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15/01/2016 07:00 CET | Actualizado 15/01/2017 11:12 CET

No olvidemos lo importante

Hay un hecho muy grave que reúne las dinámicas de degradación laboral y de autoritarismo que han caracterizado la anterior legislatura: la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal para perseguir a las organizaciones sindicales y recortar el derecho de huelga, un derecho recogido en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas.

La realidad parlamentaria y los diálogos abiertos después de las elecciones del 20 de diciembre permiten pensar en una paulatina transformación política y social de España. La voluntad de cambio resulta necesaria después de que en los últimos años se haya creado una inercia grave de degradación laboral y una tendencia autoritaria a confundir e identificar de manera interesada la legítima protesta social con los desordenes y los altercados públicos.

El autoritarismo es una consecuencia más del intento de separación política entre la España real y la España oficial, entre la democracia participativa y la utilización sectaria de las leyes y las instituciones. El autoritarismo se comprueba en el uso partidista de los medios públicos de comunicación y en el espíritu de leyes como la de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que pone en peligro libertades fundamentales en una democracia.

Hay un hecho muy grave que reúne las dinámicas de degradación laboral y de autoritarismo que han caracterizado la anterior legislatura: la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal para perseguir a las organizaciones sindicales y recortar el derecho de huelga, un derecho recogido en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas.

En España numerosos sindicalistas están siendo perseguidos y condenados por participar en las huelgas convocadas por sus organizaciones. Uno de los casos más graves es el de los 8 trabajadores de AIRBUS a los que se le pide 8 años y 3 meses de cárcel por su participación en la jornada de huelga de 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía no se ha molestado ni en individualizar las responsabilidades de cada uno de los sindicalistas en un proceso lleno de irregularidades y que parece más una operación de castigo que un acto de justicia.

Las discusiones políticas y los acuerdos parlamentarios no deben encerrarse en sí mismas y desatender la realidad social. Hacen falta acuerdos que no olviden lo más importante: la dignidad laboral de un país y la defensa de las libertades democráticas.

Primeros firmantes: Pilar Bardem, Ana Belén, Juan Diego Botto, Victor García León, Luis García Montero, Almudena Grandes, Luis Landero, Benjamín Prado, Rafael Reig, Miguel Ríos, Isaac Rosa, Alberto San Juan, Marta Sanz, Rosana Torres, Víctor Manuel.

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