Qué pasa con la reforma de la incapacidad temporal: ni tanto ni tan poco
Un trabajador de baja laboral puede ser libre para decidir si regresar o no a su puesto de trabajo, ¿pero y si no hacerlo acarrea consecuencias por parte de la empresa?
Vayamos por partes. Has tenido un accidente o tienes una enfermedad que, siempre según el médico, te imposibilita temporalmente para trabajar. Imposibilita, es decir, convierte en imposible, te inhabilita para continuar en tu puesto de trabajo y necesitas asistencia sanitaria. ¿Qué haces entonces? Acudes a la Seguridad Social y pides lo que se llama una prestación por incapacidad temporal, esto es, de manera coloquial, que el Estado te pague mientras no puedas acudir a tu puesto de trabajo y, por tanto, percibir tu salario. Esta situación persiste hasta que el médico estime que ya estás bien, que no hay nada que te inhabilite para continuar trabajando. ¿Y qué ha pasado ahora? Que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha propuesto una “reforma de la incapacidad temporal”.
¿Pero en qué términos reformar la incapacidad temporal? ¿Qué propone la ministra? Pese a las algarabías que ha provocado su proposición, en realidad se conoce tan solo el titular, suficiente para el barullo. Lo que plantea Elma Saiz es que exista una suerte de incapacidad temporal que admita estar de baja pero también trabajando. Complejo, pero los ejemplos ayudan. El cáncer, por ejemplo, o la pluriactividad. Así lo explicaba Saiz en el desayuno de Fórum Europa: “Hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo o en un tratamiento de cáncer que, quizás, desde la voluntariedad y la garantía de su salud, su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja; o en caso de pluriactividad. Pueden estar de baja para una actividad y, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos”.
La ministra de Sanidad, Mónica García, añadía algún otro supuesto. Por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Son casos, explicaba, en los que puede existir una “incorporación paulatina [...] en lugar de pasar de 0 a 100”. Su secretario de Estado, Javier Padilla, echaba otro capote a Saiz profundizando en su razonamiento sobre la pluriactividad. Se refería Padilla a alguien que tenga dos empleos, uno “con teletrabajo y otro con media jornada con componente de carga física”. Puede existir un “proceso de incapacidad que permita el desempeño de uno, pero no del otro”, explicaba.
Ninguno de estos supuestos ha generado un estupor real. De hecho, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que casos así se están abordando ya en la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales. Ahí se habla desde hace meses, por ejemplo, de las incorporaciones paulatinas después de bajas de larga duración.
¿Pero y dónde está el problema, entonces, dónde el motivo que ha suscitado de nuevo un temblor en el Gobierno de coalición? Cuando no hay propuestas por escrito, la esencia la ponen las palabras, y Elma Saiz utilizó una que ha despertado recelos si no un profundo rechazo en algunos de sus compañeros de Gobierno y en los sindicatos: voluntariedad. La ministra habló de “voluntariedad” como si esto fuera posible. ¿Puede realmente un trabajador decidir cuándo y cómo regresar a su puesto de trabajo? El asunto es casi filosófico. Podría hablarse de los matices entre lo que se conoce como libertad negativa y libertad positiva. Es decir, uno es libre de comprarse una vivienda, pero en realidad no lo es si sus condiciones materiales se lo impiden. En el caso que nos toca, un trabajador puede ser libre para decidir si regresar o no a su puesto de trabajo, ¿pero y si no hacerlo acarrea consecuencias por parte de la empresa?
Javier Padilla, el secretario de Estado de Sanidad, lanzaba la advertencia. “No creer que voluntariedad es igual a ejercer con libertad y sin coacciones la voluntariedad”, decía. “Si de lo que hablamos es de flexibilidad para desproteger al trabajador, con coacciones o presiones de la empresa, en esto no vamos a estar de acuerdo nunca”, completaba la ministra Mónica García. Lo mismo aseguran desde el Ministerio de Trabajo. “No se puede abrir la puerta al empresario a que presione a los trabajadores que están de baja”, avisan fuentes cercanas a Yolanda Díaz.
Una vez iniciada la controversia, la ministra de Seguridad Social, por aquello de que sean por ahora las palabras las causantes de algunos malestares, decidió cambiar el concepto “voluntariedad” por “decisión personal”, que es lo mismo. Elma Saiz busca con ello comparar la propuesta con la que ya se acordó en relación con las pensiones. Así lo detallaba en una entrevista en Onda Cero con el periodista Carlos Alsina: “Lo hemos visto en el último acuerdo de diálogo social en materia de pensiones, en lo que tiene que ver con esa decisión personal de querer prorrogar tu vida laboral para que no haya esa ruptura tan abrupta en la que o eres trabajador o eres pensionista". El símil resulta, sin embargo, algo tramposo. No es lo mismo hacerse viejo que estar incapacitado.
Detrás de una supuesta concesión a los deseos personales está, como siempre, la economía. Hace unos días se publicaba la ejecución presupuestaria mensual de la Seguridad Social y el gasto en prestaciones por incapacidad temporal se ha incrementado en un 17,6% en los ocho primeros meses del año. La cifra no para de crecer. Las bajas laborales representan ya el 86% del Presupuesto estimado para todo el año y el Ministerio se ha visto obligado a revisar las cuentas al alza. Según la ministra, la motivación del debate no es económica, sino de derechos, pero la realidad acostumbra a imponerse. Cada vez hay más bajas y cuesta más pagarlas.
Porque hay más bajas se explica por diversos factores, ya sea que España está en cifras récord de empleo o la edad media de los trabajadores, pero también está el tema de las listas de espera en la Sanidad Pública. Es difícil recuperarse y volver al trabajo si no se recibe la atención que se precisa. El asunto es todavía más curioso, si es que se le puede definir así. Como se publicaba hace unos meses en El País, “los expertos suelen apuntar que además en este aspecto se da una paradoja: las comunidades autónomas son las competentes en sanidad, las responsables de reducir las listas de espera; pero el coste del enquistamiento no repercute en sus cuentas, sino en las de la Seguridad Social, dado que se alargan los pagos en prestaciones”. Esto explica, de hecho, que el Ministerio de Seguridad Social llegara a un acuerdo con las mutuas privadas para que gestionaran parte del proceso de las bajas relacionadas con traumatología.
Sea como fuere, poco se sabe todavía de lo que pretende el Gobierno, o para ser más exactos uno de sus Ministerios. Más allá de un choque frontal que no es tanto, la incerteza es total. Seguridad Social sentará en breve a sindicatos y patronal para abordar la reforma, una modificación que tendrá, entre muchas cosas, que especificar para qué supuestos está pensada, quién pagará qué, qué parte las empresas, cuál el Estado, etc. Toca esperar los hechos, si acaso algo más tangibles que las palabras.
