El ala conservadora del CGPJ saca adelante el informe que ve inconstitucional la ley de amnistía

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho valer su mayoría en el órgano de poder de los jueces y ha sacado adelante el informe que ve inconstitucional la propuesta de ley de amnistía. Se resuelve así una situación en cierto modo contradictoria, puesto que sobre la mesa de este organismo judicial también había otro informe que sí avalaba su constitucionalidad.

La decisión ha salido adelante por nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco después de estudiar dos informes opuestos. De esta forma, el documento redactado por el conservador Wenceslao Olea se impone al de la vocal Mar Cabrejas.

Este pronunciamiento sobre la ley que continúa su tramitación en el Senado -Cámara alta donde el PP goza de mayoría absoluta y apuesta por torpedear su avance con la intención de retrasar su aprobación- fija la posición del CGPJ sobre la norma clave de esta legislatura: la amnistía vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad.

División entre conservadores y progresistas

Grosso modo, esta decisión es un fiel reflejo de la división de un órgano de Poder Judicial que afronta más de un lustro en funciones sin que se logre un acuerdo entre Partido Popular y PSOE para su renovación. Los populares de Núñez Feijóo continúan con el bloqueo iniciado durante la presidencia de Pablo Casado, incluso a pesar de que las negociaciones han contado con la tutela o moderación del propio comisario de Justicia de la Unión Europea, el político popular Didier Reynders.

Según ha podido conocer Europa Press con fuentes jurídicas conocedoras de la decisión, los dos votos en blanco pertenecen al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas. Hace solo unas semanas, Guilarte deslizó su posible salida si no se llegaba a un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para renovar el organismo judicial.

Pero, ¿qué dice concretamente el informe que acaba de ser aprobado? El documento de Olea establece que dicha proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. A juicio de los conservadores, tampoco ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten determinar que la amnistía cuente con reconocimiento en el derecho doméstico.

El informe también expone que la ley de amnistía socava el derecho a la igualdad, toda vez que considera que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario. Sobre la separación de poderes, el documento justifica que se debe a que el Poder Legislativo no puede dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales. Con la excepción de los supuestos recogidos en la Carta Magna, como sí pasa con los indultos particulares que otorga el Gobierno.

El informe también se pronuncia sobre la vía de tramitación parlamentaria de la futura norma. Considera que esta es arbitraria, que no se motiva su urgencia y que no pasa el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular.