¿Es el anonimato en las redes la solución al extremismo de Musk o Zuckerberg?

Una tarde de hace bastantes años, un conocido que se desempañaba como empleado en una empresa con sede en Londres salió airado del trabajo. Alejado de su entorno más cercano, decidió desahogarse en su cuenta en Facebook. No recuerdo qué escribió, tampoco él, pero sí que no era nada ofensivo. Tan solo mostraba su hastío con relación a determinados comportamientos en su compañía. Al día siguiente, recibió una citación de Recursos Humanos. Le despidieron sin opción a réplica. Solo entonces comprobó que alguien en su empresa dedicaba el tiempo a revisar lo que la plantilla publicaba en redes sociales. En Facebook, este conocido no solo tenía su foto real de perfil, sino también su nombre y apellidos. De no ser así, de haber utilizado otra imagen, un nombre falso, de haber optado por el anonimato para expresar hartazgo, quizás todavía seguiría allí.

Esta semana, durante el foro económico celebrado en Davos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que propondría al Consejo Europeo terminar con el anonimato en redes sociales. “Por cada usuario de redes sociales, un documento de identidad real. Esta es la única manera de garantizar realmente que los menores no accedan a contenidos inapropiados, que las personas que cometen delitos sean excluidas de las redes sociales o que sean procesadas, y que se eliminen los millones de perfiles falsos que existen y ejercen influencia en la conversación pública”, explicó.

El debate no es nuevo. Tiene casi tantos años como tiene internet desde que permite la participación y el debate global. Sí tuvo, en ocasiones, puntos álgidos, como cuando Google+ exigió nombres y apellidos reales para tener una cuenta en la malograda red social del gigante tecnológico. Frente a los que abogan por esta manera de actuar están quienes defienden la libertad de expresión. Si bien es innegable que hay quien utiliza su anonimato para dar rienda suelta a su naturaleza más cateta, no es menos verdad que hay quien se pondría en riesgo si publicara, si opinara, con nombre y apellidos reales. El seudónimo es, en muchas ocasiones, un seguro de vida. 

En el debate respecto a la decisión de Google+, danah boyd, académica experta en tecnología y redes sociales, apuntaba que “las personas que más recurren a seudónimos en los espacios online son las más marginadas por los sistemas de poder”. “Lo que está en juego — decía — es el derecho de las personas a protegerse, su derecho a mantener una forma de control que les blinde seguridad. [...] No todo el mundo está más seguro si da su nombre real. Todo lo contrario: muchas personas están mucho menos seguras cuando son identificables. Y los que están menos seguros suelen ser los más vulnerables”.

La discusión alcanzó a la ONU. En 2015, el entonces relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, abordó el asunto. Kaye trató en un informe de responder a dos cuestiones: “¿Los derechos a la vida privada y a la libertad de opinión y de expresión amparan la comunicación segura en línea, concretamente a través del cifrado o el anonimato? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿hasta qué medida pueden los gobiernos, de conformidad con el derecho de los derechos humanos, imponer restricciones al cifrado y al anonimato?” Tras un largo análisis, el relator de Naciones Unidas concluyó que “los Estados no deben restringir el cifrado y el anonimato, que facilitan y a menudo contribuyen al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión”. “Las prohibiciones generalizadas no son necesarias ni proporcionales. Los Estados deben evitar todas las medidas que debiliten la seguridad de la que pueden disfrutar los usuarios de la red, como puertas traseras, estándares de cifrado deficientes y depósitos de llaves. Además, los Estados deben abstenerse de establecer la identificación de los usuarios como condición para acceder a las comunicaciones digitales y a los servicios en línea”, remató.

Si el debate ha vuelto ahora a coger fuerza, más allá del anuncio de Sánchez, es por los giros en el posicionamiento político de los propietarios de las grandes tecnológicas, en especial Elon Musk, quien convirtió Twitter en un altavoz extremista, y Mark Zuckerberg. ¿Pero terminar con el anonimato es la mejor vía para frenar su poder? Para Carlos Sánchez Almeida, abogado defensor de los derechos civiles en internet, la respuesta rápida es no. “El problema no es que no haya leyes; las hay, pero no las cumplen”, dice en referencia a las tecnológicas, que en muchas ocasiones “alegan la primera enmienda de Estados Unidos” para no cumplir con los requisitos que les impone la legalidad. “Esto no se soluciona con una ley, que volverán a incumplir”, comenta. Pero ya no es que no sea la mejor manera de batallar contra X o Meta, sino que, según Sánchez Almeida, prohibir el anonimato “contradice la normativa española y comunitaria”. “El derecho al anonimato está reconocido por la ley de Propiedad Intelectual, donde se establece que se puede publicar información de forma anónima, y los límites son los mismos que ya están recogidos en el artículo 20 de la Constitución”. Este precepto protege la libertad de expresión excepto cuando atente contra, “especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

