La estrategia destructiva de la derecha española

A lo largo de los últimos años hemos afrontado importantes desafíos: la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, la erupción del volcán, la Dana…Todas ellas adversidades sobrevenidas, que no han impedido al Gobierno progresista, liderado por Pedro Sánchez, demostrar que cumple y que su política económica funciona.

Crecemos casi el triple que la Unión Europea, la afiliación a la Seguridad Social está en cifras históricas, y el último coeficiente de Gini publicado nos indica el mejor dato de los últimos veinte años, con una mayor distribución de los ingresos y una menor desigualdad. Unos resultados económicos que enmiendan los malos pronósticos de la derecha española, dejan sin credibilidad sus recetas neoliberales y demuestran que las medidas adoptadas por el Gobierno han sabido compatibilizar protección y crecimiento económico. Una gestión económica gubernamental que da confianza a la economía a pesar de las dificultades, que todavía persisten, derivadas de las crisis vividas.

Ha caído el mito de que “gobiernos de derechas gestionan mejor” y el eslogan de “España se hunde” no ha calado. Esta debe ser la causa, y no otra, por la que el Partido Popular ha decidido desplegar sin límite todas las armas de oposición posible, hasta las más mezquinas e irresponsables, para desgastar y desprestigiar al Gobierno y al presidente, tanto en el ámbito político como en el personal. Una estrategia que no es nueva, viene de lejos: desde el “váyase Sr. González” de Aznar o el “deja caer España que ya la levantaremos nosotros” del gobierno de Rajoy. Ahora, quieren repetir jugada con el “quien pueda que haga”, después de la investidura fallida de Feijóo. Sus armas son acoso judicial y boicot parlamentario. Si ellos no gobiernan, no puede haber legislatura porque dicen haber ganado las elecciones. En cambio, sí puede haberla en las comunidades autónomas donde gobiernan sin ser la fuerza mayoritaria.

Según el portavoz popular, Miguel Tellado, la legislatura está muerta por lo que todo vale, hasta posicionarse en contra de importantes medidas urgentes y necesarias para nuestro país aunque, con ello, a quien acaben perjudicando sea a la ciudadanía. Es paradójico que haya grupos políticos que en lugar de exigir al Gobierno mejoras para la ciudadanía las boicoteen.

PP, VOX y JUNTS, con su voto negativo al decreto del Gobierno esta semana, han dado la espalda a los pensionistas impidiendo que sus pensiones se revaloricen conforme al IPC. Han desprotegido a los colectivos más vulnerables. Han eliminado descuentos y bonos gratuitos para usuarios del transporte público. Han dificultado que a los ayuntamientos y comunidades autónomas les llegue la financiación más actualizada posible. Y muy especialmente, han abandonado a los damnificados canarios y valencianos. Han impedido prorrogar el escudo de protección económico y social para aquellos trabajadores con centros de trabajo cerrados en La Palma por la persistencia de gases tóxicos. Y han boicoteado ampliar beneficiarios y plazos de solicitud en las ayudas Dana para atender la amplia heterogeneidad en la casuística de los afectados. Todo un despropósito.

No había ninguna medida en la norma que justificara el rechazo absoluto a la misma y, sin embargo, fueron capaces de hacer valer sus intereses partidistas por encima de dar seguridad jurídica, garantizar políticas sociales y económicas. Es evidente que el único chantaje que hay en este país es el protagonizado por la derecha, que andan contagiados por los aires trumpistas y se alejan peligrosamente de las políticas europeas referentes de progreso, igualdad y bienestar social.

La composición parlamentaria fue decidida en las pasadas elecciones generales. Y, con esta realidad fragmentada, estamos obligados a dar respuestas y soluciones. Cada grupo nos posicionamos y retratamos en cada votación y corresponderá al pueblo soberano juzgarnos en su momento. Cuando toque.

La existencia de un marco presupuestario prorrogado no es causa directa de convocatoria de elecciones, del mismo modo que no lo es, ni ha sido, allá donde gobierna el partido popular. Recordemos que el gobierno de Castilla y León concatenó hasta tres presupuestos prorrogados sin convocar elecciones.

Cabe enfatizar, además, que votar en contra del Real Decreto Ley no supone acabar con el Gobierno, lo único que supone es perjudicar directa y fulminantemente a muchas personas, empresas y administraciones públicas. Y, tan grande es el perjuicio generado, que por mucho que intenten o intentemos recuperar las medidas del decreto que días antes tumbaron, el mal ya está hecho.

Votar en contra de una mayoría social les deslegitima como partido de Estado y les invalida como alternativa de gobierno confiable. Se han desautorizado a sí mismos frente a un Gobierno progresista que, a pesar de la adversidad, ha cumplido y continuará cumpliendo con la mayoría social de este país, haciendo efectiva una política que funciona.