Una ley contra el despilfarro alimentario

Una ley contra el despilfarro alimentario

Esta etapa determinará si la ley finalmente supone un verdadero paso para reducir el despilfarro o se trata únicamente de cumplir el expediente.

Jose A. Bernat Bacete via Getty Images
Jose A. Bernat Bacete via Getty Images

“¿Que me contradigo?

 Sí, me contradigo. Y ¿qué?

 (Yo soy inmenso…

 y contengo multitudes)” 

( Extracto de “Canto a mí mismo”, Walt Whitman)

El pasado 11 de octubre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, anunció el anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Se trata de una noticia largamente esperada, e incluso me atrevería a decir de justicia: en un mundo en el que alrededor de 800 millones de personas pasan hambre, el despilfarro de alimentos es un fracaso en toda regla y resulta imprescindible contar un marco legislativo destinado a acabar con este sinsentido. 

No obstante, estamos solo en una fase preliminar, ya que como aseguró el propio ministro, la previsión es que la ley no entre en vigor hasta enero de 2023. Desde ahora hasta esa fecha se abre un proceso de negociación y debate con todos los actores involucrados en la cadena alimentaria. Esta etapa, que acaba de arrancar, determinará si la ley que finalmente se aprueba supone un verdadero paso para reducir el despilfarro de alimentos o se trata únicamente de una legislación para cumplir el expediente.

Como primer paso el Ministerio dio de plazo hasta el pasado 1 de diciembre para que todas las personas y organizaciones interesadas plantearan sus alegaciones y propuestas al texto incluido en el anteproyecto. Así pues, y durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre y el 1 de diciembre, activistas y organizaciones comprometidas contra el despilfarro de alimentos han organizado debates y charlas para evaluar el contenido del anteproyecto de ley y proponer modificaciones. Ha sido un proceso muy rico y participativo y en mi caso he tenido la suerte de conocer de primera mano el excelente trabajo de asociaciones y ONG como Enraiza Derechos, Despilfarro Alimentario o Encuentro y Solidaridad y de activistas como Cristina Romero o Carlo Stella. 

Esta etapa determinará si la ley finalmente supone un verdadero paso para reducir el despilfarro o se trata únicamente de cumplir el expediente

A continuación quiero destacar las cuestiones que me parecen más relevantes para garantizar que la futura ley realmente tiene un impacto en la lucha contra el desperdicio alimentario.

1. Necesitamos cuantificar la cantidad de alimentos que se despilfarran en todos los eslabones de la cadena alimentaria. En demasiadas ocasiones se pone el énfasis solo en los hogares, y nos olvidamos de las toneladas de fruta y verdura que se quedan (literalmente) en el suelo en huertos y zonas de cultivo, la cantidad ingente de productos que descartan las tiendas de alimentación y supermercados o el desperdicio que sucede en los restaurantes. Si no somos capaces de saber cuánta comida se despilfarra será muy complicado acabar con el problema. Este asunto, seguramente levantará suspicacias en la distribución y también en el sector agrícola, pero será fundamental que la ley promueva una medición fiable del desperdicio alimentario. No olvidemos que ya hace unos meses el informe The Food Waste Index Report 2021, señaló que en España no existen datos fiables de la comida que se derrocha.

2. Una vez tengamos un mejor entendimiento de la cantidad de alimentos despilfarrados, la ley ha de asegurar que se exigen compromisos y planes de acción contra el desperdicio a todos los actores de la cadena. En este sentido, el carácter coercitivo de la ley y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento será de vital importancia. Y eso significa que se han de asignar los recursos adecuados -humanos, legales, económicos- para llevar a cabo este seguimiento.

3. Deben crearse los incentivos adecuados para que el reaprovechamiento y donación de excedentes alimentarios -siempre que estén en buenas condiciones- pueda llevarse a cabo. Aquí hablamos de cuestiones fiscales; por ejemplo, que la donación de fruta y verdura en origen no sea gravada con IVA o que se regule el espigamiento. Pero también hablamos de los aspectos relacionados con la exención de responsabilidad para aquellas personas y entidades que cedan alimentos de buena fe (lo que se conoce como “Leyes del buen samaritano”).

4. Han de llevarse a cabo campañas de comunicación que expliquen a la ciudadanía el problema del despilfarro y que promuevan un consumo responsable: comprar fruta fea y de temporada, fomentar las recetas de aprovechamiento, aclarar las diferencias entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, etcétera.

5. Hay que llevar la lucha contra el despilfarro a los colegios. Necesitamos que las nuevas generaciones sean conscientes del problema. De hecho, y tal como sugieren muchos expertos, sería deseable incorporar a los programas educativos una asignatura sobre alimentación, en la que se hablara de desperdicio alimentario pero que también abordara cuestiones como la importancia de una dieta saludable.

6. En líneas generales, la ley debería promover el derecho a la alimentación frente a la mercantilización de los alimentos.

En todo caso, estas ideas que aquí destaco son solo algunas de las muchas mejoras que activistas y ONG han planteado al Ministerio. Confiemos en que todo el trabajo realizado en las últimas semanas sirva para que desde el Ministerio de Agricultura elabora una ley ambiciosa que ayude a acabar con el despilfarro de alimentos.

P:D: muchas gracias a José María Santos, Ana Sánchez y al resto del equipo de Despilfarro Alimentario por sus aportaciones en este texto.