Pedro Sánchez declarará este martes en calidad de testigo por el 'caso Begoña Gómez'. El juez peinado tomará declaración desde Moncloa a Sánchez preguntándole sobre hechos que no están relacionados con su cargo a la par que investiga un presunto tráfico de influencias por parte de su esposa al haberse aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno.

La declaración parte de unas declaraciones del coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, que anunciaba el pasado 19 de julio que su formación, que ejerce una de las acusaciones particulares en la instrucción, llamará al presidente, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones". De hecho, podrán acudir a Moncloa a la declaración de Pedro Sánchez

"Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa", indicaba al respecto.

Dicho y hecho, el juez Peinado llamaba la semana pasada a declarar a Pedro Sánchez. Lo hará este martes a las 11:00 horas y su declaración ha tenido que modificar la agenda de Casa Real posponiendo el tradicional despacho entre el presidente del Gobierno y Felipe VI en Palma hasta esta tarde. Presentes estarán junto al juez las defensas de los tres investigados, la Fiscalía y la abogada de Vox.

El juez no quería que Sánchez acudiera como un ciudadano más a los juzgados de Plaza de Castilla o que declarara por escrito como se permite a los presidentes autonómicos y miembros del Gobierno, sino que en su providencia explicaba que sería él quien "se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo", es decir, "el Complejo Presidencial de la Moncloa". Este lunes varios técnicos han instalado los dispositivos necesarios en Moncloa para grabar la declaración.

También este lunes, la Fiscalía presentaba un recurso pidiendo que se suspendiera la declaración de Sánchez al considerar que la declaración del presidente no es útil ni pertinente. Destacan que no existe "el más mínimo indicio" para hacerlo a la vez que el Ministerio Público criticaba que hay "más" interés "en las circunstancias accesorias de la grabación de imágenes del testigo en el Palacio de la Moncloa que en motivar la decisión" de citarlo a declarar como tal. De hecho, el juez utilizó artículos en su motivación que no existen en el Código Penal. Cabe recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que Sánchez se puede negar a declarar por no perjudicar a la que es su pareja, imputada en el caso. "Están dispensados de la obligación de declarar: Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil", se indica.

En la citación se le cita "como esposo" de Begoña Gómez y "no como presidente cuando se investiga tráfico de influencias", provocando que el PSOE asegure que se está realizando una investigación prospectiva a Begoña Gómez a la vez que acusan al juez de estar bajo la "obediencia" de la "extrema derecha" desde "el primer día". Una contradicción del juez Peinado que quiere preguntar al presidente sobre hechos que no están relacionados con su cargo a la par que investiga un tráfico de influencias por parte de su esposa en el que se habría aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno.

Sin embargo, al contar Pedro Sánchez con un cargo representativo, tiene derecho a testificar por escrito. Algo que el juez no contempla a pesar de lo que se estipula en los artículos 412 y 413 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. En ellos se expone claramente que presidentes del Gobierno, de Comunidades Autónomas, así como del Tribunal Supremo y el Constitucional puedan hacerlo de tal forma en la fase de instrucción, como es en este caso.

La misma ley que el juez no ha tenido en cuenta para que Sánchez declare por escrito sí han servido para que la declaración se grabe en Moncloa. El juez Peinado ha invocado a un apartado de estos artículos en los se establece que pueda tomarse la declaración "en su domicilio o despacho oficial" y no por escrito. En concreto, esta excepción reside en que las preguntas versen "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo". Eso sí, al mismo tiempo que investiga a Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno.

Es decir, que quiere preguntar al presidente sobre hechos que no están relacionados con su cargo cuando investiga un presunto tráfico de influencias por parte de su esposa en el que se habría aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno.

Dado que Sánchez es marido de Begoña Gómez, y pese a ser testigo y estar obligado a decir la verdad y declarar, se puede negar a declarar con el fin de no perjudicar a su esposa según se recoge en el artículo 416 de LeCrim.

También sorprende que Sánchez sea llamado a declarar como testigo cuando el ordenamiento jurídico establece que no pueden ser ofrecidos como testigos aquellas personas que sean consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge. Pese a todo, Peinado cree que es "conveniente, útil y pertinente" que el presidente del Gobierno declare por ser el "esposo de la investigada".

Sobre lo que pueda pasar tras la declaración de Sánchez nadie sabe nada. En Moncloa, que recibieron la noticia con "estupor" y sorpresa, se preparan para todos los escenarios, incluso que el juez decida imputar en la causa al presidente del Gobierno elevando así la cuestión al Tribunal Supremo.

Una instrucción llena de polémicas

Juan Carlos Peinado inició una investigación a raíz de una denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias basada en informaciones de prensa y un bulo. Con el tiempo, la Audiencia Provincial de Madrid centró las pesquisas en contratos públicos obtenidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, quien participó en la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La Fiscalía Europea asumió la investigación debido a que los contratos con Red Eléctrica provenían de fondos europeos. Las defensas de Gómez y Barrabés consideraron que la causa quedó "vacía", pero una querella de Hazte Oír amplió la investigación. Peinado aceptó la querella y expandió su investigación sin informar a Gómez, quien se enteró de las acusaciones al ser llamada a declarar.

Durante el proceso, se publicaron numerosos titulares, opacando informes de la UCO que indicaban la inexistencia de irregularidades. La denuncia inicial, llena de inconcreciones y bulos, fue admitida a trámite a pesar de las directrices del Tribunal Supremo que exigen pruebas adicionales a recortes de prensa para abrir una causa penal. Peinado otorgó a Begoña Gómez la condición de "investigada" desde el inicio, aunque pasó más de un mes y medio antes de que pudiera defenderse.

Gómez fue citada a declarar el 5 de julio, coincidiendo con la recta final de las elecciones europeas, contraviniendo la norma no escrita de no interferir en campañas electorales. Peinado decretó el secreto de sumario, aunque la Audiencia Provincial dictaminó que no había motivos para ello y permitió el acceso a la documentación. A pesar de esto, Peinado entregó la documentación secreta a Vox, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos.

La UCO elaboró dos informes señalando que no había indicios de delito en el desarrollo profesional de Gómez, pero Peinado continuó con la investigación. Al no poder avanzar con el caso de Air Europa, Peinado se aferró a la denuncia de Hazte Oír sin notificar a Gómez, lo que llevó a la suspensión de su declaración. Gómez se acogió a su derecho a no declarar en su segunda citación, esta vez sin la presencia de pseudoperiodistas ultraderechistas.

El juez Peinado, asegurando investigar a Gómez por sus actos desde que su esposo es presidente del Gobierno, citó a declarar al rector de la Universidad Complutense y al empresario Juan Carlos Barrabés, además de Félix Jordán de Urríes, quien lleva desmintiendo durante año y medio el rumor de haber presentado a Barrabés a la pareja. La citación se basó en un escrito de Ramiro Grau, abogado condenado por corrupción de menores, cuya veracidad fue aceptada sin más pesquisas.