La Fiscalía reclama tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso por fraude fiscal

La Fiscalía reclama una pena de prisión de tres años, nueve meses y un día por un doble delito de fraude fiscal para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el escrito de acusación previo a que se siente en el banquillo. Así lo adelanta El País de fuentes conocedoras del proceso.

Según estas fuentes, el Ministerio Público plantea una doble pena por sendos delitos de fraude fiscal que alcanzan un montante de de 350.910 euros. 

Por un lado, solicita un año y nueve meses por el presunto fraude de 155.000 en el impuesto de sociedades en el ejercicio 2020. Por otro, la Fiscalía pide dos años y un día por el ejercicio 2021, año en el que la cifra llegó a 195.951 euros de acuerdo con Hacienda.

A finales de mayo, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, oficializaba el procesamiento —bajo la figura de pase a procedimiento abreviado— contra González Amador y otros cuatro empresarios. En lo relativo al novio de Díaz Ayuso, lo hacía por fraude fiscal y falsificación de documentos.

En su escrito, añade El País, el Ministerio Público marca como posible atenuante la consideración de que el daño está ya reparado, puesto que González Amador ingresó ya la cantidad presuntamente defraudada. 

Ahora, la defensa del novio de Ayuso puede abrirse a pactar una pena inferior si llega a un acuerdo con la Fiscalía aceptando su culpa y siempre antes de que comience el juicio oral.

El procedimiento comenzó, detalla EFE, tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe en 2023 que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.

Dicho informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.

Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.

La filtración de ese correo desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, causa por la que está procesado.