La Justicia rechaza investigar las torturas de la comisaría de Barcelona en el franquismo

Jarro de agua fría para una de las normas estrella del Gobierno de coalición progresista, la Ley de Memoria Democrática. Una jueza de Barcelona ha tumbado la pionera denuncia que presentó el sindicalista Carles Vallejo para que se investigasen las torturas de la Policía franquista en la antigua comisaría de Vía Laietana. 

La decisión de la magistrada ha sido tomada alegando que los hechos están "prescritos y amnistiados" y no constituyen un delito de lesa humanidad. Concretamente, rechaza investigar la denuncia de Vallejo contra seis agentes que, supuestamente, por aquel entonces le torturaron en la comisaría central. Un edificio del que constan múltiples relatos de ser un auténtico espacio dedicado a la represión.

Sin embargo, este no es el criterio de la Fiscalía, que por primera vez en la historia se abría a investigar este tipo de presuntos delitos por la vía penal, apoyándose en la llegada de la Ley de Memoria Histórica. 

La nueva ley impone el "deber" de investigar las violaciones de derechos humanos

De hecho, en su informe, el ministerio fiscal recordaba que con la nueva norma se "impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".

Para comprender la relevancia en el ámbito de la memoria histórica que ha tenido la denuncia de Carles Vallejo, es necesario destacar que el propio Govern presidido por Pere Aragonès (ERC) se personó en la causa como acusación popular, dando un claro espaldarazo a una querella que iba a ser la primera prueba de fuego de la nueva norma en este ámbito.