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Una juez admite "discriminación" de las guardias civiles por no tener chalecos femeninos

12/01/2017 09:14 CET | Actualizado 12/01/2017 09:15 CET
AUGC

El Juzgado Togado Militar Territorial número 42 ha decidido archivar el caso de Alicia Sánchez, la guardia civil que afrontaba la instrucción de un delito militar por insubordinación tras haber optado en un control policial por vestir su propio chaleco antibalas frente al oficial, que no se adaptaba a su anatomía y por lo tanto no la protegía.

Contra la absolución de Alicia Sánchez, que había sido defendida por la asesoría jurídica de Asociación Unificada de Guardias Civiles, cabe la interposición de recurso de apelación, según informaron fuentes de la AUGC.

Según la notificación del archivo del auto, el Juzgado recoge que "se pone de manifiesto la existencia de una problemática que afecta particularmente a los componentes femeninos de la Guardia Civil en relación a la poca disponibilidad de chalecos antibalas específicamente diseñados para las mujeres y los inconvenientes de utilizar los chalecos de dotación de los denominados estándar".

IMPEDIMENTOS PARA LAS MUJERES

A principios del pasado mes de agosto, en la prestación de un control policial y ante la carencia de chaleco antibalas femenino de dotación oficial, la agente, destinada en Salamanca y que en la actualidad se encuentra de baja psicológica, solicitó hacer uso del suyo propio que había adquirido por unos 500 euros y que llevaba usando sin más problemas desde hacía unos años.

Sin embargo, el oficial al mando denegó su uso, ordenando que usara uno masculino a sabiendas de que el mismo le impedía el acceso a su arma reglamentaria y a los grilletes debido a su excesivo tamaño.

A pesar de esto, la agente, ante el riesgo para su seguridad, optó por hacer uso del suyo particular, que era de su talla y le permitía acceder a los elementos de seguridad referidos.

DELITO DE INSUBORDINACIÓN

Su decisión tuvo como resultado la propuesta de instrucción de un delito militar de insubordinación, que ha sido ahora archivado y que AUGC considera que suponía una "absoluta sinrazón, una situación que se sobredimensionó y que, en cualquier caso, no debería haber salido del contexto de la gestión ordinaria de personal ni del Régimen Disciplinario interno de la Guardia Civil".

Se trata, en opinión de la AUGC, de una situación que revela la situación de "discriminación" de las mujeres en la Guardia Civil, a las que se les impone el uso de unos chalecos antibalas diseñados para hombres bajo la excusa de que se trata de prendas 'unisex'.

La juez también hace constar en su notificación que "a pesar de la existencia de una prohibición generalizada de la utilización de chalecos antibalas externos que no sean de dotación, son numerosos los miembros de la Guardia Civil que portan sus propios chalecos particulares".

DIFICULTADES PARA PRESTAR SERVICIO

En el texto también se señala directamente la "discriminación" que padecen las guardias civiles en cuanto a su acceso a chalecos femeninos: "A juicio de esta juez, es evidente que la razón de la actitud de la guardia Alicia no fue otra que poner de manifiesto la dificultad que le entraña la prestación del servicio haciendo uso del chaleco antibalas oficial, la discriminación en la adquisición de los equipos de trabajo para el desempeño de la actividad policial —inexistencia de chalecos antibalas específicos femeninos—y la incidencia negativa en su seguridad y salud con ocasión de los equipos de trabajo".

AUGC celebra el archivo de este caso y vuelve a reiterar, en este sentido, su petición de que la Comisión de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil corrija esta grave deficiencia que pone en peligro la seguridad de las trabajadoras de la institución.

"VÍA CRUCIS" NO ACABADO

Al mismo tiempo, lamenta el sufrimiento y calvario que ha pasado la agente, para la que este "vía crucis" aún no ha terminado, ya que la guardia civil todavía puede iniciar expediente disciplinario por estos mismos hechos, algo que espera no suceda a pesar de experiencias anteriores.

Al mismo tiempo, vuelve a reiterar su rechazo a la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, una aplicación que puede ocasionar el ingreso en prisión de los trabajadores del Cuerpo por una simple discusión en el trabajo o por la abusiva interpretación que cualquier mando haga de una situación laboral, "como ha sido el caso de esta compañera".

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