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La Ley Madrileña de Universidad, una ley para 'intervenir' la universidad pública

21/03/2017 18:27 CET | Actualizado 27/03/2017 12:15 CEST
GTRESONLINE

Este artículo ha sido coescrito con la profesora Isabelle Marc.

Quizás la lucha ideológica y política más pronunciada en estos tiempos sea la que contrapone modelos de organización y gobierno basados en la participación, la transparencia y la democracia directa frente a modelos de arriba abajo. Como este último es el instituido en la Unión Europea, en el que las "órdenes" fluyen desde los poderes económicos a los políticos y de éstos a las diferentes administraciones regionales y locales, cercenando radicalmente la autonomía de estas últimas, convirtiéndolas en lo que solemos llamar "administraciones intervenidas".

La Ley Montoro, que impone restricciones abusivas a los municipios como Administración más cercana a la gente, es quizás el mejor ejemplo de esta correa de transmisión de arriba abajo. La propuesta de nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) sigue escrupulosamente este modelo. Así, trata por todos los medios de "intervenir" nuestras universidades públicas, al estilo de la intervención de la Ley Montoro en el caso de los municipios, es decir, coartando y condicionando su organización, por un lado, y su financiación, por otro, con el fin de intensificar en ellas los principios de la Universidad-empresa.

Para ello, la LEMES ataca, y probablemente conculca, el principio de autonomía universitaria, consagrado como derecho fundamental por la Constitución. Este principio –que la Constitución establece como reacción ante el dirigismo ideológico que el franquismo trataba de imponer en la Universidad– busca crear y preservar las condiciones necesarias para la producción y la difusión del conocimiento científico, sin que ningún poder externo, político o económico, pueda alterar dichas condiciones.

Es importante señalar que la búsqueda del conocimiento, para ser tal, debe ser radicalmente independiente de condicionantes inmediatos que limiten su "mirada larga", su compromiso con la persecución de la verdad, aunque ésta a veces no sea cómoda para la sociedad o dañe ciertos intereses económicos o políticos. Lo cual no quiere decir que el saber creado por las universidades no deba estar atento a lo que sucede en la sociedad, ni deba ser transmitido y beneficiar al conjunto de la misma. Del mismo modo, la autonomía universitaria no implica irresponsabilidad por parte de sus miembros, que han de responder de su labor y de sus acciones ante los órganos de autogobierno universitario y ante la sociedad y sus instituciones.

Sin embargo, como buena parte de los principios constitucionales, el de la autonomía universitaria solo se cumple a medias y, en general, cuando conviene a unos y otros. Así, desde los presupuestos, concedidos ad hoc por las comunidades autónomas hasta las diferentes leyes –orgánicas, autonómicas y decretos de diverso rango– que regulan una buena parte de la vida universitaria, incluidas las tasas de los estudiantes, las condiciones laborales de sus trabajadores, las convocatorias investigadoras, etc., las posibilidades reales de las universidades para generar el espacio ideal académico son en la práctica bastante limitadas.

El anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior es, entre otras muchas cosas, un ejemplo de dirigismo del poder ejecutivo sobre la universidad

En este contexto de mutilación de la autonomía universitaria, agravado por los recortes abruptos e injustificados durante cerca de una década junto a una durísima campaña de desprestigio a las universidades públicas, el gobierno de la Comunidad de Madrid pretende ahora añadir una nueva ofensiva: promover una ley cuyo propósito fundamental es el de condicionar los objetivos académicos y sociales de la institución universitaria, así como su funcionamiento interno, a intereses no estrictamente académicos, que serán diseñados e impuestos, en su mayor parte, por instancias políticas y empresariales.

El anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior es, entre otras muchas cosas, un ejemplo de dirigismo del poder ejecutivo sobre la universidad, que trata de imponer sobre ella un control político-económico parecido al que se hacía sobre las Cajas de Ahorro (modelo Bankia) y se sigue haciendo sobre el poder judicial y otros muchos ámbitos de nuestra vida social.

El texto, cuyo primer borrador ya suscitó polémica y rechazo generalizado en julio de 2016, con el pretexto de "modernizar" las universidades y la formación profesional y artística superior en la CAM, establece en realidad un sistema de intervencionismo por parte del Ejecutivo en el que la creación del conocimiento (investigación), su difusión (docencia) y su transferencia a la sociedad son sacrificadas en aras de la competitividad y una falsa acepción de la excelencia.

A nuestro entender, la siguiente frase de la "exposición de motivos" de la Ley es síntoma claro de la desconfianza de partida hacia la institución universitaria por parte del legislador y su intención tácita de "intervenirla":

...la actividad que desarrollan las universidades públicas y privadas es un servicio público [...] donde la intervención de los poderes públicos puede exigir una mayor intensidad que en otros ámbitos para salvaguardar los intereses protegidos... (p. 13)

No se nos dice, aunque podamos sospecharlo, cuáles son esos "intereses" a los que hay que proteger ni por qué la universidad es merecedora de mayor intervención de los poderes públicos (léase, del Gobierno) que otros ámbitos. Y, por supuesto, el medio fundamental para realizar esta intervención es el de condicionar la financiación de las universidades al cumplimiento del dictat político del gobierno autonómico.

De nuevo la "exposición de motivos" es meridianamente clara:

Pero también es cierto que corresponde a la Comunidad de Madrid definir la política educativa que considere más conveniente dentro de sus competencias. En este sentido, ha optado por un modelo propio de Espacio Madrileño de Educación Superior, que ha definido con claridad en esta ley. Y, en coherencia, la Comunidad de Madrid lo va a fomentar financieramente. (p. 12).

A todo ello, hay que añadirle la creación de corsés burocráticos y administrativos, en forma de sistemas de control varios, que ralentizarán aún más si cabe el funcionamiento y la reactividad del sistema universitario, impidiendo así una verdadera renovación académica, y la flexibilidad y la autonomía necesarias para el florecimiento de la labor científica y el pensamiento crítico en nuestras universidades.

Tiempo habrá, en sucesivos artículos, de examinar con detenimiento los diferentes medios de "intervención" que el gobierno de la Comunidad de Madrid pretende desplegar en esta Ley, llena de comités y comisiones nombradas directamente por el gobierno autonómico: el desarrollo de "sistemas de control y supervisión de la oferta docente en la Comunidad de Madrid" (p. 11); una concepción de la evaluación como control y castigo o premio, dependiente toda ella de agencias de "calidad" privadas o semi-privadas, por supuesto; la escisión entre investigación y docencia, en detrimento de esta segunda, que la Ley desprecia muy conscientemente; la concepción del estudiante como cliente; un sistema de acreditación del profesorado que sortea la LOU y permitirá la "desfuncionarización" de los docentes; el mayor control gubernamental de los miembros de los Consejos Sociales que a su vez ejercerán mayor control sobre la propia universidad; etc.

Y todo ello con el fin de "modernizar" la Universidad, es decir, para seguir impulsando que su funcionamiento y organización dejen de ser los de una institución pública y se conviertan en los de una pseudo-empresa, altamente burocratizada, eso sí, al servicio de sus "clientes" pero sobre todo de otras empresas más poderosas.

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