El Gobierno castiga a las aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas con una multa de 179 millones de euros

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha impuesto una sanción de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por "prácticas abusivas" hacia los pasajeros, tal y como ha anunciado el Ministerio en un comunicado.

Ryanair es la compañía más afectada, asumiendo el 60% de la multa. Estas son las cinco sanciones impuestas por el ejecutivo:

Cargos adicionales por derechos básicos

Las multas se centran en cargos adicionales por servicios como el equipaje de mano, la impresión de tarjetas de embarque, la asignación contigua de asientos a menores o personas dependientes, que el Ministerio considera derechos básicos del pasajero.

También se sanciona la "omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados", tanto en la web de las aerolíneas como por parte de terceros, "dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas".

El Ministerio, ha calificado estas infracciones como "muy graves" y ha aplicado un régimen sancionador que permite imponer multas de entre 6 y 8 veces el beneficio obtenido por estas prácticas. La medida busca disuadir a las aerolíneas de continuar cobrando por servicios esenciales, reforzando la protección de los derechos de los consumidores.

"Se trata de la primera ocasión que se da firmeza a sanciones calificadas como muy graves por parte de la Administración General del Estado en el ámbito de consumo, cuyo ministerio  adquirió competencia sancionadora en junio de 2022", recuerda el departamento liderado por Bustinduy.

Este procedimiento comenzó hace más de un año, cuando se abrieron los expedientes sancionadores. Con la resolución final, el Gobierno lanza un mensaje contundente a las compañías low cost sobre la importancia de respetar las normativas vigentes y los derechos de los pasajeros.

Las compañías cuentan desde ahora con un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. "Una vez transcurrido este plazo, si las compañías no han presentado un recurso ante la justicia, la orden será efectiva".