El PP consuma un choque institucional inédito entre Congreso y Senado
La mayoría de la Cámara Alta aprueba solicitar a la Cámara Baja que elimine la Proposición de Ley Orgánica de amnistía al considerar que hay una "reforma de la Constitución encubierta".
El Senado y el Congreso han comenzado este miércoles, ya entrada la tarde, un ciclo de hostilidad incierto después de que la Cámara Alta, con mayoría absoluta del Partido Popular, haya aprobado iniciar, por primera vez en democracia, un conflicto entre los dos órganos constitucionales a cuento de la ley de amnistía.
Según el Partido Popular, cuya posición ha defendido Antonio Silván, el Congreso “se ha extralimitado en sus competencias al tramitar la amnistía como una ley orgánica”. “La amnistía”, ha defendido Silván, “no es materia de ley sino de Constitución”, por lo que “solo cabe abordarla mediante reforma constitucional”.
La postura de la formación tiene su cimiento en el informe que el propio PP pidió a la Secretaría General del Senado, que advirtió estar “ante una reforma de la Constitución encubierta”. El propio informe propuso la posibilidad de plantear “un conflicto entre órganos constitucionales” basado en el “fraude constitucional” al tramitar el Congreso la norma “por el procedimiento legislativo ordinario”.
¿Pero qué significa este conflicto? El recurso puede ser utilizado por cualquiera de los considerados órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Senado, Congreso y Consejo General del Poder Judicial) cuando alguno de ellos estime que otro invade sus competencias o atribuciones. En resumen, en esta ocasión, el Senado pedirá al Congreso que revoque su decisión respecto a la ley de amnistía, es decir, que elimine la proposición la norma. El Congreso tendrá un mes para responder a la solicitud y, en caso de negarse o de no contestar, el Senado podría acudir al Tribunal Constitucional.
Aunque esta misma semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya tildado la amnistía como “la mayor cacicada desde el franquismo”, en el Senado el Partido Popular ha dicho no debatir “si la amnistía es constitucional”, al encontrarse todavía “en una fase previa”. Esta rebaja en los decibelios responde al temor en el PP respecto a si realmente deben o no acudir al Tribunal Constitucional, ya que podría avalar el proceso legislativo y, por tanto, dificultar un posterior recurso de inconstitucionalidad sobre el contenido.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se arrogó esas dudas al afirmar que esperarán “a ver cómo responde y cómo argumenta” el Congreso su respuesta. “Cuando llegue ese momento, ya anunciaremos los pasos a dar”, señaló.
Este reparo ha sido utilizado por parte del PSOE durante el debate esta mañana en el Senado. Además de comparar la propuesta del PP con el 23F, el senador del PSOE Fajardo Palarea, que ha dicho que “es casi un quieto todo el mundo”, ha apuntado tener “dudas de que vayan al Constitucional”. “Puede no ser aceptado y sería una humillación sin precedentes”, ha completado el senador socialista Antonio Magdaleno.
En la misma línea, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha manifestado que el PP “no ha escarmentado después del ridículo tan grande que hicieron con la Comisión de Venecia”. Y se ha aventurado a un “spoiler”: “No lo van a conseguir”.
A excepción de Vox, que lleva semanas solicitando al PP que impulse esta confrontación institucional, el resto de grupos ha coincidido en la denuncia del “uso partidista” del Senado, como han manifestado Sara Bailac, senadora de ERC, o Teresa Pallarès, de Junts, que ha denunciado un “ejercicio de filibusterismo”.
Tras su aprobación en el Pleno del Senado, el requerimiento llegará al Congreso este jueves, por lo que la Cámara Baja tendrá de plazo para contestar, si lo hace, hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas y pocos días antes de la previsible aprobación definitiva de la ley de amnistía, teniendo en cuenta que este conflicto de atribuciones no paraliza los plazos para la tramitación de la norma.