El Congreso aprueba hoy la Ley de Vivienda que limita los precios de alquiler
Los grupos de izquierda acusan a la oposición de fomentar bulos y falsedades para asustar a los españoles cuando el problema gira en torno al acceso a la vivienda.
El pleno del Congreso aprueba este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pactado por el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu, que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y que se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
El Ejecutivo defiende que esta ley servirá para contener el precio de los alquileres, incrementar la oferta en los municipios con más demanda y proteger a inquilinos y pequeños propietarios frente a los "abusos de los grandes tenedores y fondos de inversión".
El PP, Cs y Vox consideran que la norma es parcialmente inconstitucional porque vulnera el derecho a la propiedad privada y tendrá un efecto contrario al deseado porque, como sostiene la práctica totalidad del sector inmobiliario, la limitación del precio de los alquileres detraerá la oferta.
Además, la oposición se ha ocupado estos últimos días en agitar la bandera de la ocupación ilegal de viviendas porque el texto pactado por el Gobierno de coalición incluye nuevas medidas de protección para personas vulnerables en caso de desahucio.
El PP ha destacado que Pedro Sánchez ha convertido a los pequeños propietarios en vulnerables con su "nefasta ley de vivienda" y Ciudadanos ha reconocido que "el enésimo discurso de la okupación" tiene un contexto diferente por la ley de vivienda en la que "el PSOE y sus socios tratan de blindar a los okupas".
Estas afirmaciones no son sino "bulos y mentiras" usadas como "material para la campaña electoral", ha dicho el PSOE, que ha sacado pecho de la "primera ley de vivienda de la democracia" no para asustar a la sociedad sino porque "la gente tiene un problema para poder acceder a la vivienda en condiciones dignas y a precios asequibles".
Los datos de la 'okupación'
Lo hace después de que el Ministerio de Interior publicase los datos 'okupaciones' del primer trimestre del año, que revelan un descenso de un 11 % respecto al mismo periodo de 2022, con un total de 3.898 frente a las 4.385 de un año antes.
Estos datos recogen las actuaciones remitidas por las diferentes fuerzas de seguridad, a excepción de la Ertzaintza. No es sencillo encontrar datos sobre 'okupación' porque el Consejo General del Poder Judicial dejó de publicar su serie estadística, por lo que Interior ha recopilado las denuncias presentadas hasta ahora por allanamiento o usurpación de vivienda.
Por comunidades autónomas, y sin contar el País Vasco debido a la falta de datos completos, el mayor descenso se ha producido en Castilla y León, con una reducción del 27 % por delante de Murcia (-25,4 %) y Comunidad Valencia (-20,9 %).
Las mayores alzas corresponden a Canarias (un 10,4 % de aumento), y La Rioja (8,3 %). En términos absolutos, el mayor número de okupaciones se produjeron en Cataluña, con 1.673, muy por encima de las 594 de Andalucía.
Las claves de la Ley de Vivienda
La ley faculta a las comunidades autónomas a declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado, si el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30 % de la renta media de los hogares o el precio de compra o alquiler ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
En esas zonas tensionadas, las rentas se toparán dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.
