Consumo investiga a inmobiliarias que han cobrado comisiones a inquilinos por alquilar un piso
También pone el ojo en las que obligan a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o las que incluyen en el contrato cláusulas abusivas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha anunciado este luens que ha abierto una investigación a diferentes agencias inmobiliarias de todo el país que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
Según ha podido constatar este ministerio, las empresas investigadas habrían cometido prácticas abusivas sobre los inquilinos como obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras. Todas estas acciones vulneran la ley de vivienda, que entró en vigor en 2023.
La Dirección General de Consumo es la unidad que ha abierto esta investigación formalmente y ha podido conocer que se estarían realizando estas prácticas a través de diversas denuncias presentadas por asociaciones de consumidores.
Las multas por estas infracciones podrían ser muy altas. Por una parte, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, y el uso de prácticas comerciales desleales con consumidores o usuarios podrían calificarse como graves y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros. Y se podría sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Por otra, la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, una tercera infracción, podría considerarse muy grave y ser sancionada con multas hasta un millón de euros, y se podría también sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Esta investigación se enmarca en la acción prioritaria del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy de proteger los derechos de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda. Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler. Se tratarían de prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.