El anonimato, defiende el abogado, no es condición de posibilidad para escapar de la justicia. Recuerda, por ejemplo, “las redadas que se produjeron hace años para detener a personas que opinaron sobre el asesinato de Carrero Blanco. Se localizó a toda esa gente”. Sánchez Almeida siempre ha mantenido esta postura. Hace años, en Twitter, una red que ya no utiliza, sostuvo que “el único poder que puede intervenir en materia de libertad de expresión en internet es el Poder Judicial. Una norma administrativa que estableciese la obligatoriedad de identificación en redes sociales afectaría a la libertad de expresión. Y todo el límite a la libertad de expresión debe venir del Poder Judicial, nunca del Ejecutivo”. Entonces, era el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, el que había propuesto reformas legales para terminar con el anonimato en internet. Sánchez Almeida persevera hoy en esa opinión. “El Poder Ejecutivo no puede tener acceso a nuestros datos, eso debería estar reservado solamente al Poder Judicial. De no ser así, estaríamos en una dictadura político-mediática, que es lo que está pasando en Estados Unidos, algo terriblemente preocupante, donde las plataformas están asociadas al poder”.

La solución al extremismo imperante en las redes, además de insistir en la regulación de la actividad de las grandes tecnológicas, pasa, según este abogado, por los medios de comunicación y la alfabetización de la sociedad. “Es un proceso lento — comenta Sánchez Almeida — pero la solución vendrá dada por unas buenas prácticas de verificación de los medios, que deben tratar de inocular en la sociedad el virus de la información veraz, de la misma forma que otros han utilizado la desinformación para llegar al poder. A la larga la verdad acabará triunfando, y aunque sea un trabajo de educación lento, acaba siendo más eficaz que la improvisación. De la misma forma que el Estado tuvo que seguir los trámites de la justicia para vencer al terrorismo. Lo de los GAL, o el Batallón Vasco Español, al margen de la Constitución, no sirvió para nada. Lo que realmente sirvió fue la utilización del Derecho y de la Audiencia Nacional, la vía de las leyes. Y es ahí por donde debemos combatir la desinformación. Hay que entender que todavía estamos en los albores de la sociedad tecnológica, lo de la desinformación es solo un sarampión infantil que se basa en la falta de alfabetización de muchas personas, que terminan buscando la solución fácil que ofrecen” las mentiras y los bulos.

Sánchez Almeida realiza también una aproximación a la evolución de internet hacia la derecha política (“Internet es ahora de derechas”, publicaba Delia Rodríguez en El País). “Desde el 15M y las revoluciones árabes — dice Sánchez Almeida — el activismo descubrió la forma de usar internet para lograr objetivos políticos. Se siguió en esa línea desde la política, lo hizo Podemos, utilizar la tecnología en su favor. Después, Vox y otros partidos se sumaron al carro, invirtiendo dinero en granjas de bots y trolls para conseguir también objetivos políticos. Es un péndulo. Antes o después va hacia la otra parte. Y antes o después habrá la alfabetización suficiente que permitirá luchar contra los bulos en tiempo récord, por eso la función de los medios es fundamental”.

No todo el mundo que recurre a seudónimos lo hace con ánimo de acosar. En su artículo publicado en 2011, danah boyd recogía algunos testimonios que había recopilado anteriormente Kirrily Robert de personas que explicaban por qué habían decidido no utilizar las redes con sus nombres reales. Motivos como: "no me siento seguro al usar mi nombre real porque ha habido personas que me rastrean a través de mi presencia online y compañeros de trabajo que han invadido mi vida privada"; "Me han acosado, soy una superviviente de violación"; "Como exvíctima de acoso que afectó a mi familia, he usado mi apodo online durante aproximadamente siete años"; "Me preocupa la privacidad por haber sido acosada en el pasado"; "Me gusta ser parte de una conversación global y abierta, pero no quiero que mis opiniones ofendan a personas conservadores y religiosas que conozco o con las que tengo relación, tampoco quiero que la carrera gubernamental de mi marido se vea afectada ni que su personal se sienta incómodo por mis opiniones"; "Uso un seudónimo por razones de seguridad. Como soy mujer, me preocupa el acoso en internet"; "Utilicé otra identidad para proteger la mía verdadera, ya que soy gay y mi familia vive en un pequeño pueblo donde si se supiera abiertamente que su hijo es gay tendrían problemas". Son solo unos ejemplos.