ECONOMÍA

El Constitucional anula la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro

PSOE, Podemos e Izquierda Unida piden la dimisión del ministro de Hacienda.

08/06/2017 17:20 CEST | Actualizado 08/06/2017 19:55 CEST
EFE
Cristóbal Montoro, durante la pasada aprobación del Dictamen de los Presupuestos Generales del Estado.

Por unanimidad, pero a medias tintas. El Tribunal Constitucional anuló este jueves la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 porque vulnera el principio de igualdad. Sin embargo y por cuestiones de seguridad jurídica, avala las regularizaciones de quienes se acogieron al indulto fiscal, según la sentencia hecha pública por el Tribunal de Garantías.

PSOE y Podemos piden la cabeza del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, artífice del indulto de 2012, porque entienden que debe asumir sus responsabilidades políticas, mientras que Ciudadanos se ha limitado a pedir la comparecencia urgente del ministro para que explique su "vergonzosa amnistía para premiar tramposos".

El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha calificado esa amnistía fiscal como "una de las páginas más negras" de la Hacienda pública española y una medida "vergonzosa" puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ante la sospecha de que Montoro no abandonará el cargo, el PSOE ya ha registrado una solicitud de comparecencia del titular de Hacienda en el Congreso para que rinda cuentas de las consecuencias de la sentencia del Constitucional, pero preguntado por si el PSOE promoverá la reprobación de Montoro en el caso de que se niegue a abandonar su cargo, el portavoz socialista no ha querido avanzar qué medidas adoptará el grupo socialista. Saura ha recordado que el recurso contra la amnistía fiscal fue presentado por 105 diputados del PSOE.

También el coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha exigido a Montoro la "asunción de inmediatas y ejemplares responsabilidades políticas", una vez que éste ha quedado, a su juicio, "completamente desautorizado" tras la decisión del Constitucional.

Por su parte, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha ironizado en Twitter con el siguiente mensaje: "El Constitucional recoge la alfombra roja que el PP puso a los defraudadores. Pero no hay motivos para la moción...". Un tono que también ha recogido en la misma red social Irene Montero, portavoz parlamentaria del grupo.

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Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos, ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Hacienda para que explique por qué se llevó a cabo la "vergonzosa" amnistía fiscal de 2012, que premió a "defraudadores y tramposos" como "los Pujol, los Granados o los Bárcenas", mientras "castigaba" a las clases medias. Roldán ha recordado que Ciudadanos ya incluyó en el pacto de investidura con el PP que se tenía que reclamar el dinero de la amnistía fiscal. Sobre sumarse a la petición de PSOE y Podemos, Roldán ha dicho que de momento quieren escuchar al ministro antes de "valorar" pedir su dimisión al Gobierno o cualquier otra medida.

El Constitucional anula la amnistía porque se utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos", se lee en la sentencia.

El Tribunal declara nula la la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten "de forma relevante o sustancial" a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del "deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" (artículo 31.1 de la Constitución), el deber de tributar.

En su recurso, el PSOE señalaba que la medida adoptada por el departamento de Cristóbal Montoro favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.

IMPUTADOS QUE REGULARIZARON

A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales por presuntos delitos de corrupción como son varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso Púnica-, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, recuerda que el Real Decreto-ley impugnado previó la posibilidad de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades que no declararon todas sus rentas presentaran una declaración para regularizar su situación tributaria. Las rentas así declaradas tributarían al 10%, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.

INSOLIDARIA PARA CON LOS CONTRIBUYENTES

La sentencia advierte de que la adopción de medidas que, "en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31.1 CE)".

De esta forma, se legitima "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".

El TC concluye que la medida impugnada ha tenido tres "importantes efectos": permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas "a un tipo reducido" (10%); eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de "la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria"; y, por último, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación "en renta declarada a todos los efectos".

La sentencia explica que la regularización se dirigió "a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos", que "constituyen los pilares estructurales del sistema tributario". Además, repercutió en "la determinación de la deuda tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos y sanciones)", permitiendo "la regularización a un tipo reducido con exclusión de toda responsabilidad accesoria".

Con ello, "el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización es (...) la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización".

Todo ello lleva al TC a afirmar que la previsión contenida en el Real Decreto-ley 12/2012 "ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas -aunque ocultadas a la Hacienda Pública- por un gravamen único del 10%, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales)".

Por tanto, la norma "ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución Española al haber "alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes". Y lo ha hecho en unos términos "prohibidos" por el artículo 86.1 de la Constitución.Luis Bárcenas fue uno de los primeros nombres que apareció ligado a la amnistía. El extesorero del PP dice haber regularizado 10,9 millones de euros procedentes de su empresa uruguaya Tesedul en la cuenta del Dresdner Bank, pero no hizo lo mismo con otros 25 millones que tenía en el Lombardier, por lo que Hacienda anuló la declaración tributaria por contener datos "inveraces".

LOS PRINCIPALES NOMBRES DE LA AMNISTÍA

También se benefició Rodrigo Rato con el fin de regularizar su patrimonio, lo que dio pie a una investigación por parte de Hacienda sobre la fortuna familiar que podría tener radicada en paraísos fiscales.

Francisco Granados mantenía una cuenta en Suiza en la que había 1,5 millones de euros depositados en cuentas en el extranjero que fueron aflorados a finales de 2012 y principios de 2013.

David Marjaliza abonó a Hacienda en febrero de 2014 -unos meses antes de su detención- tres millones de euros correspondientes a los 12 millones que había mantenido en cuentas fuera de España.

Josep y Oleger Pujol

En el clan Pujol, dos de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Josep -dos millones- y Oleguer -tres millones-, han declarado haber recurrido a la amnistía fiscal para regularizar parte de su fortuna en el extranjero.

Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y en prisión incondicional sin fianza desde el pasado 21 de abril, por el 'caso Lezo', regularizó en 2012 una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, hasta entonces ocultos en un banco suizo.

El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, imputado en el 'caso Gürtel', también se acogió a la amnistía fiscal en julio de 2012 con 450.000 euros de una cuenta en Suiza, abonando a Hacienda 4.722 euros.

Más imputados en Gürtel

Otro imputado en la trama de corrupción 'Gürtel', el expresidente de Hispánica Construcciones Alfonso García Pozuelo, regularizó el dinero que mantenía en una cuenta de la banca Merrill Lynch, en Estados Unidos. Afloró un total de 531.239 euros, de los que pagó 53.123 euros.

Más modesta fue la cantidad que regularizó Fernando Martín, expresidente de Martinsa Fadesa e imputado en esta misma trama de corrupción, quien afloró con la amnistía fiscal un total de 3.420 euros.

Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos y condenado a ocho años y medio de cárcel, regularizó 160.000 euros que tenía en una cuenta de Luxemburgo.

El exresponsable del SOMA-UGT y antiguo parlamentario socialista José Ángel Fernández Villa, investigado en varias operaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ocultó a Hacienda 1,4 millones de euros, cantidad que regularizó con la amnistía fiscal.

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