Educación propone prohibir el uso del móvil en clase en Primaria y limitarlo en la ESO

El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades prohibir el uso del móvil en Primaria durante el horario lectivo y limitarlo severamente en la ESO. En concreto, únicamente permitiría su uso "cuando lo plantee el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera", idea que parece gustar a los consejeros autonómicos.

Así lo ha adelantado la ministra de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa al término de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada este miércoles, recalcando que se trata de unas conversaciones iniciales.

Alegría ha especificado que analizará este asunto a fondo con las comunidades autónomas y con el Consejo Escolar el próximo enero, adelantando, eso sí, que la propuesta ha sido bienvenida por todos los consejeros de Educación presentes en la reunión. Para entonces, la intención de las partes es lograr una "respuesta conjunta" porque "durante la pandemia fuimos capaces de hacerlo", ha añadido la responsable ministerial.

Se trata, en sus palabras, de "buscar una solución consensuada y adecuada por parte de todos para poder dar respuesta a esa preocupación que comparten las familias" respecto al uso de los teléfonos móviles. En sus declaraciones posteriores al encuentro, ha incidido en que esa preocupación existente en la comunidad educativa es "sobre todo social".

El debate ya ha llegado al Congreso (y a Andalucía)

No en vano, el debate no deja de crecer, como ha añadido Alegría, recordando que "la mayoría de las comunidades autónomas ya tienen su hoja de ruta y sus propios planes" al respecto.

Es el caso de Andalucía, que a comienzos de mes anunció la limitación de los móviles durante la jornada escolar, incluido el recreo y las actividades extraescolares, salvo casos "expresamente previstos", como recogía una instrucción emitida por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta.

Días antes, el Congreso de los Diputados recibía las firmas de más de 63.000 personas que pedían restringir su uso a menores de 14 años, alegando los efectos perjudiciales observados por los docentes en la atención y el desarrollo pedagógico de los alumnos.

La petición popular estuvo impulsada por la profesora toledana Ángela Sánchez-Pérez, junto a otra docente de Barcelona, Natalia Jiménez, tras unificar sus planteamientos. "No soy jurista, soy docente. Y hemos observado en el alumnado en los últimos años cosas muy graves que se tienen que conocer y limitar", explicaba la primera en la presentación de las firmas.