El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado como testigos el próximo martes, día 27, al abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Neira, y el viernes 30 a cuatro periodistas en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, había reclamado estas testificales a Ángel Hurtado, en un momento en el que la investigación parece estar llegando a su recta final, con solo una diligencia pendiente hasta ahora: la citación del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, como testigo este viernes.

Carlos Neira es uno de los abogados de González Amador, el que envió el correo del 2 de febrero de 2024 en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales en su nombre, así como de cuatro periodistas del diario El País, que conocieron su voluntad de alcanzar un pacto con la Fiscalía para evitar llegar a juicio.

El magistrado Hurtado ha dictado un auto en el que, además, acuerda que se incorporen a las actuaciones el acta notarial que suscribieron tres periodistas con los mensajes y correos electrónicos que se cruzaron con el abogado del empresario, y también la de otro periodista del mismo diario, donde deja constancia que el 12 de marzo fue informado de la existencia de esa voluntad de pacto, circunstancia que motivó que sus compañeros comenzasen a investigar.

El abogado del Estado quiere demostrar que "diversos profesionales de la información" ya conocían el contenido de aquellas comunicaciones antes que cualquier supuesta intervención o conocimientos por parte del fiscal general.

Se da la circunstancia de que el instructor ya rechazó en su día las testificales de los periodistas, a instancias también de la Abogacía del Estado, una decisión que ratificó más tarde la Sala.

Sin embargo, el juez explica que los cuatro periodistas han realizado unas manifestaciones ante notario que, en opinión de la defensa de García Ortiz, son de la suficiente relevancia como para que las ratifiquen y amplíen ante el magistrado. Por tanto, accede a ello al entender que, desde el punto de vista del derecho de defensa, "no se le ha de privar de que lo ejerza con la extensión que mejor satisfaga a sus intereses".

Eso sí, no accede a citar a varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aclaren "la contradicción" observada entre dos informes que ubicaban la primera difusión pública del correo en momentos distintos de la noche del 13 de marzo de 2024: uno a las 23:51 horas en la web de la Cadena Ser, y otro a las 23:25 horas en antena.

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