La reciente reforma del Reglamento del Congreso ha suscitado cierto debate, especialmente en torno a la supuesta intención de limitar la posibilidad de formular “preguntas incómodas” a los representantes públicos. Conviene aclararlo con rotundidad: el Congreso no ha regulado el contenido de las preguntas, ni se plantea hacerlo. El Parlamento no ha entrado ni va a entrar a valorar si una pregunta es pertinente o molesta. No hay ni un solo artículo, ni una sola línea, que limite la libertad de información. Lo que sí ha hecho —con plena legitimidad democrática— es definir unas normas de comportamiento y uso de los espacios comunes, tras la solicitud del propio colectivo de periodistas parlamentarios, frente a la irrupción de dinámicas ajenas a los principios básicos de la convivencia.

Por tanto, el debate no debería centrarse en la incomodidad que pueda generar una pregunta, sino en la calidad e inteligencia de la misma.

Las preguntas realmente incómodas para los políticos son aquellas que están bien fundamentadas, que exigen respuestas claras y que ponen en evidencia asuntos relevantes para la ciudadanía. Estas “preguntas inteligentes” son las que verdaderamente cumplen con la función esencial del periodismo en democracia.

Es importante diferenciar estas preguntas de las intervenciones de ciertos activistas que, lejos de buscar la verdad o el interés general, plantean cuestiones partidistas, muchas veces alineadas con intereses de extrema derecha. Éstas no son preguntas incómodas en sentido periodístico, sino simples estrategias para desinformar o manipular.

En definitiva, la reforma no va dirigida a limitar el derecho a la información, la opinión o el cuestionamiento; sino a garantizar unas normas de convivencia en el Congreso, que es el templo de la palabra. Su objetivo es preservar un entorno respetuoso y ordenado que permita el ejercicio responsable del periodismo y el buen desarrollo de la actividad parlamentaria.

En un momento en el que los discursos del odio y la desinformación tratan de abrirse paso también en las instituciones, el Parlamento tiene la obligación de marcar un límite claro: aquí se viene a informar, a debatir y a rendir cuentas. No a insultar ni a intimidar.

Porque esta modificación nace precisamente a petición y en colaboración de quienes ejercen el periodismo parlamentario desde hace años, con acreditada profesionalidad, y que llevan tiempo alertando del deterioro del clima de trabajo debido a la presencia de estos activistas que, bajo la apariencia de comunicadores, acuden al Congreso con el único fin de generar ruido, tensionar el ambiente o directamente provocar. No solo a los diputados, sino también a los propios periodistas que trabajan allí de forma habitual. Se han producido amenazas, intimidaciones y acosos que jamás deberían tener cabida en la sede de la soberanía popular.

Esta reforma, lejos de ser una excepción, sitúa al Parlamento español en línea con lo que ya ocurre en otras democracias consolidadas. En el Bundestag alemán, la Asamblea Nacional francesa, el Parlamento Europeo o el Capitolio de Estados Unidos existen regulaciones similares que establecen condiciones de acceso, comportamiento y acreditación para los profesionales de los medios. ¿Alguien diría que eso supone censura en Alemania o Estados Unidos? Nadie cuestiona por ello la libertad de prensa en esos países. Más bien al contrario: se entiende que sin orden ni garantías, el ejercicio del periodismo puede verse erosionado por la desinformación, la manipulación o el activismo encubierto.

Tener normas no es limitar libertades. Toda nuestra convivencia como país está regulada por normas, las leyes que precisamente emanan del Congreso. Tener normas es garantizar el ejercicio de esas libertades con seguridad, con garantías y sin interferencias. Lo contrario sería entregar el espacio institucional a la lógica del “todo vale”: el griterío, la performance o la provocación interesada. Porque cuando se pone en riesgo la integridad del espacio institucional que representa el Congreso, es responsabilidad de todos —también de quienes integramos su órgano de gobierno— actuar con firmeza.

No se trata, por tanto, de proteger a los diputados de preguntas molestas —cualquiera que haya visto una rueda de prensa lo sabe—, sino de proteger el ejercicio libre y profesional del periodismo parlamentario. Y, sobre todo, de preservar el respeto debido al Congreso, uno de los pilares básicos de nuestro sistema democrático.

Esta reforma no tiene ideología. Tiene sentido institucional. No prohíbe. Ordena. No restringe. Garantiza. No se opone a la crítica. Protege a quienes la hacen desde el rigor, la profesionalidad y el compromiso con la democracia.

Porque no hay democracia sin libertad de prensa. Pero tampoco la hay sin reglas, sin respeto y sin un marco que nos permita discrepar sin destruirnos. En eso consiste la convivencia democrática.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis es vicepresidente primero del Congreso de los Diputados

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