POLÍTICA

Unidos Podemos reclama que los fieles financien a la iglesia católica en cinco años

17/01/2017 11:28 CET | Actualizado 17/01/2017 11:42 CET
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En Comú Podem ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a elaborar un "calendario de adaptación" de cinco años para que la Iglesia Católica consiga su completa autofinanciación a través de las donaciones de los fieles.

En el texto, firmado por el diputado Josep Vendrell, el partido catalán sugiere que en ese periodo de cinco años se revisen los beneficios fiscales de los que goza para su desaparición y, en particular, en lo que respecta a las exenciones sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

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Del mismo modo, piden que se suprima progresivamente la asignación tributaria de la Iglesia Católica en el Impuesto de la Renta de las Personas Físcas (IRPF) en la senda de conseguir la solicitada autofinanciación. En este sentido, ha insistido en la necesidad de una mayor transparencia en cuanto a los gastos que la Iglesia, y otras confesiones, realizan con las subvenciones que reciben del Estado, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas.

En Comú Podem refuerza así la petición que, la semana pasada, realizaron en la Cámara Baja Unidos Podemos y PSOE para pedir un informe al Tribunal de Cuentas sobre la asignación del 0,7 por ciento del IRPF a la Iglesia Católica. En los textos registrados, ambas formaciones buscan que, a través de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, se encomiende al organismo a incluir a la Iglesia dentro de su Programa de Fiscalización para el año 2017.

ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE

Finalmente, la proposición del partido catalán pide denunciar los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, derivados del Concordato de 1953 en parte todavía vigente, para su revisión. "Porqué los tratados internacionales se deben ajustar a la Constitución Española de 1978", apunta el texto firmado por Vendrell.

La petición de En Comú Podem se basa en que la "situación privilegiada" de la Iglesia es "contraria al sentido de igualdad y de justicia distributiva" de muchos ciudadanos que no están comprometidos con esta confesión y de los que participan de otras creencias, así como la de aquéllos, creyentes o no creyentes, que defienden la independencia del Estado y la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los bienes públicos.

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