ECONOMÍA

Los otros estibadores

El modelo de la estiba mayoritario es el que defienden los trabajadores españoles. La Comisión busca liberalizarlo en toda Europa.

07/03/2017 19:02 CET | Actualizado 16/03/2017 20:16 CET
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Un estibador en el puerto de San Francisco (Estados Unidos).

¡Unidad, unidad, unidad! El español Jordi Aragunde es el coordinador de la International Dockworker Council (IDC), la organización que agrupa a todos los sindicatos de la estiba en el mundo. Y este es su lema: "¡Unidad, unidad, unidad!".

Hombro con hombro, estibadores de todo el mundo respaldan a los españoles ante la desregulación que pretende imponer el Gobierno para cumplir la sentencia de Luxemburgo. En 2014, el Tribunal de la Unión Europea urgió a España a iniciar la liberalización de la estiba, bajo multa de 23 millones de euros. Cada una de las partes se ha atrincherado en su posición: la patronal quiere una liberalización total, mientras que los trabajadores piden que se garantice el empleo ante lo que califican de un ERE masivo encubierto.

Entre medias, el Gobierno se coloca de perfil. El ministro Íñigo de la Serna está dispuesto a retrasar una semana el debate y la votación en el Congreso del Real Decreto Ley de Reforma de la Estiba. Pero la verdad es que el Partido Popular no cuenta con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario para aprobar la reforma, por lo que la demora viene medio obligada. O la retrasan hasta recabar apoyos o fracasan.

DESREGULAR ANTES DEL 24

Rota la mesa de diálogo social promovida en Bruselas la semana pasada, Jordi Aragunde explica a El Huffington Post los próximos pasos. Antes, hace un aparte para lamentar que Victoria Bult, la comisaria europea de Transporte, "haya dejado el asunto en manos de técnicos de menor rango, ya que la propuesta del Gobierno español supone el despido colectivo de los trabajadores".

La Comisión respalda el Real Decreto

Victoria Butl intervino este martes en la Comisión Mixta para la Unión Europea y Comisión de Fomento del Congreso. Y la Comisión, según aseguró Bult ante los presentes, "respalda plenamente" el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 24 de febrero. Con esta firmeza, la comisaria espera que el decreto se convalide en el Congreso antes del viernes 24 (el plazo máximo) y, si esto no ocurre, la titular de Transporte amenaza con "adoptar medidas ulteriores".

A PIÑÓN CON ESPAÑA

A piñón con los portuarios españoles, la International Dockworker Council (IDC) ha planteado movilizaciones y actuaciones en todo el mundo, lo que podría movilizar a más de 100.000 estibadores en puertos de los cinco continentes. De hecho, la huelga de estibadores del Puerto de Liverpool en 1996 contra el gobierno de Margaret Thatcher fue el conflicto definitivo para la creación de la IDC. "No hemos descartado proponer acciones para influir en el movimiento de los productos españoles, en caso de que no se llegue a un acuerdo", añade Jordi Aragunde. "La Comisión Europea no elabora la jurisprudencia de cada Estado miembro ni legisla, lo que es particular de cada país, España en este caso", también aclara.

El más grueso de los puntos en fricción entre las partes es el que atañe al Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España, "que garantiza el empleo permanente y regular de los trabajadores portuarios, mantiene registros para todas las categorías de trabajadores portuarios y establece que los trabajadores portuarios registrados deben tener prioridad para el trabajo portuario", explica Jordi Aragunde. En la mayoría de los países con tráfico marítimo, dice, este Convenio se respeta. En la mayoría de los europeos, también, existe un registro de trabajadores. Y es a través de este registro que los estibadores españoles pretenden hacer cumplir el Convenio de la OIT.

¿QUIÉNES SON ESOS OTROS ESTIBADORES?

Los trabajadores portuarios belgas, los holandeses y los alemanes, entre otros, siguen muy de cerca el conflicto con la estiba en España. Solo en Letonia, Estonia, Polonia y Reino Unido, la contratación está liberalizada. En el resto de países europeos, se regula a través de un pool (centro de empleo gestionado por los trabajadores). En la mayoría de los casos, los trabajadores portuarios tienen que estar registrados para poder optar prioritariamente a su puesto de trabajo. Los llamados registros, que defienden los sindicatos españoles. De los 22 países europeos con acceso al mar, justo la mitad (11) tiene derechos de privilegio o de carácter exclusivo para los trabajadores de los pool, como por ejemplo pasa en España con las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores (Sagep).

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Francia y Alemania son los únicos con tres niveles de convenio: nacional, portuario y entre las compañías estibadoras y los trabajadores. En España, sin embargo, solo hay acuerdos a nivel nacional y de puertos.

