ECONOMÍA

Operación presunto: macrooperación contra las ventas en negro en el sector cárnico

19/02/2016 12:19 CET | Actualizado 19/02/2016 12:27 CET
EFE

La Agencia Tributaria ha iniciado una gran operación contra las ventas en negro que afecta a toda la cadena de producción y comercio mayorista del sector cárnico, según ha indicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en una nota de prensa.

La denominada operación 'Presunto' supone el inicio de actuaciones inspectoras mediante entrada y registro sobre un total de 73 sociedades en todas las comunidades autónomas de territorio común y también la apertura de inspecciones sobre 25 personas físicas vinculadas con estas empresas.

El dispositivo de entrada y registro ha requerido el despliegue de un total de 330 funcionarios de la Agencia Tributaria, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, con el apoyo de 45 efectivos policiales. Los registros comenzaron el martes y concluyeron el jueves, dando paso ahora a la fase de inspección posterior.

Las actuaciones han consistido en la personación de la Inspección en las sedes de los obligados tributarios con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información. El operativo, coordinado a nivel nacional, ha contado con la participación de todas las dependencias regionales de Inspección de la AEAT.

Inspección ha detectado que en unas 3.000 empresas las diferencias de precios no se reflejan en los beneficios reconocidos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades

PRECIOS QUE QUINTUPLICAN LOS DE ORIGEN

La operación 'Presunto' tiene su origen en la evaluación que hace la Agencia Tributaria sobre el comportamiento fiscal de los sectores económicos. En el caso concreto del sector cárnico, los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen, lo que implica beneficios muy relevantes para el negocio del sacrificio, despiece y procesamiento de la carne.

La obtención de tales beneficios por parte de los mayoristas, industriales y asentadores de carnes no constituye una actividad ilícita, pero Inspección ha detectado que en unas 3.000 empresas las diferencias de precios no se reflejan en los beneficios reconocidos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

A esta primera constatación se unieron posteriormente, en una fase previa de investigación, otras evidencias más concretas como ingresos de grandes sumas en efectivo en las cuentas corrientes de sociedades y de los propios empresarios, posesión de bienes en el extranjero y altos niveles de vida no justificados con los ingresos regulares de los socios, entre otras cosas.

La denominada operación 'Presunto' supone el inicio de actuaciones inspectoras mediante entrada y registro sobre un total de 73 sociedades en todas las comunidades autónomas

Además, algunas actuaciones inspectoras desarrolladas en diversos puntos del territorio nacional pusieron de manifiesto la existencia de ventas no declaradas, especialmente en el subsector del comercio cárnico al por mayor, donde se ha decidido concentrar el grueso de las entradas y registros de la operación 'Presunto'.

EL RIESGO FISCAL

A su vez, el hecho de que los destinatarios de estas ventas sean en ocasiones empresarios que tributan en el régimen simplificado de IVA y que realizan pagos en un buen número de casos en efectivo, incrementa de manera notable el riesgo fiscal, ante la posibilidad de ocultación de estas operaciones.

Con toda esta información y documentación y en el marco del Plan de Control Tributario, el Departamento de Inspección efectuó los pertinentes análisis y cruces de selección en relación con sociedades dedicadas a compraventa de ganado, sacrificio y despiece de ganado en general y comercio al por mayor de carnes, productos y derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y caza.

El estudio incluyó un análisis de las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades de los márgenes brutos sobre ventas, márgenes netos, movimientos en efectivo (principalmente imposiciones efectuadas en las cuentas bancarias titularidad de las sociedades) y otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios.

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