grandes injusticias en todos los sectores de la Administración, donde individuos de todas las corrientes ideológicas se ven obligados a aprender un idioma tan complicado como el euskera para poder mantener su puesto o acceder a él. O a marcharse fuera del País Vasco en busca de un futuro mejor. Lo que provoca que miles de ciudadanos sobradamente preparados se queden fuera de la Administración, lo que lleva a un empobrecimiento de la misma. 

Estos dos hechos se han mantenido invariables en el tiempo. Y, por cierto, en ninguno de los dos puntos hubo cambio político cuando el PSE-PSOE, con Patxi López, gobernó en el País Vasco (2009-2012), con el apoyo del PP. Lo que, por cierto, llevó a que miles de ciudadanos arrojaran definitivamente la toalla.  

En general, quien critica esta forma de proceder y reivindica sus derechos ciudadanos, es acusado por los principales partidos políticos de ser enemigo del euskera. En la sociedad se entiende perfectamente esta crítica porque además son muchos quienes sufren o han visto sufrir a otros estas políticas lingüísticas de imposición; sin embargo, no puede esperarse ningún gesto de indignación demasiado visible. Es más habitual defender estas políticas de imposición lingüística y sumarse, muchas veces con desgana, a determinados comportamientos sociales en relación al uso del euskera. Así, es habitual que se anime o se obligue públicamente a los niños a utilizar el euskera, que se asuma que determinadas actividades públicas para los más pequeños serán íntegramente en euskera, que los abuelos y las abuelas aprendan euskera para comunicarse con sus nietos y nietas o que se asiente con la cabeza cuando nos encontramos con alguien que exige más medidas a favor de la normalización lingüística. Las medidas favorables al euskera son perfectamente respetables… siempre que no supongan una imposición para quien libremente prefiere utilizar el castellano. 

Lo importante es qué decimos y que nos entiendan, no tanto en qué idioma nos expresamos.

A pesar de todo, estas políticas no están suponiendo grandes avances prácticos. Sí es cierto que el conocimiento del euskera ha avanzado mucho en los últimos 25 años (incremento del 20% al 55%); sin embargo, su uso apenas lo hace o lo hace menos (del 15% al 25%). Y es habitual que los niños, sobre todo los que habitan en círculos castellanohablantes, se nieguen a expresarse en euskera, en parte porque la consideran una lengua de uso exclusivamente escolar o académico. Por otro lado, las consecuencias de educar en euskera a niños y niñas cuya lengua materna es el castellano y viven en un entorno mayoritariamente castellano… las veremos dentro de unos años. 

Para terminar, planteo algunas recomendaciones, ya que el modelo lingüístico más apropiado no lo tengo. Peo sí tengo claro:

  • Que debe garantizarse la libertad lingüística. Y que quien quiera estudiar en euskera (o en catalán en Cataluña) debe poder hacerlo y que quien quiera estudiar en castellano debe poder hacerlo también. Sin imposiciones ni presiones ni obstáculos de ningún tipo. 
  • Que la exigencia del euskera en los puestos de la Administración pública vasca debe adecuarse a las necesidades técnicas del puesto. Y que deben exigirse conocimientos en euskera allí donde efectivamente sea necesario. Del euskera o de la lengua cooficial de la región que sea. 
  • Que nuestros gobernantes quizás deberían tener en cuenta la trascendencia del español (y del inglés) en el mundo actual. Y que, sin que nadie se ofenda, así como el euskera tiene alcance limitado y el número de personas más con las que uno puede hablar cuando aprende euskera es prácticamente cero (salvo algunos habitantes del sur de Francia, todos los que saben euskera saben español), el español y el inglés nos conectan con medio mundo. Y conste que yo mismo dediqué años para aprender el euskera y que lo utilizo a diario. 
  • Que nuestros responsables políticos deben entender que las lenguas son para los ciudadanos y no los ciudadanos para las lenguas; que los derechos son de los ciudadanos, no de las lenguas; que las lenguas son instrumentos para facilitar la comunicación; y que ninguna lengua tiene el derecho a provocar hablantes forzosos para perpetuarse. 
  • Que lo importante es qué decimos y que nos entiendan, no tanto en qué idioma nos expresamos.

Y todo esto vale para cualquier lugar. Son mis principios en relación a la política lingüística. Y sientan mi apoyo todos los ciudadanos españoles que están defendiendo estos principios o semejantes frente a los atropellos lingüísticos que sufren a diario por parte del fanatismo nacionalista; especialmente, obviamente, en Cataluña.  

 

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