De los 22 países europeos con acceso al mar, justo la mitad (11) tienen derechos de privilegio para los trabajadores de los pool

Eric Van Hooydonk, autor de los últimos informes sobre el trabajo en los puertos de la Comisión Europea, tiene una valoración muy crítica de los sindicatos españoles. "La mejor fórmula aplicada con éxito en otros Estados miembros de la UE es tratar a los puertos como cualquier otro sector y aplicar las normas de la legislación laboral general que protege los intereses de los empleadores y de los trabajadores de manera equilibrada", explica en un correo electrónico este belga, que además de ofrecer clases en la Universidad de Gantes dirige el principal bufete del país especializado en regulación pública. "Pionero", además, "en el examen, redacción y negociación de leyes y reglamentos innovadores", según se lee en su web.

"Todas las reglas especiales sobre trabajo en la estiba deben desaparecer", zanja de una este profesor de Derecho Portuario. "Eso es esencialmente lo que está haciendo el Real Decreto", aclara. "Creo que es un decreto muy bueno que está perfectamente en línea con las reformas en otros Estados miembros de la UE y que traerá grandes beneficios, y abrirá el sector para los solicitantes de empleo externos", amplía el lobista.

Alemania: Los convenios colectivos nacionales se negocian entre la Asociación Central de Compañías Portuarias Alemanas y los sindicatos, y establecen tasas de remuneración, horarios de trabajo y diversas prestaciones sociales.

Bélgica: Aunque también tenía abierto un procedimiento en Bruselas, aprobó un Real Decreto similar al español que hubo de modificar para contentar a todas las partes. El sistema belga admite hoy que un pool regule el trabajo de los estibadores, el que reclaman los españoles. Los puertos belgas no sólo cuentan entre los más importantes de Europa, sino que también tienen una larga tradición de regulaciones laborales portuarias y arreglos que se remontan a la Edad Media. La esencia del actual régimen de trabajo portuario belga es que sólo los estibadores registrados pueden realizar trabajos portuarios.

Francia: Tras la reforma laboral portuaria de 1992, los trabajadores están sometidos en gran medida a la ley general de empleo. Sin embargo, hasta ahora continúan funcionando como una ley especial que prevalece sobre la ley general.

Portugal: Los estibadores del país paralizaron los puertos de Lisboa durante todo un mes en una situación gemela a la de los trabajadores en España hoy. El IDC intervino en las negociaciones, consiguiendo que las empresas portuarias desmantelaran los grupos alternativos de mano de obra en el puerto de Lisboa y recuperar condiciones laborales anteriores a la desregulación.

Suecia: También los trabajadores Gotemburgo llevan desde mediados de 2016 batallando para lograr un convenio colectivo separado.

Reino Unido: Con el mazo del Brexit dando, es probable que los estibadores en Reino Unido vuelvan a un modelo preferentista, con corte nacional, para la selección de los trabajadores de los puertos. El Gobierno de Margaret Thatcher abolió la National Dock Labour Board, el plan nacional de trabajo en los muelles, por considerarlo un "total anacronismo que obstaculiza el desarrollo de una industria portuaria moderna y eficiente".

EFE

La opinión del secretario de Empleo de Margaret Thatcher coincide hoy, 28 años después, con la del abogado y experto Eric Van Hooydonk, quien con todas las letras dice de España que tiene un sistema de trabajo portuario obsoleto, "que funciona como una corporación medieval", apunta. "Los sindicatos defienden su monopolio anacrónico y su posición de poder, no los intereses de los puertos o de la economía en su conjunto", carga con dureza este experto de Derecho Portuario y titular del principal despacho en regulación y negociación de leyes.

Estados Unidos: La huelga también es una constante en los míticos puertos estadounidenses. Cualquier cinéfilo avezado se imaginará sobre ellos al estibador Marlon Brando en la Ley del Silencio (Elia Kazan, 1954). De hecho, en diciembre de 2014 pararon durante 90 días con los consecuentes desabastecimientos en fechas navideñas. Después de seis meses más de negociaciones y la intervención del secretario de Empleo de Barack Obama, los trabajadores lograron volver a tener pluses de fin de semana y nocturnidad.

"Una vez que estás en el sistema, tienes un trabajo para toda la vida, los empleadores no pueden ejercer la autoridad normal de los empleadores y no pueden organizar el trabajo en su propia empresa y todo ello da lugar a costes excesivos y perjudica la competitividad de los puertos españoles y de la economía española en su conjunto que necesita estos puertos para el comercio internacional", se queja reincidente Eric Van Hooydonk.

"Si las líneas de contenedores transoceánicos abandonan el puerto español y transfieren sus negocios a puertos competidores más baratos en otros países como Portugal o Marruecos, esto causará daños adicionales porque los puertos españoles sólo se convertirán en puertos secundarios subordinados, dañando de nuevo el comercio y la industria", le da el experto lobista.

Así las cosas y con el Gobierno y la Comisión Europea empujando en la misma dirección, la última bala de los estibadores está en las enmiendas que se presenten al Real Decreto, una vez sea sometido a votación en el Congreso. Su único cartucho para introducir cambios en la ley.

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