POLÍTICA

El PP se queda solo en la ley para aforar al rey

24/06/2014 11:45 CEST | Actualizado 24/06/2014 12:18 CEST
EFE

Los grupos de la oposición han denunciado en el Congreso que el PP ha escogido una vía exprés para dar un "aforamiento desmesurado" al rey Juan Carlos y parte de la familia real.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha debatido este martes las dos enmiendas que el PP ha incluido en una ley sobre funcionarios judiciales para aforar a los reyes salientes, la reina Letizia y a los Príncipes de Asturias, Leonor y su futuro cónyuge. Las enmiendas han salido adelante solo con los votos del PP y la ley, que se aprobará este jueves en el pleno del Congreso, entraría en vigor en unas semanas.

El PSOE se abstendrá el jueves en la votación con el argumento de no estar de acuerdo con la forma de tramitación de la ley. Tampoco apoyarán la ley ni PNV, CIU, Izquierda Plural o UPYD.

El portavoz del PP en materia de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha apelado a la "impagable deuda de gratitud" hacia el rey Juan Carlos para reclamar un "amplio" respaldo del Parlamento a esta iniciativa. "Es una cuestión oportuna y necesaria", ha añadido.

El parlamentario 'popular' ha justificado esta necesidad en la ausencia de previsiones legales que determinen cuáles son los juzgados encargados de conocer las causas abiertas contra la Familia Real. "Confundir fuero con privilegio o diferencia con privilegio es un ejercicio de demagogia", ha remachado.

El PSOE se abstendrá en la votación del jueves. La diputada socialista Meritxell Batet ha mostrado su discrepancia con el método escogido vía enmienda para regular los fueros 'reales' y ha lamentado la ausencia de una reflexión "rigurosa y de calado" sobre el número de aforados y su ámbito jurídico a proteger.

El portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, ha advertido de que este aforamiento "desmesurado" y urgente "levanta tantas suspicacias que nace viciado por la sombra de la sospecha". Según ha dicho, la prerrogativa es "más potente" que la del resto de aforados por cuanto se extiende al ámbito civil desvinculado del ejercicio del cargo.

La diputada de UPyD Irene Lozano ha coincidido en que se trae a la Cámara un "aforamiento plus" para los miembros de la Familia Real y en que los 10.000 aforados que hay en España cuentan con un "privilegio" al disponer de una Justicia "cómoda". "No se puede decir que nos preocupa la corrupción y acabar con los privilegios y al mismo tiempo ahondar en ello", ha dicho al PP.

"BLINDAJE EXCEPCIONAL"

"¿Qué se trata de ocultar, por qué este blindaje excepcional del rey y de la Familia Real?", ha preguntado el diputado de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, que ha defendido que el fuero debe estar aparejado al cargo y que la Monarquía y el Partido Popular lanza un mensaje de "desacato" a la Justicia.

"Es el mensaje de que a mí no me juzga un juez Castro, no me juzga un juez ordinario, me juzga un juez catedrático porque yo no soy el ciudadano Juan Carlos, sino el rey emérito y a la Familia Real solo se juzga ante el Tribunal Supremo y ante Dios", ha exclamado Llamazares, que ha criticado la "agosticidad y alevosía" con la que se tramita el cambio legal en un contexto "repugnante de olor al caso Nóos".

CiU, por boca de Jordi Jané, ha anunciado su abstención y ha advertido de que las Cortes Generales tienen la obligación de tramitar las iniciativas, sobre todo de un tema tan "sensible", con corrección y que sea entendido por la opinión pública. "Y los ciudadanos no entienden las prisas y la necesidad", ha remachado.

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha expresado sus reservas por la intención del PP de "blindar el pasado, el presente y el futuro" de don Juan Carlos y de miembros de la Familia Real. "Es un despropósito", ha indicado, para concluir que no existen precedentes en la Unión Europea.

En concreto, las enmiendas aprobadas por el PP establecen que pasarán a considerarse aforados el rey Juan Carlos y Sofía, la reina Letizia, Leonor y su futuro cónyuge.

Además, a través de una segunda enmienda se incluirá una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.